El 31 de este mes finalizará el plazo para que un grupo de mujeres de entre 60 y 64 años pueda adherir a una de las moratorias previsionales vigentes y, así, acceder a una jubilación de la Anses sin tener hechos los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional. Esa fecha tope para pedir el plan de pagos con subsidio estatal fue establecida por la resolución 174, que el organismo de la seguridad social emitió en julio de este año, muy pocos días antes del final de la vigencia del régimen que había fijado una normativa anterior.
En caso de no haber una nueva prórroga, las mujeres que cumplan 60 años a partir del 1° de enero ya no tendrán el derecho a ingresar al plan más amplio, entre los que existen hoy, para jubilarse sin cumplir con los aportes requeridos. El plan del oficialismo era ya no extender el plazo y, en cambio, lograr antes de que finalice el año la aprobación de una ley, por parte del Congreso, para crear un régimen temporal (carácter que también tienen las moratorias), para el “pago de deuda previsional”.
Se trata de una iniciativa ya votada en el Senado, cuyo tratamiento fue demorado durante seis meses en Diputados y que desde el oficialismo buscaban que se votara hoy, en la última sesión de 2022. Finalmente, no se consiguió el quorum necesario para sesionar. Ahora, la expectativa es que vuelva a prorrogarse la moratoria que rige solo para mujeres. La mencionada consecuencia de una eventual caída de ese esquema es una muestra de la fragilidad de una política que, si bien logró incluir a muchos de quienes hoy cobran una jubilación en el régimen nacional (la mayoría de los jubilados actuales recurrió a un plan de pagos con subsidio estatal), no resuelve el problema de fondo que provoca que tantas personas lleguen a la edad de retiro sin cumplir con lo que establecen las reglas del sistema (sobre las cuales los referentes de la política no generan un debate).
“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente”, sostuvo la directora ejecutiva de la Anses, según un comunicado difundido esta tarde por el organismo. El escrito deja entrever que no habría prórroga para la moratoria que vence a fin de mes, porque se indica que “las más afectadas [por la falta de aprobación del proyecto de ley] serán las mujeres, porque, al cumplir los 60 años sin tener los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM”.
La moratoria cuyo plazo está por terminar es la incluida en la ley 26.970, de 2014. Rigió inicialmente por dos años. En 2016 la ley 27.260 dispuso su prórroga, hasta 2019, para las mujeres que tuvieran o cumplieran dentro de ese período 60 años de edad y siempre que no llegaran a los 65.
Esta última condición se fijó porque, a la vez, se creó la mencionada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso mensual equivalente al 80% del haber mínimo, al que se accede con 65 años (varones y mujeres por igual) y habiendo pasado un examen socioeconómico. Este requisito que también existe para la adhesión a las moratorias. En 2019 hubo otra prórroga por tres años -hasta julio de 2022- establecida por una resolución de la Anses, esa vez en uso de facultades delegadas por el Congreso (una moratoria, que implica la condonación de multas e intereses de la deuda, requiere de una ley, si bien la vigencia actual está sostenida solo por una resolución).
Para adherir a ese plan en particular, las mujeres deben haber tenido al menos 18 años de edad al momento del período más antiguo que se informa como adeudado. Y pueden declararse aportes por períodos hasta diciembre de 2003. Esto significa que una mujer que cumple 60 años este mes puede declarar 23 años y un mes de aportes no hechos. Debería tener, entonces, contribuciones efectivamente pagas (por fuera de la moratoria) por al menos 6 años y 11 meses, aunque el lapso podría ser menor si se tienen hijos, ya que a las mujeres se les permite computar entre uno y tres años de aportes por cada uno de ellos.
El otro plan vigente es el de la ley 24.476. Es un régimen que no tiene una fecha tope para la adhesión, pero las posibilidades de ingresar se van reduciendo o agotando con el solo paso del tiempo, porque permite regularizar aportes no hechos por períodos anteriores a octubre de 1994. Dada esta condición, las mujeres que cumplen ahora 60 años podrían regularizar 12 años y 10 meses. Los varones que cumplen 65 años ahora, en tanto, pueden acceder declarando hasta un máximo de 17 años y 10 meses de aportes impagos. Es decir, en este caso las mujeres necesitan tener aportes ya hechos por al menos 17 años y dos meses (o un período menor si hacen valer años de aportes por hijos) y los varones deberían contar con un mínimo de 12 años y dos meses de aportes pagados.
