Podemos mantiene el pulso hasta el final dentro del Gobierno con las leyes del Ministerio de Igualdad, mientras cede ante el PSOE con normas del departamento de Ione Belarra, como en la ley de Bienestar animal. El partido morado ha tomado las iniciativas de Irene Montero como sus principales cartas en esta legislatura y se resiste a introducir cualquier modificación en sus textos, aunque esta negativa implique un choque frontal entre socios de coalición y ponga en riesgo, incluso, la viabilidad de las leyes.
Desde hace meses, Podemos ha abanderado la legislación de Igualdad como la joya de la corona de la coalición, reivindicando la agenda feminista como el estandarte del espacio morado y situando sus normas por delante de iniciativas como la reforma laboral, la Ley Rider o la subida del SMI, que fueron impulsadas por Yolanda Díaz.
Las leyes de Montero, con un fuerte componente ideológico, han supuesto un importante foco de conflicto en el seno del Gobierno. El último, a cuenta de la voluntad manifestada por el PSOE para introducir “mejoras técnicas” a la ley del sólo sí es sí, después de la polémica por las numerosas rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales condenados a raíz de la norma. El propio Pedro Sánchez se mostró favorable a esta posibilidad, y llegó a telefonear a Irene Montero para tratar de reconvenirla a un cambio, según informó El País. Pero estos intentos no han surtido hasta ahora efecto alguno.
Podemos se mantiene en sus trece y rechaza introducir ningún “retoque técnico” en el texto, tal como expresó el mismo viernes desde el Congreso de los Diputados su portavoz, Pablo Echenique. También desde el Ministerio de Igualdad mantienen sus posiciones y apelan a que deberán esperar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque éste ya ha avanzado que no sentará una única doctrina, sino que actuará caso por caso.
Aunque la reacción inicial de Igualdad fue culpar a los jueces “machistas” por las rebajas de penas, ahora ese argumento ha pasado en un segundo plano, y aunque en el espacio confederal se insiste en la existencia de discrecionalidad de los magistrados a la hora de fijar rebajas, se apela a otra razón: cambiar a día de hoy la ley del sí es sí no evitaría que continuasen las revisiones de condenas, al haber estado ya la norma en vigor y la obligación de aplicar la norma más favorable al reo, tal como explicaba en sede parlamentaria el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens.
Un cambio, por tanto, se interpretaría como un gesto político -reconocimiento del error e intención de rectificar-, que como una manera de solventar lo ocurrido. Y los morados no están dispuestos a admitir disfunciones en un texto que continúan a día de hoy defendiendo. Y aceptar ese extremo supondría debilitar políticamente a Irene Montero, que se presenta como la alternativa a Yolanda Díaz para ser candidata a las elecciones generales, en caso de que Podemos y la vicepresidenta no alcanzasen un acuerdo. La formación se esfuerza en los últimos meses en reforzar a toda costa la figura de la ministra de Igualdad y cara más visible de Podemos. En ese sentido fue la ofensiva abierta contra medios y judicatura para justificar los efectos adversos de la ley del sólo sí es sí, y más tarde la campaña desplegada en todo el país en apoyo a Irene Montero, destacando su papel de víctima de la ‘violencia política’ frente a la derecha.
Pero la del ‘sólo sí es sí’ no es la única ley polémica. Si Podemos cuenta a su favor con que la ley del sólo sí es sí ya está aprobada y en vigor, no ocurre lo mismo con la ley trans, que se aprobó en Consejo de Ministros y que, durante el trámite parlamentario, es protagonista de una batalla descarnada entre socios de coalición. El PSOE registró una enmienda para que los menores de edad tengan que contar con un aval judicial para ejercer la llamada ‘autodeterminación de género’, por el que se puede cambiar de sexo registral sólo con la manifestación de voluntad.
Podemos se ha cerrado en banda a aceptar cualquier modificación. Lejos de plantearse este cambio, que los socialistas argumentan en un refuerzo de la “seguridad jurídica” para un colectivo especialmente vulnerable, el partido ve esta propuesta como un “recorte” y un “retroceso” en la norma. Tanto es así que este mismo sábado llamó a sus filas a asistir a una manifestación organizada por asociaciones trans para pedir la aprobación del actual texto. La portavoz de la formación, Isa Serra, ha llevado el órdago más allá, advirtiendo al PSOE deberá decidir si está con el colectivo trans o situarse junto al PP.
La situación no es fácil. De momento, los socialistas siguen dilatando el trámite legislativo mediante ampliaciones del plazo de enmiendas al texto, pero el enroque de los morados abre la posibilidad de que, por primera vez en la legislatura, una ley pueda ser devuelta por las Cámaras al Gobierno para encargarle una nueva redacción.
Independientemente del desenlace de esta norma, el mensaje es claro: presión hasta el final con las leyes del Ministerio de Igualdad, que Podemos quiere emplear como un ariete dentro del Gobierno y de cara a este ciclo electoral. La agenda feminista, que ha generado duros choques en la coalición, servirá para agitar el voto de izquierdas contra el PSOE y al mismo tiempo para reivindicar la solidez de ideario de los morados. Dos ideas que cobrarán especial valor de cara a las campañas para las citas electorales de los próximos meses.
Los conflictos abiertos en la defensa de estas normas también permitirán a Podemos poner en valor el perfil ‘duro’ de Irene Montero frente al pragmatismo y las cesiones de Yolanda Díaz; un contraste claro en fondo y forma que Podemos se ha esforzado en evidenciar en las últimas semanas. Un reclamo electoral, en definitiva, que se proyecta en clave electoral, pero también interna, y que da cuenta no sólo de las discrepancias entre socios de coalición, sino de las profundas diferencias entre las dos almas de Unidas Podemos.
