La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha elaborado, a petición del Consell, un informe que sirve como base jurídica para instar al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto en los mismos términos en los fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Dicho documento desmontaría, según Conselleria, los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, argumentos en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular.
Tras un análisis de los hechos, la Abogacía de la Generalitat concluye que en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos. Es más, indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación.
Y precisamente, esos son los principios en que se basa la disposición novena del proyecto de real decreto cuyo mantenimiento cuestiona ahora el Gobierno, ya que esa disposición establece que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026”. Lo que es lo mismo: no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que “lo que no se puede entender” es que después de un acuerdo este se rompa. Puig ha destacado que no están dispuestos en ningún caso a pasar por una situación de ruptura unilateral de un acuerdo, por lo que se acogen la informe realizado por la Abogacía en el que se refrenda “que no hay ningún motivo que haga razonable un cambio de posición respecto a aquello que se acordó legítimamente en el Consejo Nacional del Agua“.
Puig ha señalado que es sabido que desde la confrontación el agua no llega a Alicante y, por lo tanto, ha querido evidenciar que el diálogo es vital para lograr el éxito que supone que el trasvase Tajo-Segura continúe vigente. El presidente de la Generalitat ha pedido que, al mismo tiempo, se siga avanzando en mejorar los recursos disponibles para que la provincia pueda tener “agua para siempre”.Cambio del sentido del voto
Precisamente, los representantes del Gobierno valenciano que asistieron a la reunión del citado organismo, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, han elaborado un informe explicativo en el que advierten de que cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo si finalmente se llevase a cabo una modificación de lo pactado.
Señalan, en concreto, que su abstención sobre el plan de cuenca del Tajo estaba condicionada al cumplimiento expreso de la disposición sobre los ya aludidos criterios para determinar los caudales ecológicos, pero indican que si ahora se suprimiese esa disposición los votos el Consell pasarían a ser negativos, tanto en el caso del plan de Tajo como en el del real decreto.
Así las cosas, el Consell reitera de manera rotunda su petición al Gobierno de España para que se cumpla lo aprobado en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, porque ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que para la Generalitat es una cuestión prioritaria e irrenunciable.
