Hay, en estas horas, dirigentes piqueteros afiliados al Frente de Todos que comenzaron a coquetear, en sus deliberaciones internas, con una posible ruptura con el Gobierno. Los referentes sociales más diplomáticos ensayan gestos de distensión y pergeñan una reunión con Alberto Fernández para bajar la espuma. Pero aquellos más combativos amenazan con dar por terminada la relación si no encuentran respuestas a sus reclamos, en un escenario novedoso que pondría en riesgo la tranquilidad social.
Los dos días de demora que tuvo la última liquidación del Potenciar Trabajo y la baja de más de 20.000 planes definida por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, esta semana, llevó a la relación con los movimientos sociales a un pico de tensión. Hubo 48 horas de vértigo, porque la ministra esperó a que la justicia federal -que investiga a ese programa social- la autorizara a girar la asignación, que alcanza a 1,3 millones de personas.
El lento ocaso del reinado de Cristina
El Gobierno suprimió 20.410 planes, un número moderado si se tiene en cuenta que días atrás se barajó la posibilidad de más de 150.000 bajas. Pero la tensión ahora se trasladará a enero, porque la ministra avanza con una auditoría sobre todos los beneficiarios y fue emplazada por el juez federal Ariel Lijo a rendir cuentas el mes próximo.
Una muy intensa agenda de trabajo tuvimos esta mañana en Luján. Con el intendente @LeoBoto y autoridades del municipio, firmamos un importante convenio para ejecutar el Plan Argentina contra el Hambre. pic.twitter.com/NOYMNB2FX5
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 8, 2022
“La Justicia metió la cola e impidió que el 5 de diciembre se depositara. Tardamos dos días para poder hacerlo buscando no cometer un delito ni mucho menos un acto de injusticia”, se justifico Tolosa Paz en medio de la bronca de los grupos piqueteros.
Los movimientos sociales aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) -que integran el Gobierno- están convencidos de que la ministra se escuda en la situación judicial para justificar una baja de planes definida de antemano. “Lo de la Justicia es un verso, ella busca ampararse en Comodoro Py por el recorte que quiere hacer, porque ella quiere dar de baja 150.000, no 20.000″, advirtió a LA NACION uno de los principales referentes piqueteros. Y recordó que antes de liquidar el Potenciar Trabajo de este mes, la funcionaria pidió hacer un cruce de información con criterios amplios para detectar a beneficiarios irregulares.
Entre los parámetros que fijó la ministra -y que LA NACION pudo corroborar en una nota interna- figuraban los casos de personas que hayan percibido una suma de ingresos en los últimos seis meses cuyo promedio mensual supere a dos salarios mínimos; y los de personas que hicieron gastos con tarjeta de crédito por encima de dos salarios mínimos.
Alberto Fernández le tomó juramento a las nuevas ministras Victoria Tolosa Paz, Raquel Kismer de Olmos y Ayelén Mazzina (Fabián Marelli/)
Desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten que eso obedece a que las personas que tienen una categoría del monotributo B o superior no pueden percibir el Potenciar Trabajo y hay que imponer un tope de ingresos alineado a ese criterio. Sin embargo, la idea de Tolosa Paz no prosperó por la intervención política del Presidente, que buscó poner paños fríos y moderó el recorte.
La ministra, sin embargo, pidió autorización a la Justicia para girar el pago del Potenciar Trabajo este mes, bajo el argumento de querer evitar un paso en falso que derive en una imputación penal. “La ministra le tiene miedo a la Justicia. Si quieren seguir castigando a los de abajo va a haber un quiebre con nosotros”, dijo uno de los diputados que representan a los movimientos sociales y que amenaza con distanciarse del interbloque del Frente de Todos en el Congreso.
Los referentes sociales más enardecidos alegan que en los barrios populares empieza a haber problemas para contener el descontento social. “Tolosa Paz se mandó una inexplicable y hay bronca genuina en los barrios. Hizo una de más y se rompió abajo. La gente cobró 48 horas después con angustia. En los barrios la putean, esto trasciende a los dirigentes de los movimientos sociales”, dijo a LA NACION uno de los integrantes del llamado triunvirato piquetero. Y agregó: “La pregunta ahora es si Tolosa Paz quiere avanzar en un acuerdo con los movimientos sociales o quiere hacer un ajuste para demostrar su autoridad”.
Paños fríos
Con esa crispación en ascenso, esta semana ensayaron un gesto de distensión los líderes piqueteros más predispuestos al diálogo. Emilio Pérsico -en su doble condición de líder del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social- y Esteban “Gringo” Castro -secretario general de UTEP- acompañaron el jueves a Tolosa Paz a una recorrida de gestión en Luján. “Emilio y el Gringo buscaron bajar la tensión con ella para ver qué se puede lograr por las buenas”, explicó un líder piquetero.
Juan Grabois y Esteban “Gringo” Castro, (Ignacio Sánchez/)
En principio, la ministra se mostró más proclive a responder a algunas de las demandas que viene haciendo la UTEP. Entre ellas, el pago de un aguinaldo antes de que termine el 2022. “Estamos trabajando con el Presidente y con el ministro de economía para poder garantizar un bono de fin de año. Tomamos la demanda de la UTEP para poder llevar tranquilidad antes de las fiestas”, dijo Tolosa Paz en Luján.
La ministra también reconoció el conflicto latente. Pero buscó dar vuelta la página: “Soy creyente y creo que congeniar con el otro después de un momento de tensión nos permite siempre volver a empezar”, dijo.
