En un trámite que rozó el escándalo, la mayoría oficialista que integra la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó sin mayor debate los diez contratos que el Estado argentino suscribió con distintos laboratorios para la provisión de vacunas contra el Covid-19 y, en una polémica decisión, dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones. Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, al que acusó de “autolimitar” la labor de la AGN para impedir un control más exhaustivo.
“El oficialismo no quiso avanzar en una auditoría integral sobre la compra de vacunas y su informe no nos permite saber qué criterios utilizó el Gobierno, durante la emergencia, para priorizar la compra de ciertas vacunas y no otras; tampoco podemos saber si los laboratorios realizaron las entregas de las dosis en tiempo y forma conforme lo pactado en los contratos”, plantearon los opositores Miguel Pichetto, Alejandro Nieva y el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez.
Aludieron, sin decirlo públicamente, a la polémica decisión que en su momento tomó el Gobierno de dejar pasar la oferta de Pfizer para la provisión de 13,3 millones de dosis en pleno brote de la pandemia, como así también a los incumplimientos contractuales por parte del laboratorio AstraZeneca, que no honró sus compromisos de entrega.
Los auditores oficialistas Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Gabriel Mihura Estrada y Javier Fernández insistieron en que, por tratarse de una auditoría “de cumplimiento” de los contratos, el alcance del control debía ser limitado, es decir, sólo ceñirse a las formalidades contractuales. Justificaron, además, que el informe se mantenga en reserva en virtud de las cláusulas de “confidencialidad” incluidas en los contratos suscriptos entre el Ministerio de Salud y los laboratorios; advirtieron que dar a conocer los detalles de la auditoría podría dar lugar a eventuales sanciones al Estado argentino por parte de las farmacéuticas.
“No hay que confundir ‘ocultar’ con la palabra ‘confidencialidad’ –sostuvo Fernández-. Estamos cumpliendo con la ley que votó el Congreso y con nuestra tarea de funcionarios públicos”.
Javier Fernández
La oposición refutó sus argumentos: insistió en que la ley de vacunas aprobada a fines de 2020 no impone el secreto sobre toda la labor de auditoría sino solo en lo referido a las cláusulas expresamente confidenciales (como, por ejemplo, aspectos propios de la negociación entre las partes y detalles técnicos de la vacuna). “El Ministerio de Salud publica en su página web más información sobre los contratos firmados que este informe de auditoría. La AGN termina siendo más papista que el Papa”, fustigó Pichetto.
“La decisión de declarar reservado este informe es, a mi juicio, infundada y perjudicial. Estamos afectando la promesa de la democracia, que es la transparencia, y el derecho de los ciudadanos a comprobar las decisiones de sus autoridades”, agregó Rodríguez.
En similar sentido se expresó la Fundación Poder Ciudadano, que lleva adelante en su página web (https://vacunas.poderciudadano.org/) un seguimiento sobre el proceso de compra, distribución y aplicación de las vacunas Covid-19. “Esta reserva del Informe de auditoría se constituye como un obstáculo más al control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno en lo relacionado a la pandemia e implica una interpretación extensiva de las excepciones de la ley nacional de Acceso a la Información Pública que no fue suficientemente fundamentada en esta clasificación de reserva”, expresó.
“La falta de acceso al informe impide verificar si los aspectos auditados guardan relación con la magnitud de los contratos. Del debate en la sesión se desprende que la Auditoría se limitó a cuestiones de transparencia y publicidad”, advirtió Poder Ciudadano. “Una auditoría limitada a estas cuestiones resulta alarmante debido a que este informe era la única chance de contar con un control oficial sobre otros aspectos relacionados a los contratos como las negociaciones previas, las condiciones de cumplimientos y las eventuales acciones impulsadas por el Estado ante incumplimientos”, agregó.
Debate caliente
El debate, que tuvo lugar en la AGN este mediodía, fue por demás intenso. Allí se pusieron a consideración los contratos de AstraZeneca UK; AstraZeneca AB-Covax; Serum Institute (vacuna Covishield); Human Vaccine (Sputnik V) y Sinopharm, que fueron remitidos desde el Ministerio de Salud a la AGN en virtud de la ley de vacunas aprobada por el Congreso a fines de 2020.
“Estamos hablando de diez contratos por 146 millones de dosis que alcanzan a 1737 millones de dólares. En los 30 años de la AGN es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos”, remarcó Rodríguez. Sin embargo, el resultado estuvo lejos del esperado, advirtió.
“Dos años después se produce un informe pobre, anodino e irrelevante”, asestó el radical Nieva. “Como órgano de control hemos perdido una gran oportunidad, porque pese a la capacidad técnica de sus profesionales no hemos avanzado en un informe que le sirva al país”, se lamentó.
Miguel Ángel Pichetto con la prensa después de la reunión de Juntos por el cambio en Recoleta (Gerardo Viercovich/)
“Después de los sacrificios que hizo la ciudadanía durante la pandemia merecía una explicación mucho más amplia”, bramó Pichetto, molesto porque en varias oportunidades le reclamó al oficialismo –sin éxito- que ampliara el espectro de la auditoría y porque, pese a sus requerimientos, los oficialistas no le compartieron información clave que el Ministerio de Salud le había suministrado a la AGN.
Forlón, blanco de sus críticas, refutó. “Nuestra misión es auditar, no tenemos que explicar a la gente nada. Ustedes no han leído el informe, no pretenden una buena auditoría, sino pegar políticamente”, retrucó.
Desde la Cámara de Diputados, Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) envió una nota al presidente de la AGN para que se le remita el informe aprobado ayer pese a que el oficialismo lo declaró “reservado”. Acompaña su pedido una treintena de diputados del interbloque opositor.
“La transparencia de los actos de gobierno debe prevalecer cuando se encuentra en juego el interés público. tal como ha concluido durante el año 2021 la Comisión Europea en el caso de los contratos para compras de vacunas COVID celebrados por Europa con distintos laboratorios, a partir de las fuertes demandas ejercidas por los miembros del parlamento de la Unión Europa para que se garantizara la publicidad”, explicó Ocaña.
Graciela Ocaña (Silvana Colombo/)
“De la misma forma en la que la Unión Europea consideró que no podía prevalecer el interés de las empresas privadas por sobre los intereses de la ciudadanía en un tema tan sensible como la política sanitaria frente a la pandemia de COVID 19, es que en la Argentina no puede no darse publicidad al Informe realizado sobre la compra de vacunas por un organismo de carácter independiente como es la Auditoria General de la Nación, según lo establece la propia Constitución Nacional”, enfatizó.
