La lista de casi 2000 “precios justos” que el Gobierno publica en este momento en la página argentina.gob.ar es, antes que nada, una expresión de buena voluntad. “Veo que tenemos ahí un producto, pero todavía no firmamos”, aclaró a La Nación el director de una alimentaria. Hechos no, anhelos: hasta ayer, el Gobierno tenía cerrado el acuerdo con las cadenas de supermercados y con no más de diez fabricantes, uno de los cuales lo hizo bajo determinadas condiciones que deben cumplirse. Falta lo obvio, la contraparte: los dólares que Sergio Massa promete a cambio de que los empresarios entren en el plan. Pero no hay nada escrito. Dependen, por lo tanto, de la palabra del ministro de Economía.
El programa, la gran apuesta del Poder Ejecutivo para que la inflación baje en abril al 3% mensual, debía arrancar oficialmente anteayer. Consiste en que los involucrados congelen una determinada cantidad de productos y no suban más del 4% el resto hasta marzo. No es que haya mala predisposición. Pero faltan las divisas para importar y ahí empiezan las dudas. El Gobierno ha decidido darles prioridad a aquellos pedidos que vienen desde mayo o junio, cuando les exigió a las empresas un plazo de 180 días para acceder al mercado único de cambios, y postergar los nuevos requerimientos. ¿Qué pasará entonces si, por ejemplo, en febrero, siguen estas condiciones? ¿Habrá que cumplir con el tope de 4%? “Qué me está diciendo: para mí, decirme febrero es decir Noruega 2045. Estamos lejísimos”, contestaron a La Nación en una multinacional.
La propuesta vino con sorpresas. Algunas compañías la habían aceptado con gusto y, al leer el acuerdo que la Secretaría de Comercio les presentaba, retrocedieron. ¿Quién incluyó a los mayoristas? ¿No hay cláusula de rescisión por incumplimiento?, empezaron a preguntarse. Difícil convencer al accionista. Y así la mayoría.
Pero Massa está urgido. Anteayer, en una reunión con ejecutivos de supermercados y alimentarias en el Palacio de Hacienda, no sólo les pidió adhesión sino también que apuraran “la señalética” y le dieran “visibilidad” al programa en góndolas y vidrieras. Les contó además que el Estado invertiría en diciembre 50 millones de pesos en publicidad. ¿Y los dólares? Hará lo posible. Pidió que cada compañía le presentara su “ecosistema” de proveedores, plazos, montos y necesidades para administrar la escasez. Y adelantó que se reuniría la semana próxima con quienes elaboran insumos. Cartón, aluminio, plástico.
El Gobierno lanzó Precios Justos sin tenerlo cerrado. Tal vez porque pensaba que a estas alturas estarían mejor las reservas del Banco Central. Pero, con la sequía y la menor liquidación del agro del último mes, tuvo que adelantar el dólar soja II, una idea que pensaba para principios del año próximo, antes de la cosecha gruesa. Massa intenta mostrar seguridad a sus interlocutores. De ahí la promesa del 3% de inflación para abril. Pero, como en la guerra contra la inflación que Alberto Fernández declaró en marzo, esos pronósticos se volverán en contra si no se cumplen. Anteayer, ante los ejecutivos de supermercados y alimentarias, probablemente sin buscarlo, el ministro completó la alegoría presidencial: dijo que se había “tirado encima de la granada” para evitar que explotara y que ahora venía otra etapa, la de estacionar el auto para quien tuviera que asumir el próximo gobierno.
Los empresarios son más literales. Algunos ya le tienen menos paciencia que en agosto, cuando celebraron su asunción. El martes, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina levantó el tono por primera vez desde entonces. Al cabo de un encuentro con referentes de las federaciones del interior, la entidad concluyó que el cepo importador era una endemia que castiga a todos, hayan o no firmado Precios Justos. Plantearlo en público no parecía sencillo, porque todavía sienten que Massa los entiende. “No es que yo sea optimista: es que no me queda otra: te llama él en persona”, se sinceró ante este diario el dueño de un grupo nacional. Walter Andreozzi, de la Unión Industrial de Santa Fe, que participaba por Zoom, planteó entonces la importancia de mantener el diálogo con el Gobierno, principalmente con José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria, en lugar de reclamar en voz alta. Pero no convenció a todos, y menos a quienes recordaron una promesa incumplida: en la última conferencia fabril, Massa no sólo les había garantizado dólares, sino además anticipado la conformación de una mesa para determinar las autorizaciones que, dijo, integraría Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA. “Y a Coatz nunca lo llamaron”, protestaron los críticos.
Hubo diagnósticos más severos. El textil Luis Tendlarz se quejó de que ese sector no tuviera a veces acceso a materias primas. Y Marcelo Uribarri, de la Unión Industrial de Córdoba, volvió a proponer recurrir al artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que les permite a las empresas suspender personal pagando una suma no remunerativa. Porque, dijo, todo indica que empezarán a parar la actividad. El comunicado que emitieron al terminar la reunión fue entonces más alarmista que el de otros martes.
No es que Massa no los entienda. Anteayer, por ejemplo, autorizó a automotrices y autopartistas dólares a 30 días para importar piezas para producir. Pero fueron pocos casos. Además de depender de la disponibilidad del Banco Central y la coordinación de cada funcionario y área, el ministro está tironeado: sus pocas herramientas, como el dólar soja, estarán siempre sujetas a la conformidad de Cristina Kirchner.
Eso es así desde el primer día. El modo en que el líder del Frente Renovador llegó al cargo determina la dirección de sus pasos: juró el 3 de agosto en reemplazo a Silvina Batakis, pero había estado cerca de asumir en la misma función un mes antes, no bien renunció Guzmán. La diferencia entre un episodio y el otro reside sólo en el respaldo de Cristina Kirchner: mientras en julio Massa pensó que bastaba con el aval de Máximo Kirchner y Alberto Fernández, en agosto terminó de entender que todo dependía de quien lo había vetado la primera vez, la “jefa”.
Fue entonces cuando decidió ir a verla personalmente, con la idea de que lo mejor era asumir en la Jefatura de Gabinete y, de ahí, controlar toda la economía. Pero ella lo convenció de encabezar el Palacio de Hacienda y Massa aceptó. El encargado de avisarle al Presidente de ese repentino cambio de planes fue Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete.
Obtenido el aval, las nuevas condiciones lo obligaban además a someterse a una última prueba de lealtad: acordar el programa con Kicillof. Y así lo hizo. Todo un desafío, porque el gobernador no tiene la misma cosmovisión. Del consenso con ese silencioso auditor depende todavía el rumbo económico de la Argentina. Es la razón por la que, a veces, ciertas medidas tienen un carácter híbrido. Precios Justos, por ejemplo, que no acabó siendo un congelamiento general de todos los productos, como pretendía el kirchnerismo. Todo a mitad de camino. Ayer, Massa volvió a cumplir con el protocolo de lealtad y presentó Precios Justos en La Plata y con el gobernador. “Pretendemos que cualquier vecino tenga la tranquilidad de saber que la lavandina o las galletitas tienen el mismo precio”, planteó ahí.
Es inevitable que dude y sobreactúe. De esa convivencia dependen su programa y la unidad del Frente de Todos. Cada tanto, como siempre desde 2019, alguien incomoda. Anteayer fue Pablo Moyano: como Máximo hace dos meses, el camionero cuestionó el dólar soja y pidió un bono para los trabajadores. Por eso el futuro y los tiempos de Massa son inciertos. Habrá un momento en que Cristina Kirchner evaluará la gestión, las posibilidades electorales y todo podría cambiar. Ahí tampoco hay nada firmado.
