Un juicio por las presuntas coacciones a las que fue sometida una mujer en situación de vulnerabilidad por parte de una empresa de cobros de deudas ha destapado este miércoles las supuestas conductas abusivas, de presión y amenazantes utilizadas por algunas de estas compañías. Hasta tal punto, que una empleada de una de esas sociedades, acusada junto con dos de sus jefes, ha declarado que ella se limitó a seguir el guion que le proporcionaban sus superiores, que le llegaban a decir que podían actuar porque tenían el permiso del juzgado, como si fueran una “subcontrata”, cuando no era así. Los dos directivos imputados se han defendido aludiendo a un exceso por parte de la trabajadora, rechazando también que dieran instrucciones.
La fiscalía reclama dos años de prisión para dos directivos de la firma, DPS Consulting, y a una empleada suya por un delito de coacciones a Yolanda, una vecina de Cubelles (Garraf) a la que esa empresa presionó para que pagara una deuda con Endesa de 2.369 euros, a pesar de que se encuentra en situación de vulnerabilidad. La mujer solo percibía la renta garantizada y tenía a su cargo un hijo menor de edad. La acusación particular reclama penas mayores, de hasta cuatro años y nueve meses, al incluir otros delitos, como usurpación de funciones y tentativa de estafa. La Alianza contra la Pobreza Energética, que está ayudando a Yolanda, considera que la actuación de DPS, es un “nuevo caso de acoso” a familias vulnerables.
“Buenos días, le llamo de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado (…)Tengo dos órdenes judiciales para notificar, le informo, le explico el motivo, le daré un teléfono para que se lo dé al abogado, le adelanto que tiene un grave problema judicial”. El 3 de julio de 2020, Yolanda recibió esta llamada. Era la empleada de DPS Consulting. La mujer no entendía nada. “Miércoles 8 de julio intervenimos, bloqueamos todas las cuentas bancarias que usted tenga a su nombre y sus ingresos (…) Van a cortar y precintar contador” de la luz, continuó la trabajadora de la empresa de cobros. Yolanda preguntó: “¿De Endesa?”. La respuesta: “No, Endesa no, nosotros somos funcionarios del Estado”.
“Buenos días, le llamo de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado”
Simulando la llamada de un juzgado
La fiscala sostiene que se “simuló llamarla desde el servicio de notificaciones judiciales y embargos del juzgado” para conminarla a pagar y Yolanda se lo creyó, según su declaración en la vista. La deuda la arrastraba desde 2015. Las llamadas se iniciaron hacía meses y fueron “continuas” y, agregó la víctima, “amenazantes”.
La del 3 de julio de ese año fue, sin embargo, la más dura y contundente. “Se hicieron pasar por un agente judicial y me dijo que si no pagaba la deuda me quitarían el contador, me cortarían la luz y me embargarían”, ha recordado la mujer. “Me produjo mucha ansiedad y le dije que no tenía dinero para pagar esas facturas”, ha apuntado, para después admitir que Endesa nunca le había reclamado.
Los dos responsables de la empresa acusados han descargado la culpa en su empleada. Su administrador ha rechazado que exista un guion sobre el modo de actuar, aunque ha reconocido que Endesa no les comunicó que Yolanda era una mujer en situación de vulnerabilidad desde 2015. Si lo hubieran sabido, ha precisado, el procedimiento habría sido “más laxo”. Ha relatado que siguieron con la intención de cobrar la deuda porque comprobaron que la mujer “vivía en un chalet con piscina y en la casa estaba registrada una empresa del exmarido”. Este imputado ha calificado la llamada efectuada por su empleada a Yolanda como “incorrecta y fuera de lugar”, mientras que la otra directiva encausada la ha tachado de “vergüenza”.
Tres meses y otro teléfono
Cuando ha sido el turno a la empleada de la empresa, esta no se ha mordido la lengua y ha empezado a explicar las interioridades de la compañía y subrayar una y otra vez que sus superiores le entregaron un guion de actuación. Así, ha sostenido que había dos tipos de llamadas: las “netas” (limpias), en las que se usaba una terminología legal, y las especiales, como la de Yolanda. Ha desvelado que las limpias se graban y se entregan cuando hay reclamaciones de clientes y que las especiales, más contundentes y exigentes, no se registran. Además, a las personas que se encargaban de estas últimas les cambiaban el número de teléfono móvil cada tres meses. Las llamadas las hacían con el número oculto.
La empleada de la empresa de cobros denuncia pagos “en negro”
Los complementos por cumplir los objetivos, ha recalcado, se los pagaban en un sobre “en negro”. “He hecho mi trabajo con el guion que me facilitaron. Nos decían que el teléfono tenía que sacar humo de la cantidad de llamadas que debíamos hacer”, ha concluido.
Tras el incidente con Yolanda, ha detallado, le dieron 15 días de vacaciones. Tras un periodo de baja y por orden judicial, volvió a la empresa. “Estoy en tratamiento psicológico”, ha detallado.
En un comunicado Endesa asegura que con los clientes identificados y acreditados como vulnerables trabajan haciendo “una gestión especializada y diferenciada”. En estos casos, se informa igualmente de la deuda, si bien están exentos de la suspensión del suministro mientras dure esta situación.
