El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, niega tener sociedades o cuentas en el extranjero en su escrito de defensa ante el juicio contra él que se celebrará en la Audiencia de València a finales de 2023 o 2024. Según explica Daniel Campos, el abogado de Zaplana en su escrito, “nunca ha tenido sociedades fuera de España, ni ha sido socio, administrador, director, apoderado, autorizado o beneficiario de ninguna sociedad, fundación, estructura fiduciaria o cualquier otro tipo de ente jurídico extranjero”. Igualmente, “tampoco ha dispuesto de cuentas bancarias, depósitos o cajas de seguridad en entidades financieras ubicadas fuera de España, ni ha sido titular, apoderado, autorizado o beneficiario de tales productos”, señala el escrito de defensa, notificado ayer a las partes y adelantado por el periódico digital El Español.
Un argumento que le impide de facto realizar ningún tipo de reclamación sobre los 6.734.026,1 euros, procedentes de supuestas mordidas que el presunto testaferro uruguayo de Eduardo Zaplana entregó a los investigadores del caso Erial. Sólo cuando el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción confirmaron el ingreso de este dinero en la cuenta bancaria del juzgado decretaron la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat y sus testaferros, el 7 de marzo de 2019.
Sobre las cuentas controladas por su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, o las que controlaba su amigo de juventud, Joaquín Barceló “Pachano”, la defensa de Zaplana señala que “ni el origen de los fondos que nutrieron las cuentas extranjeras investigadas en la causa, ni el seguimiento de las salidas de fondos de las mismas, en ningún caso ha permitido relacionarlas con Eduardo Zaplana, que no aparece ni como ordenante, ni como beneficiario de ninguna de las transacciones investigadas”, defiende.
“Tampoco existe, a pesar de las profusas aunque infructuosas gestiones realizadas en la presente causa, ni una sola evidencia o indicio de que el patrimonio de mi representado, sus consumos o gastos hayan sido financiados ni en todo ni en parte, ni directa ni indirectamente, con los fondos depositados en dichas cuentas extranjeras”, aclara su letrado.
Zaplana dedica gran parte de su escrito de defensa a explicar el proceso de privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y la aprobación y adjudicación del Plan eólico de la Comunitat Valenciana. La investigación del caso Erial le acusa de haber cobrado mordidas de ambos trámites administrativos. Un hecho que el exministro y exjefe del Consell niega. “Nunca mi representado recibió ventaja patrimonial alguna derivada o en contraprestación a una decisión que no le correspondía y en la que no intervino“, justifica el escrito de defensa.
Aunque sí justifica el proceso de privatización de las ITV, que ahora se va a revertir, y la adjudicación del plan éólico. “Eduardo Zaplana Hernández-Soro, en su calidad de presidente de la Generalitat Valenciana, impulsó una serie de políticas públicas tendentes a la racionalización del sector público de la Comunidad Valenciana y al desarrollo de las energías renovables, todo ello dentro de la normativa vigente y conforme al programa político con el que se presentó a las elecciones de 1995. Dichas iniciativas se concretaron, entre otras muchas, en el desarrollo de un sistema concesional para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos y en la elaboración del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana“, señala el abogado al inicio de su escrito de defensa.
Por otra parte, el exministro de Trabajo también pide que se practique para el juicio oral una peculiar pericial. La defensa de Zaplana solicita al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que analice “los documentos originales incautados en el despacho” del anterior abogado de Marcos Benavent en busca de “restos lofoscópicos, biológicos o genéticos atribuibles o compatibles con Eduardo Zaplana Hernández-Soro” para intentar desacreditar el inicio de la causa.
De forma muy resumida, el caso Erial que investiga a Zaplana comenzó al incautar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una “hoja de ruta” del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico al registrar el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, en el marco del caso Taula. Un documento crucial que Benavent tenía en su poder porque se lo había entregado un ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó el expresidente Zaplana en la Plaza de la Legión Española de València.
El exministro pide citar como testigos a Villarejo, el yonqui del dinero, Diego Such y Fernando Castelló
El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, pide citar como testigos en el juicio del caso Erial al excomisario José Manuel Villarejo, al yonqui del dinero, Marcos Benavent, y a un ciudadano sirio para intentar desacreditar el inicio de la investigación contra él. Como se recordará, el caso Erial comenzó al incautar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una «hoja de ruta» del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico al registrar el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, en el marco del caso Taula. Un documento crucial que Benavent tenía en su poder porque se lo había entregado un ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó el expresidente Zaplana en la Plaza de la Legión Española de València.
Esta hoja de ruta permitió a la UCO de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción comenzar a tirar del hilo e iniciar en noviembre de 2015 las diligencias que acabaron con la detención en 2018 de Zaplana, sus dos presuntos testaferros y de tres miembros de la familia Cotino, además de salpicar a otro expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. Consciente de la importancia de este documento como el origen de todos sus problemas judiciales, la defensa de Zaplana ha intentado en dos ocasiones, sin éxito, atacar la validez de la hoja de ruta que el yonqui del dinero puso en bandeja a los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Una colaboración de la que Marcos Benavent se arrepintió a partir de 2021 por lo que desde entonces ha declarado, incluso sin que le preguntaran, que el registro del despacho de su anterior abogado fue “ilegal” para intentar invalidar la hoja de ruta que dio origen al caso Erial.