En cuanto al esquema de la ley 27.260, que es solo para mujeres, la resolución de prórroga emitida en julio indica que esa moratoria rige hasta el 31 de este mes, o bien hasta el inicio de la vigencia de un nuevo sistema aprobado por el Poder Legislativo.
El proyecto que prevé tratar hoy el Congreso
La iniciativa votada por los senadores prevé establecer un esquema de compra a crédito de las denominadas “unidades de pago de deuda previsional” (cada una de ellas equivaldría a un mes de aportes), para luego cancelar la deuda en un plan de hasta 120 cuotas, a descontar de los haberes mensuales. El proyecto no indica cómo se financiarían los costos de implementarlo y tiene también la característica de la temporalidad: regiría solo por dos años, al menos en el caso del régimen previsto para jubilarse de manera inmediata tras asumir una deuda con el sistema.
En caso de ser finalmente aprobado, el régimen permitiría, para quienes ingresen con la edad jubilatoria cumplida, declarar obligaciones impagas por períodos previos al año 2009. Si el sistema rigiera en enero de 2023, por ejemplo, las mujeres que cumplan 60 años ese mes podrían regularizar 28 años de aportes. En el caso de los varones, sí podría incluirse un total de 30 años en el plan de pagos.
El valor de cada mes de aportes comprados se establecería en el 29% de la remuneración básica o mínima que rige para calcular los descuentos con destino al sistema de seguridad social. Es un monto que se actualiza cada tres meses según el índice resultante de la fórmula de movilidad previsional. Según lo vigente entre este mes y febrero de 2023, el valor de cada mes “comprado” sería de $4896. Entonces, por ejemplo, si se necesita que al plan de pagos ingrese un período de 20 años (240 meses), la deuda declarada sería por un valor inicial de $1.175.040 y podría ser saldada en hasta 120 cuotas descontadas del haber mensual. En el ejemplo, cada cuota sería de $9792 y ese importe se actualizaría en marzo.
El texto también prevé que las personas que estén a 10 o a una cantidad menor de años de su edad jubilatoria puedan adherir a un plan de pagos, en este caso contemplando contribuciones no hechas correspondientes a períodos previos a abril de 2012.
Del total de las jubilaciones que paga mensualmente la Anses, dos tercios tuvo moratoria, según datos de la Secretaría de Seguridad Social. Eso se debe a la existencia de una muy alta tasa de informalidad laboral, un problema que persiste. Considerando el conjunto de asalariados y autónomos, alrededor de la mitad de los trabajadores no tiene hoy aportes previsionales, lo cual anticipa que la realidad de las personas que llegan a la edad de retiro sin haber contribuido lo suficiente seguirá en los próximos años. Ese escenario convive, además, con un régimen jubilatorio que no ofrece prestaciones proporcionales si hubo aportes por una cierta cantidad de años, 15 o 20 por ejemplo, pero sin que se llegue a los 30. También la PUAM, que rige para quienes no logran reunir los requisitos de la ley, tiene esa característica: cobra igual quien no tiene ningún aporte que quien tiene algunos o incluso muchos años de contribuciones.
Las moratorias, en ese contexto, plantean una salida que tiene un diseño más adecuado para una cuestión temporal. Y esquivan, por tanto, dar solución del problema de fondo, para el cual no hubo, hasta ahora, una política efectiva.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las altas de jubilaciones por el eventual nuevo régimen de pago de aportes no hechos en su momento serían, el año próximo, 494.242. En 2024, según la proyección, podrían sumarse otros 225.409 casos. Si se cumplieran esas estimaciones, en 2023 habría una suba significativa de la cantidad de personas con nuevas prestaciones previsionales. En 2020 el número de altas dadas por la Anses fue de 120.024, en tanto que en 2021 hubo 305.554, y entre enero y septiembre de 2022, 277.529, según el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social.
