Yolanda Díaz agita la reforma de la Constitución en plenas negociaciones para cambiar el artículo 49, por el que se sustituirá el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha adelantado este viernes que “desde Sumar tenemos que defender” una “gran reforma constitucional” para revertir la modificación del artículo 135 de la Constitución, que se pactó en 2011 por PP y PSOE, por el que se introducía la estabilidad financiera y se daba prioridad al pago de deuda en los Presupuestos Generales del Estado. Unas reglas de estabilidad que Bruselas suspendió a principios de la pandemia, que no se aplicarán al menos hasta 2024 y a la que Díaz quiere dar definitivamente carpetazo.
Es el gran precepto que causó tanto dolor y que no tiene sentido que sigamos manteniendo, porque lo prioritario no es el pago de la deuda”, defendió Díaz en un acto de Sumar en Palma. “Lo prioritario es salvar a la gente (…), que podamos vivir con dignidad”. “Ante el nuevo cambio de época, ese precepto tiene que ser expulsado de nuestro texto constitucional porque tiene que ver con la Europa del dolor, de la austeridad, que causó sufrimiento y que alejó a los ciudadanos”, ha pregonado, después de insistir en que la salida a la crisis económica generada por la pandemia ha sido “opuesta” a la elegida en la crisis financiera de 2008.
La vicepresidenta segunda del Gobierno se ha mostrado “contenta” por el principio de acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para hacer una reforma quirúrgica del artículo 49 de la Constitución. “Estoy muy contenta porque tiene que ver con el reconocimiento pleno de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país”, ha advertido, dando por buena esta reforma, y pese a que desde algunos sectores de la izquierda, entre los que se encuentra Podemos, se insiste en aprovechar esta reforma para introducir más cambios. Díaz da así carpetazo a estas pretensiones y da por bueno este mínimo cambio en el texto constitucional.
La reforma del 135, estandarte de Podemos
Aunque se muestra conforme con la actual reforma que está en marcha, Díaz ha adelantado que Sumar llevará en su programa la reversión del cambio que se hizo en el artículo 135.3 de la Constitución pactado por el bipartidismo. La dirigente recupera así el que fuera un pilar fundamental para el nacimiento de Podemos y una de sus principales consignas. Tanto es así, que Pablo Iglesias llegó a asegurar, tras su entrada en el Parlamento, que sería la garantía para que no se hiciera ninguna reforma constitucional sin que se pronunciasen los ciudadanos mediante un referéndum. En toda reforma constitucional, es obligada la celebración de una consulta si así lo pide el 10% de cualquiera de las cámaras, es decir, 35 diputados o 27 senadores. Aunque en 2011, cuando se cambió este apartado del texto, ninguno de los grupos pidió su celebración.
La fecha marcada en el calendario fue el 2 de septiembre de 2011, cuando el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma constitucional de calado, para introducir de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. Los ‘síes’ de PP y PSOE superaron con creces los 3/5 que requiere cualquier cambio constitucional, alcanzando los 323 votos, y sin que hubiera margen para el resto de diputados pudieran requerir el referéndum. La reforma salió adelante con el desplante del resto de grupos: CiU y PNV, presentes en el hemiciclo, no votaron, e IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai directamente se ausentaron durante la votación.
Los cinco votos en contra correspondieron a Coalición Canaria, UPyD y dos diputados socialistas: Antonio Gutiérrez, que ya había anunciado su voto negativo, y José Manuel Bar Cendón, por error. Otros tres parlamentarios del PSOE se ausentaron en señal de protesta: Manuel De la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio de Penagos. Pedro Sánchez era entonces diputado socialista y, como la mayoría de su grupo parlamentario, votó a favor.
