Pese a que el fin de año los encontró al filo de un plan de lucha y en tensión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y aunque habían advertido que se rompía “la paz” con el Gobierno cuando negociaban el bono de Navidad, los movimientos sociales aliados al Frente de Todos hoy bajaron la tensión. El anuncio de la ministra de Desarrollo Social de que suspenderá a 155.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo tras una auditoría digital no generó una reacción en el grueso de los grupos piqueteros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que están integrados al oficialismo con cargos en la administración nacional. Un contraste con los grupos de izquierda (los de Unidad Piquetera), que dijeron que saldrán a las calles a protestar.
Ni siquiera Juan Grabois, el cuadro más combativo de la UTEP, alzó la voz por este tema. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) dijo que la medida servirá para “definir quiénes son estafados por aquellos que retienen sus planes” y que “es importante que el reempadronamiento -del Potenciar Trabajo- no deje afuera injustamente a nadie, pero que el Estado sea implacable” con las irregularidades. Tampoco salieron a cuestionar la medida desde la conducción del Movimiento Evita o de Somos-Barrios de Pie, las organizaciones más gravitantes de UTEP. Tolosa Paz sabía, cuando anunció las bajas en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que no encontraría ruido en esos grupos.
La ministra anunció ayer la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo, debido a que esas personas no cumplieron con el reempadronamiento virtual en el programa. El 89% beneficiarios (1.210.571 personas) sí revalidaron sus datos y conservarán la ayuda estatal. A quienes queden suspendidos se les va a liquidar a partir del 5 de febrero la mitad del plan y quedará sujeto a una instancia de reclamo para poder regularizar su situación.
“Todas las organizaciones de la UTEP hicieron la validación de datos y nunca estuvieron en desacuerdo con las medidas de transparencia, ni con las auditorías. El enfrentamiento de fin de año era otra cosa”, señaló el referente de una de las organizaciones sociales. Se refirió así a las amenazas de ruptura con el Gobierno que sobrevolaron entre las organizaciones piqueteras cuando Tolosa Paz demoró dos días en desembolsar el Potencias Trabajo de diciembre y los chispazos que se evidenciaron cuando la ministra quiso endurecer los requisitos que deben cumplir los titulares de los planes sociales.
Luciano Álvarez; Ángel “Lito” Borello; Esteban Castro; Mariana Joski, y Milca Sosa, dirigentes de la UTEP, en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina
Pero en lo referido a la auditoría de los planes sociales que se culminó ayer, no hubo mayor resistencia de buena parte de los referentes sociales de UTEP. La validación de datos comenzó el 22 de noviembre y se extendió inicialmente hasta el 6 de enero, plazo que luego fue extendido hasta el 15, justamente a pedido de los grupos piqueteros. ”Hay que destacar que casi el 90% de los beneficiarios validaron sus datos y demostraron que están asociados a una unidad de gestión productiva, es decir, que trabajan como contraprestación al ingreso que reciben por el Potenciar Trabajo. También hay que ver si hay más personas que se regularizan en las instancias que quedan para hacerlo. El programa social acarrea derechos y obligaciones y está bien que se audite”, dijo a LA NACION Daniel Menéndez, referente de Somos-Barrios de Pie.
Por su parte, el secretario de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita señaló hoy en FutuRock: “Ahora se abre un período en el cual los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%”. Agregó que los beneficiarios podrán validar su identidad presentándose en las unidades productivas para hacerlo personalmente. “Tiene dos instancias más para hacerlo”, aseguró el líder piquetero. Ayer Tolosa Paz se ocupó de mencionar a Pérsico y decir que será el funcionario a cargo de la nueva instancia de validación de datos.
Cerca del funcionario destacaron a LA NACION que una auditoría similar se hizo en 2021 y que hubo “mucho trabajo de información” para lograr que las personas vinculadas a las unidades productivas -que hacen de enlace entre los titulares de planes y los entes no gubernamentales- se inscriban.
“La auditoría fue hablada con Grabois y con Pérsico”, aseguró un importante funcionario de la Casa Rosada. En los últimos días del año, Tolosa Paz y los movimientos sociales de la UTEP suscribieron un acuerdo de seis puntos, que contemplaba acuerdos con cooperativas, construcción de módulos húmedos en barrios populares y la discusión de una nueva reglamentación del Potenciar Trabajo.
Matices e hipótesis
Pérsico, no obstante, advirtió que hay un proceso de “estigmatización” a los movimientos sociales. “Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización”, dijo el funcionario. Es un mensaje que repiten varios de los líderes piqueteros, que todavía recuerdan la controversia que se abrió desde el propio Gobierno cuando se filtró un informe de la AFIP que advertía que había beneficiarios de planes que habían comprado dólares.
Hoy, por caso, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se refirió a los planes sociales y lanzó: “Hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar”. Estaba en un acto oficial, al lado de Alberto Fernández.
Si bien las caras visibles de los movimientos sociales de la UTEP no salieron a cruzar a Tolosa Paz por la suspensión de planes -y tampoco anunciaron una protesta- hay segundas y terceras líneas de los movimientos, más cercanas a los referentes barriales, que puertas adentro manifestaron su enojo en las últimas horas. “Hay gente que no pudo validar sus datos de forma biométrica porque vive en la indigencia y no tiene los recursos y el conocimiento, o tiene problemas de documentación. No estamos en Suecia, hay lugares en los que ni siquiera se pudo hacer bien el censo”, dijo un colaborador de uno de los movimientos de la UTEP.
Esbozó, así, una de las hipótesis que explicarían por qué hay más de 150.000 personas que no hicieron el reempadronamiento. Otras fuentes de la UTEP aventuraron que “puede tratarse de personas que hace tiempo que no están vinculadas a una unidad de gestión productiva (para cumplir con la contraprestación laboral) y no quieren ordenarse al programa”.
Ayer Tolosa Paz, consultada en la conferencia de prensa, dijo que “no hay respuesta porque estamos en el cierre de la validación y no podemos suponer qué pasa. Vamos a saber a través de la ventanilla de reclamos”. Tal como publicó LA NACION, en el Ministerio de Desarrollo Social estiman que el número de personas que podrían reclamar y terminar revalidando su identidad rondaría los 30.000 beneficiarios y consideran que el resto terminará cayendo. La sospecha en el Gobierno es que las personas que no revalidaron es porque no saben que están percibiendo el beneficio, por lo que algún intermediario estaría cobrando el plan en su lugar.
