El que fuera director general de coordinación sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur, ha apuntado este jueves a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, como conocedor y responsable de la remisión a los hospitales madrileños de los denominados ‘protocolos de la verguenza’ que impidieron la derivación de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid.
Así lo ha explicado a las puertas de los juzgados Carlos Vila, abogado de la acusación que ejerce Marea de Residencias en la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el caso de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica madrileña. Marea de residencias busca condenas por homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación.
“Le he preguntado si Ruiz Escudero lo sabía, y Mur ha dicho que claro que lo sabía y que él es quien da la instrucción de mandarlos a los hospitales, los manda la Consejería de Sanidad bajo las ordenes de consejero”, ha señalado el abogado a preguntas de los medios de comunicación. Con respecto a la Comisión de Gobierno -es decir, sobre el conocimiento de la presidenta Díaz Ayuso- Mur ha señalado ante el juez Arturo Zamarriego que cree que este órgano no celebró ninguna reunión sobre este tema, según las mismas fuentes.
A lo largo de su declaración, Mur habría insistido en que los protocolos deben ser tomados como “documentos clínicos, de aplicación a criterio del médico” y en ningún caso como una orden administrativa, que debería ir firmada por el Consejero. En este punto el abogado ha comentado que, en todo caso, el juez no tiene duda de que los protocolos eran de obligado cumplimiento.
“Abandonadas a su suerte”
Mur ha declarado como testigo este jueves, en una jornada en la que ha compartido espacio en los juzgados con el que fuera exconsejero de Políticas Sociales, de Ciudadanos, Alberto Reyero. A su llegada al órgano judicial, donde ha comparecido también como testigo, se ha mostrado contundente con su visión de lo ocurrido: “Las personas quedaron abandonadas a su suerte”. El expolítico de Ciudadanos dimitió el 2 de octubre de 2020 y envió una carta a la presidenta regional en la que le recomendaba buscar “unidad entre las instituciones para vencer al virus”. Tras su dimisión, denunció la situación de las residencias y calificó los protocolos de la Consejería de Sanidad de “poco éticos y posiblemente ilegales”.
A juicio del abogado de la acusación, sin embargo, la declaración más interesante ha sido la de Mur, que fue quien firmó los protocolos tras una reunión celebrada con médicos geriatras y personal de la Consejería de Reyero y en la que estuvo también presente el que fuera asesor sanitario de la presidenta Ayuso y ex director de Hospitales en la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño.
Mur ha explicado, según ha relatado el mismo abogado, que los protocolos se decieron en una reunión a mediados de marzo de 2020 porque la situación “era muy grave” y deben “hacer algo”, y que él los firmó aún estando en desacuerdo con las escalas de movilidad y de problemas psíquicos que se tenían en cuenta para discriminar a los pacientes.
“Ha dicho que él los firmó, aunque no estaba de acuerdo con parte de su contenido, y que lo hizo porque quería apoyar a los médicos geriatras de los hospitales que estaban desesperados y precisaban de un apoyo de la Administración para que no tuvieran que tomar una decisión personal en cosas de éstas”.
Tras escuchar a estos testigos, el juez tiene previsto solicitar informes forenses que le permitirán seguir con la instrucción del caso y que irán dirigidos, según apunta el letrado , a conocer si hubo tratamiento adecuado, o si la no derivación a los hospitales de las personas procedentes de residencias de ancianos tuvo que ver con los fallecimientos o no.
Por lo que respecta a Reyero, a su llegada a los juzgados ha subrayado que en función de los protocolos “se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad”. “Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas”, ha recalcado el exconsejero.
En este sentido, ha incidido en que, además, “no hubo alternativas” a esos ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus “no se atendió a personas de residencias” y tampoco “se medicalizaron” estos centros. “Realmente las personas quedaron abandonadas a su suerte”, ha insistido.
Preguntado por la responsabilidad de lo sucedido, el exconsejero ha precisado que eso no le corresponde a él sino al juez, aunque sí ha reconocido que “se pueden sacar conclusiones” de todo lo que ha ido diciendo tanto en pronunciamientos públicos como en su libro Murieron de forma indigna. “Yo creo que ya he dicho bastante”, ha sentenciado.
