El juez de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo ha enviado a juicio a los 17 miembros de una trama de abogados y notarios, entre otras profesiones, acusados de estafar a 128 personas, entre ellas ancianos y ciudadanos con problemas económicos, para apoderarse de sus viviendas. Es la llamada Operación Cocoon, uno de los mayores fraudes inmobiliarios cometidos en España. Uno de los principales imputados es el abogado y exmodelo Francisco Cómitre San Martín, para quien la fiscalía solicita 20 años y nueve meses de prisión. En la actualidad, este letrado está siendo juzgado en la Audiencia de Barcelona por otro asunto: su supuesta implicación en una red de tráfico de droga y blanqueo de capitales en Badalona, por el que se le reclaman 16 años de prisión.
El auto del juez que investiga la superestafa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, acuerda la apertura del juicio por diversos delitos continuados: estafa agravada, blanqueo de capitales, organización criminal y deslealtad profesional. El magistrado detalla los motivos por el que se califica la estafa como agravada y, en concreto, precisa la entidad del perjuicio ocasionado, la situación económica en que se dejó a las víctimas o a sus familias, el valor de la defraudación y que la acción se cometió con “aprovechamiento de la credibilidad profesional”.
El togado establece, además, que los imputados deben prestar una fianza civil solidaria por importe de 15 millones de euros, que es el cálculo de las eventuales indemnizaciones en el supuesto de que haya condena (el juicio todavía no está señalado en la Audiencia de Barcelona). Si no se deposita esa cantidad, el juez recuerda que se procederá al embargo de bienes. En una posterior resolución, el magistrado declaró también la apertura del juicio contra tres aseguradoras como responsables civiles directas (pagarían las indemnizaciones si el tribunal lo decide).
A parte de Cómitre, como líderes de esta red de presuntos estafadores aparecen el notario Enrique Peña y Artur Segarra, quien, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Por este crimen, cumple condena en Bangkok.La trama actuó entre 2009 y 2015. Captaba clientes que no tenían conocimientos financieros y que pasaban por dificultades económicas, a los que presuntamente se les ocultaba que en realidad no iban a contratar una pensión vitalicia o un préstamo personal, sino que firmarían sería la compraventa de su inmueble o vivienda.
Aquí van algunos casos.
En abril de 2014, M. tenía 84 años y vivía con su marido, J., en su piso de Vilanova i la Geltrú. Pasaban por una delicada situación económica cuando vieron un anuncio en el que una sociedad supuestamente instrumental ofrecía productos financieros para poder obtener liquidez. El matrimonio decidió ponerse en contacto con esa empresa regida por Cómitre y Segarra.
Apropiación de la propiedad
Después de un periodo de negociación, el producto financiero que los acusados ofrecieron consistía en pagar una renta vitalicia de 2.000 euros mensuales a favor de la mujer y, como contrapartida, esta debía vender la vivienda a esa empresa, aunque podía continuar residiendo en ella. Sin embargo, según la acusación, la “finalidad fraudulenta” de los imputados era apropiarse de la “plena” propiedad de la vivienda, sin abonar contraprestación económica alguna o una cantidad “muy inferior” al valor de mercado.
Para ello, se exigió a la mujer que realizara el mismo día dos escrituras en el despacho Enrique Peña, a sabiendas de que este no cumpliría, precisa la fiscalía, “con sus deberes inherentes a su posición de notario”, como instar la nulidad cuando se advierte de que el negocio “tiene carácter delictivo”. La sociedad instrumental solo ratificó una de esas escrituras, en la que la mujer vendía a precio aplazado su vivienda, pero no la otra, por lo que la afectada se quedó sin garantía en su favor en caso de impago y ni para recuperar la vivienda.
Después de esta maniobra, dicha empresa aparentó la venta de la residencia a otro acusado. Posteriormente, se requirió a la mujer para que abandonase su casa en Vilanova, interponiendo, incluso, una demanda de desahucio. La sociedad, al final, solo abonó 4.000 euros a la víctima y esta perdió su vivienda. Esta maniobra fue utilizada por la trama varias veces, pero, en algunas ocasiones casos, los imputados variaban su forma de actuar.
Simulaciones y préstamos
En el caso de otra víctima, que no quería vender su casa en Barcelona, ni ofrecerla en garantía de una operación financiera, se usó la misma empresa instrumental, así como a uno de los acusados y supuesto hombre de paja, para simular la compraventa de la finca. Pero, en esta ocasión, los imputados no se salieron con la suya. La mujer se percató de que era una estafa cuando la trama le intentó convencer de que firmara la ratificación de un mandato verbal que nunca existió.
En otros supuestos, a las víctimas se les prometía un préstamo personal con garantía de sus casas, pero lo que estaba firmando era la venta por un precio menor al del mercado el inmueble a una sociedad que, a su vez, se lo traspasó a otra, sin que se abonara cantidad alguna ni se pagara créditos hipotecaros que gravaban el inmueble.
