Nueva ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas. Esta vez por la decisión de proponer a Juan Carlos Campo, exministro de justicia, y a Laura Díez, exalto cargo del ministerio de presidencia, como miembros del Tribunal Constitucional. Una decisión que, según denuncian, los populares supone “el último asalto institucional” del Ejecutivo español. “Este movimiento supone una violación de los continuos llamamientos de la Unión Europea a los Estados miembros para que garanticen la independencia judicial”, avisan la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente del grupo PPE, el alemán Manfred Weber, en una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, y al comisario de justicia, Didier Reynders.
En la carta, fechada a 1 de diciembre, los dos eurodiputados recuerdan que los dos elegidos han tenido responsabilidades políticas y públicas en el actual gobierno. En el caso de Campo destacan que fue ministro de justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, además de ocupar previamente diferentes cargos públicos y parlamentarios en representación del PSOE, diputado en el Congreso de los Diputados, Secretario General de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y Secretario de Estado de Justicia del Gobierno de España. De Díez por su parte explican que ha sido una persona “de la máxima confianza” del actual Gobierno de Pedro Sánchez y que ha ocupado el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, desde febrero de 2020 hasta abril de 2022.
Los estándares de la UE
Según denuncian los populares, con la elección de ambos candidatos “el gobierno español parece querer asegurarse un criterio favorable cuando la institución tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de determinadas leyes y decisiones puestas en marcha por este gobierno”, señalan haciéndose eco también de las continuas advertencias a España “para evitar nombramientos politizados que atenten contra la independencia judicial”. Es más, en opinión de los populares, los nombramientos “constituyen un flagrante incumplimiento de las reiteradas recomendaciones de la Unión Europea para despolitizar la justicia” porque “podrían llegar a influir y restringir el correcto funcionamiento y las decisiones independientes del máximo órgano de garantías constitucionales de nuestro país”.
Piden por ello al Ejecutivo comunitario que evalúe la “adecuación democrática a los estándares recomendados por la Unión Europea de respeto al Estado de Derecho, separación de poderes, despolitización e independencia del poder judicial”. Precisamente, el comisario Reynders reconoció el pasado miércoles que España “no es el único país” en el que el Gobierno decide nombrar a un exministro como magistrado del Constitucional. “Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento” pero “lo que pedimos sobre todo es primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial”, insistió el liberal belga.
