La iniciativa del Gobierno para volver a reformar la Ley y superar así el bloqueo en las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) — provocado por lo que consideran una “posición obstruccionista” del Partido Popular– es recibida de forma muy positiva por los miembros de los sectores progresistas de ambos órganos, según ha constatado El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
Fuentes jurídicas del órgano de garantías consultadas por este diario coinciden en señalar que era necesario buscar fórmulas que superasen el ‘doble boicot’ que estaba impidiendo la renovación del tribunal “y con ello la alternancia pacífica que es el fundamento de toda sociedad democrática“. Se trata de una reforma que, a priori, consideran que puede llevarse a cabo sin problema alguno por el legislador, aunque no dudan de que pueda terminar siendo recurrida ante el propio TC, como ocurrió con las dos anteriores de marzo de 2021 y del pasado mes de julio, que no tuvieron los efectos esperados.
La primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a iniciativa del PSOE y Unidas Podemos, impidió al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que se pensaba obligaría al PP a cesar en el bloqueo a la hora de renovar a los vocales de este órgano, que el pasado domingo cumplieron cuatro años en funciones. Lejos de conseguirlo, las posiciones se enquistaron, y en julio pasado una nueva ‘reforma exprés’ obligaba al Consejo a nombrar a los dos magistrados que le corresponden del TC antes del 13 de septiembre, algo que tampoco ha ocurrido.
Ahora, se busca cambiar el sistema de mayorías necesario para hacer estas designaciones en el CGPJ -pasando de la mayoría de tres quintos actual a una mayoría simple-, y advirtiendo de la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales por parte de los vocales que torpedeen las negociaciones. Una segunda enmienda va dirigida a permitir que el Pleno del TC pueda dar el plácet a los dos magistrados que ha designado por su turno el Gobierno sin tener que esperar al Consejo.
Defensa de la Constitución
Desde el CGPJ, fuentes del sector progresista señalan que la Constitución necesita de “mecanismos para defenderse de quien bloquea los órganos constitucionales” mientras que el poder legislativo, si tiene que desbloquear, solo lo puede hacer de una forma, que es la de aprobar leyes. “Ya lo hizo Mariano Rajoy con su mayoría absoluta en 2013, cambiando el modelo del CGPJ y permitiendo incluso una constitución provisional con los vocales que elija una cámara, prorrogando a los no renovados por la otra”, recuerda un vocal.
Otros vocales de la minoría progresista califican no obstante estas soluciones de “tristísimas”, cuando la cuestión “no debería haber generado ningún problema con solo aplicar principios democráticos básicos como el cumplimiento de las leyes y la lealtad institucional”.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui coincide con el criterio de los progresistas, y apunta además que “no hay impedimento constitucional para disminuir el ‘quorum’ de nombramiento en el CGPJ”. En relación con la posibilidad de advertir de responsabilidades penales por el ‘boicot’, lo considera incluso necesario, “visto el empecinamiento de un grupo de vocales” para no designar las dos plazas que le corresponden.
Degradación institucional
Una opinión muy diferente es la del portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, que califica la iniciativa del Gobierno de “preocupante”. “Nos encontrábamos ya en una deriva de degradación institucional manifiesta, pero esto es un paso más en la eliminación de los límites y de las garantías institucionales destinadas a preservar el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, para que ninguno pueda ejercer un poder absoluto”.
El magistrado destaca dos aspectos relevantes: la degradación del concepto mismo de legislación -mediante la promoción por el Gobierno de cambios legislativos para satisfacer su propio interés particular, utilizando legislación de urgencia por decreto ley o al poder legislativo-; y la destrucción de los “límites constituciones”. “El Gobierno desborda las barreras sin tocar formalmente la Constitución”, advierte. Para el poder judicial es difícil afrontarlo, debe cumplir la ley o acudir al TC, que se encuentra en una situación difícil por diferentes motivos.
De forma similar reacciona Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente (FJI). Respecto al cambio de mayorías en el CGPJ, lo considera “una mala idea” porque se impuso para evitar los ‘rodillos’ y que los nombramientos fueran fruto del consenso, de modo que “saldrían beneficiados los perfiles más técnicos y menos escorados“.
Falta de acuerdo
En cuanto a las responsabilidades penales -por posible desobediencia o prevaricación omisiva-, para los vocales que impidan los nombramientos, Portillo lo considera desmedido y, además, impracticable. “¿A quién imputas el delito? Toda negociación requiere salir de tu posición y acercarte al otro“, señala a El Periódico de España. También lamenta que que se pongan excusas frente a las reivindicaciones para reformar la ley de modo que los doce vocales judiciales sean elegidos por los jueces, y con esta sean ya tres reformas para lograr otros objetivos.
Finalmente, catedráticos de derecho constitucional consultados por este diario son prudentes a la hora de valorar la reforma, ya que debe estarse a la propuesta concreta y cómo quede tras su tramitación parlamentaria, si bien califican de “bochorno impropio de un estado constitucionalista serio” que deba llegarse a estos extremos para cumplir con las renovaciones que marca la propia Constitución.
