Las Cortes de Castilla y León han dado este viernes luz verde a los presupuestos de la Comunidad para 2023 (13.809 millones), las primeras cuentas de una coalición entre PP y Vox, en medio de una gran bronca parlamentaria motivada por un error en la votación de ambos grupos en la ley de Medidas que acompaña a las cuentas, que al final ellos mismos han tumbado.
Los dos grupos votaron por error incluir las enmiendas del PSOE a la ley de acompañamiento de los presupuestos, y al no poder repetir la votación, rechazaron su propia norma, que ahora será tramitada de nuevo como por la vía de urgencia.
Y es que, esta norma es la que fija gran parte de la política fiscal del Gobierno autonómico y repercute en los ingresos previstos en los presupuestos aprobados. O sea, que en la práctica, el error en la votación del PP y Vox implicaba que la ley de Medidas incorporaba las enmiendas del PSOE a la política fiscal y a otra serie de partidas que afectan al propio presupuesto de Castilla y León para el próximo año,
Una gran bronca, con argumentos cruzados sobre la posibilidad o no de repetir una votación en la que se había producido ese error por parte del PP y Vox -únicamente, tres procuradores del PP han acertado-, precedía el receso que anunció el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), para solventar la situación y que finalmente se prolongó cerca de una hora y media.
En cualquier caso, PP y Vox ya habían sacado adelante su primer presupuesto conjunto en el Gobierno de una Comunidad autónoma, ante el rechazo del resto de la Cámara, que ha criticado durante las dos sesiones que ha durado el debate presupuestario que no se haya aprobado ninguna de sus más de dos mil enmiendas presentadas.
Pese a la aprobación de las cuentas, sobre ellas se ciernen varios recursos judiciales anunciados por los sindicatos UGT y CCOO y también por el Grupo Mixto, que ha impugnado una votación anterior del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades -sobre ayudas a familias con pacientes de ELA-, al entender que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se ha saltado el Reglamento al impedir una votación por llamamiento.
De hecho, estas circunstancias han supuesto que el Pleno de las Cortes se haya interrumpido en dos ocasiones, en medio de un gran desconcierto y bronca entre los grupos parlamentarios.
Del mismo modo, el Pleno ha estado marcado también por la protesta convocada por los sindicatos UGT y CCOO en el exterior del parlamento, bajo la fórmula del ‘rodea las Cortes’, donde han avanzado que recurrirán la norma presupuestaria ante el Tribunal Constitucional, al entender que atenta contra el desempeño de las funciones constitucionales y estatutarias que tienen atribuidas como representantes de los trabajadores en el ámbito del Diálogo Social.
Los Presupuestos regionales para 2023 alcanzan los 13.809 millones de euros (+12,35 %).
Igea pide la dimisión de Pollán
Por su parte, el procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha exigido la dimisión del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, tras la suspensión del Pleno durante la votación de las enmiendas a Ley de Medidas que acompañan al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, pues considera que lo ocurrido “vulnera las normas fundamentales del Estado de Derecho liberal“.
En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el también viceportavoz del Grupo Mixto ha asegurado que lo ocurrido este viernes en el Parlamento autonómico es “completamente insólito” a pesar de los “varios episodios insólitos” vividos en este año de legislatura.
“Lo que debería hacer el Presidente de las Cortes es dimitir. Si no lo hace, presentaremos una solicitud para su reprobación y su dimisión, porque no puede continuar ni un día más”, ha subrayado el representante de Cs, quien ha acusado a Pollán de ser un jefe del Legislativo “parcial, sin conocimiento, incapaz de mantener el orden y que se salta el reglamento”.
Para el político naranja, las normas “son la base de la democracia”, y el PP “no puede argumentar aquí lo contrario que en el Congreso de los Diputados”, tras asegurar que no le gusta lo que hace el Gobierno de España en la Cámara Baja, ni tampoco lo ocurrido en las Cortes.
Francisco Igea ha censurado la “inaudita pulsión autoritaria” que padecen las Cortes, con un Ejecutivo regional que “evita que se debatan las leyes, que haya comisiones de investigación y que el Parlamento funcione con normalidad”.
