SAN SALVADOR, 23 nov (Reuters) – El presidente
salvadoreño, Nayib Bukele, prometió el miércoles reforzar la
seguridad en torno a las principales ciudades, en la última
escalada de una cruzada de ocho meses contra la violencia de las
pandillas que, según grupos de derechos humanos, ha sido
empañada por detenciones injustificadas.
Desde marzo, Bukele ha ordenado la detención de más de
50,000 presuntos miembros de pandillas, a los que califica de
terroristas, al tiempo que ha denegado derechos procesales
básicos a las personas aprehendidas.
La campaña tiene como objetivo reducir la tasa de homicidios
del país centroamericano a menos de dos al día.
En su intervención en una ceremonia de graduación de
oficiales militares, Bukele dijo que añadiría más de 200
policías a los 20,000 soldados que ya patrullan las ciudades con
la misión de enfrentarse a los miembros de las llamadas maras.
El objetivo es “cercar grandes ciudades y extraer a los
terroristas que están escondidos dentro de las comunidades, sin
darles la mínima posibilidad de escapar”, advirtió.
La última escalada se produce tras el respaldo del Congreso
al llamado “estado de excepción”, aprobado por primera vez en
marzo, que impone estrictos límites a la libertad de asociación,
el derecho a la defensa legal y restricciones a las
telecomunicaciones.
Según datos del Gobierno, la ofensiva ha reducido
drásticamente los asesinatos atribuidos a las bandas y han
transcurrido más de 200 días sin muertes vinculadas a las maras
en lo que va de año.
Bukele lanzó su controvertida ofensiva poco después de que
76 salvadoreños murieran en un solo fin de semana en marzo.
Activistas de derechos humanos han criticado la política,
afirmando que muchas personas detenidas no tienen antecedentes
penales.
(Reporte de Gerardo Arbaiza; Editado por David Alire Garcia y
Miral Fahmy; Traducido por Adriana Barrera)
