Una niña de 12 años, que había pedido abortar después de ser abusada por su padre, estuvo cautiva por más de 24 horas en Santa Fe y generó una fuerte conmoción en la provincia. Una organización católica le impidió asistir el lunes al turno para la interrupción del embarazo que tenía agendada. Finalmente, fue hallada esa misma noche junto a su madre en una de las sedes de esa entidad.
La situación despertó una fuerte controversia en la provincia. El gobierno de Santa Fe apuntó contra la organización, llamada Grávida, a quien acusó de anteponer “su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido” y le recriminó haber sacado “a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”. Ambas aparecieron en la “Casa Hermanas de Betania”, una de las sedes de esa asociación civil.
Tras lo ocurrido, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia dispuso una “medida de protección excepcional” transitoria para resguardar a la niña, “garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes”, según un comunicado oficial.
El caso se remonta al 19 de diciembre cuando la madre de la niña llevó a su hija a una consulta médica a un centro de salud, en la localidad de Garibaldi, a 122 kilómetros de la capital de Santa Fe. Allí le confirmaron que la menor estaba embarazada y, después eso, la niña le reveló los abusos, según publicó el diario Uno.
La joven pidió abortar. Su madre respaldó la decisión y realizó la denuncia. El hecho tuvo lugar en una familia de alta vulnerabilidad socioeconómica en una zona rural de la provincia. El padre Gustavo Miguel A., que también tiene denuncias de violencia de género contra la madre, fue detenido este martes en la localidad de Recreo después de estar varios días prófugo.
Abusos
Tanto la niña como la madre optaron desde el primer momento por interrumpir el embarazo. “No lo quiero tener”, respondió la menor ante la consulta de los profesionales médicos según la denuncia. “Le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte”, sostuvo la madre de la niña en el escrito presentado a la Justicia.
La niña y la mujer fueron buscadas en sanatorios privados hasta que las encontraron en una sede de la organización católica. (Guillermo Di Salvatore – El Litoral/)
La mujer y su hija eran acompañadas desde mediados de 2022 por un equipo de profesionales debido a la situación de violencia de género que la madre sufría, consignó El Litoral. Ese mismo equipo inició las gestiones para una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el marco de la ley 27.610. Se contactaron con el hospital público Iturraspe, en la capital provincial, y agendaron un turno para que la práctica fuera realizada este lunes 2 de enero. El 30 de diciembre, no obstante, se perdió contacto con ellas.
Durante el último fin de semana, un sacerdote de la localidad vecina de María Juana las contactó para que fueran a una misa, según el diario Uno. Desde ese momento el Estado les perdió el rastro. Algunas trabajadoras que habían intervenido en el caso recibieron llamadas intimidantes de parte del titular Grávida, según denunciaron. El lunes, la niña y su madre faltaron al turno para que se practicara la interrupción del embarazo.
La inasistencia al hospital Iturraspe despertó preocupación y la falta de comunicación con ellas generó alarma a medidas que pasaban las horas. Las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva en los sanatorios privados de Santa Fe donde se creía que podían estar. Al final, las encontraron en una de las sedes de la organización Grávida.
La situación generó un replanteo dentro de todos los organismos que intervinieron. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, otra de las áreas que formaron del dispositivo de asistencia, expusieron que el acompañamiento consistió en hacer las gestiones para la IVE y en pagarles un remís hacia el hospital público.
En tanto, la organización Grávida registra un antecedente similar. La asociación civil fue acusada de buscar evitar en 2016 la interrupción del embarazo de otra nena de 12 años. En aquel momento, se denunció que una psicóloga de la entidad ingresó al hospital Iturraspe y “clandestinamente se hizo pasar como miembro de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la madre y la niña”. La profesional fue sancionada por ese hecho por el Colegio de Psicólogos. En 2023 se revisará si fue adecuada esa medida.
