Con la intervención del juez Carlos Navarte, la elevación a juicio oral de la causa por el asesinato en 2020 de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz, secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner hasta 2010, puede abrir una oportunidad para aclarar puntos oscuros en ese violento hecho de sangre.
La fiscalía a cargo de la abogada Natalia Mercado, hija de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz y sobrina de la vicepresidenta de la Nación, acusa del crimen a tres jóvenes: Facundo Gutiérrez, Facundo Zaeta y Pedro Monzón, quienes han confesado abiertamente que el móvil del crimen era “apoderarse del dinero de la corrupción”.
En un expediente en el que declararon unos 60 testigos, el juez Navarte dio como acreditada la culpabilidad de estos tres acusados. Se estima que el juicio oral se iniciará en marzo de 2023, interviniendo la Cámara del Crimen de Río Gallegos que, en los hechos, funciona como Tribunal Oral.
Hasta ahora, el juzgado y la fiscalía se han limitado a investigar la culpabilidad de los tres acusados detenidos en Río Gallegos y, a pesar de las declaraciones sobre el móvil del asesinato de los participantes, no se ha avanzado en investigar cómo un secretario privado de la presidencia puede lograr –sin otros ingresos declarados más que su sueldo– propiedades, autos de lujo, inversiones y cuantiosos bienes.
No ha quedado esclarecido si ese patrimonio, por ejemplo, fue obtenido con compensaciones por el silencio ante actos delictivos de sus superiores, el matrimonio Kirchner, o si actuaba como su testaferro.
Estamos ante un caso similar al de aquel otro secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Oscar Muñoz, quien acumulaba decenas de millones de dólares en inversiones inmobiliarias en Nueva York, Miami y el Caribe. Las declaraciones del excontador de Kirchner hacen presumir que Muñoz era un prestanombres del expresidente.
El juicio oral debe servir para esclarecer debidamente el origen del dinero obtenido por Gutiérrez, algo aún no debidamente investigado en la causa, teniendo en cuenta que el móvil del crimen fue precisamente hacerse del dinero de la corrupción.
El millonario enriquecimiento ilícito de dos secretarios privados del matrimonio Kirchner pone en evidencia el nivel que alcanzó el saqueo de los fondos públicos en perjuicio de los contribuyentes a lo largo de aquellos primeros 12 años de gobierno. El grado de impunidad con que se movían se traduce en el desparpajo y la burla a la ciudadanía que tantos hechos investigados vienen progresivamente a revelar y que explican las reacciones actuales de la vicepresidenta ante su condena en la causa Vialidad. Tantas veces lograron zafar de acusaciones gracias a fiscales serviles o temerosos, o a jueces como Norberto Oyarbide que se dejaban “apretar el cogote” –según confesó él mismo poco antes de fallecer– que nunca entendió que no todo está podrido en la Argentina. Afortunadamente, aún hay valientes fiscales y jueces que cumplen con su deber. Estos hechos delictivos deben ser investigados en profundidad y castigados con la severidad que impone el Código Penal.
La ciudadanía necesita seguir confirmando que impera la ley en la república. Que el que las hace las paga sin acepción de cargos o personas.
En las resoluciones tribunalicias radica hoy la esperanza de terminar con una larga estela de impunidad que vuelva las cosas al lugar del que nunca debieron salirse y que se haga Justicia.
