El debate político y ético sobre la prostitución es complejo, ni siquiera el feminismo tiene respuestas unitarias. La sociedad española también está dividida, como constata el CIS: un 32% de la ciudadanía está a favor de castigar a los puteros, otro 32% cree que pagar por sexo es inaceptable pero no debería ser reprochable legalmente, y un 28 % opina que es aceptable intercambiar dinero por el acceso al cuerpo de una mujer.
En plena polémica por las consecuencias penales de la ley del sólo sí es sí, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha preguntado a españolas y españoles por cuestiones relacionadas con la violencia sexual contra las mujeres y en esa encuesta también ha recabado la opinión de la ciudadanía sobre la prostitución.
El mapa que dibujan las respuestas es el de una gran división, y en la misma semana que se publicaban estos resultados, el Parlamento volvía a abordar, de nuevo fragmentado, este asunto. El Congreso de los Diputados rechazaba el miércoles la creación de una subcomisión sobre la situación de la prostitución en el Estado español, como pedía el PNV.
Los nacionalistas vascos pretendían realizar un estudio de esta realidad en España “desde todas sus vertientes” y con datos verificables para trazar “un diagnóstico veraz que permita legislar con objetividad“. Y hacerlo antes de decidir si introducir cambios en el Código Penal para combatir todo tipo de proxenetismo y castigar a los puteros, como pide el PSOE en una proposición de ley.
Secundaron la propuesta Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Cs y la CUP, pero la iniciativa cayó en agua de borrajas ante la negativa de los socialistas, los populares y Vox.
“Una cuestión que genera tan amplio debate social y que se encuentra jurídicamente indefinida no puede ser respondida desde el legislativo con una respuesta exclusivamente punitiva y con base a criterios solamente ideológicos y para nada objetivos. Escuchemos y luego legislemos”, solicitaba sin éxito, en la Comisión de Igualdad, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea.
El PNV es consciente de que este debate está “polarizado” y estaba convencido de que la subcomisión serviría tanto para quienes defienden la regulación del trabajo sexual (la CUP, Junts y Cs), como para los partidos abolicionistas (PP y PSOE) que consideran que la prostitución siempre equivale a explotación sexual.
Pero no pudo ser y las posturas parecen inamovibles. O, mejor dicho, siguen siendo inamovibles. Se constató la existencia de posicionamientos enfrentados en la tramitación parlamentaria de la ley del sólo sí es sí, que llegó a estar en peligro ante la determinación socialista de reforzar el castigo del proxenetismo y la tercería locativa en el Código Penal, en contra del criterio de su socio Unidas Podemos.
Y volverá a comprobarse cuando haya que negociar la proposición de ley del PSOE para combatir el proxenetismo (un spin off del desencuentro de aquella tramitación del sólo sí es sí), que dormita en un cajón del Congreso de los Diputados a la espera de que pase la crisis de la reforma de la ley del sólo sí es sí.
El debate sobre la creación de una subcomisión para conocer la situación de la prostitución ya ha dado pistas de que la discusión política no va a ser un camino de rosas.
Desde el PP, la diputada Marta González acusaba al PNV de querer impulsar la subcomisión con el objetivo de dilatar la tramitación de la proposición de ley del proxenetismo “sine die”: “Que una persona se lucre de la prostitución ajena no le parece al PNV algo reprobable”, denunciaba.
En sintonía, el PSOE defendía que ser feminista implica cuestionar la prostitución: “Somos abolicionistas y llegamos a este debate con las cosas muy claras. La prostitución no es un trabajo porque no hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres”, aseguraba la diputada socialista María Guijarro.
“Inscribir los cuerpos de las mujeres en el mercado implica deshumanización, implica atentar contra los derechos humanos de las mujeres”, añadía.
Al igual que sucede en la sociedad española, en el Parlamento existe una gran fragmentación cuando se discute cómo legislar sobre la prostitución.
Fuentes socialistas precisan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que quieren que la ponencia que debe elaborar la ley contra el proxenetismo se reactive pronto. El plazo de enmiendas terminó en octubre, pero el trámite continúa parado.
Es de prever que a medida que se acerquen las elecciones, esta cuestión vuelva a ponerse encima de la mesa, puesto que es uno de los elementos diferenciadores de PSOE y Unidas Podemos en materia de feminismo. Antes, hay que solucionar el desencuentro en torno a la ley del sólo sí es sí.
Quién sabe, quizá en estas dos cuestiones los socialistas se encuentren a sus adversarios del PP como compañeros de viaje, pues los populares ven con buenos ojos tanto endurecer las penas por los delitos sexuales como castigar todo tipo de proxenetismo.
