Al grito de “México, despierta”, y entre pancartas en los que se leía “ni una más, ya basta”, miles de manifestantes salieron el domingo a marchar por las calles de la capital mexicana contra una iniciativa de reforma electoral que se convirtió en la mayor protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi cuatro años de mandato.
“Ya estoy harta de Andrés Manuel, de tantas mentiras, de tanta inseguridad”, afirmó Alejandra Galán, una administradora de 45 años que llevaba una bandera de México en la mano izquierda mientras caminaba por una calle atestada de manifestantes próxima al monumento del Ángel de la Independencia, desde donde inició la marcha.
“Nos quiere quitar al INE (Instituto Nacional Electoral) para que esto al rato sea como Venezuela, como Cuba, pero no lo vamos a dejar”, indicó Galán, quien portaba un cubrebocas con la leyenda “el INE no se toca”.
Las dos hijas adolescentes de Liz Cantú, un ama de casa de 40 años, llevaban carteles en los que se leía “AMLO, traidor de la democracia”.
“Queremos defender la democracia. Queremos que nuestros votos valgan y queremos un árbitro imparcial”, dijo Cantú, tras reconocer que estaba muy contenta con la participación masiva en la marcha “porque la gente está despertando”.
En una calle lateral estaba Enrique Galván, un vigilante privado de 53 años que se mostró favor de la reforma electoral porque “es una manera de hacer justicia para los que ganan mucho”. Galván cuestionó los salarios de los consejeros del INE y dijo que “lo que gano al mes para ellos es un café”.
Rechazó las afirmaciones de algunos de los participantes en la marcha, quienes señalaron al mandatario de querer imponer un régimen autoritario, y expresó que “ahora vemos la repartición de riqueza… Libertad y democracia. ¿Qué más quieren? No hay represión, no hay policías que los estén madreando (golpeando) como antes”.
“Antes marchábamos por un gobierno justo para ellos, ahora es al revés. Ahora que sientan venirse a quemar con el sol y todo eso. Están en su derecho”, sostuvo.
Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dijo en su cuenta de Twitter que la movilización se desarrolló sin incidentes y que asistieron entre 10,000 y 12,000 personas. Por su parte, el exdiputado opositor Fernando Belaunzarán, uno de los promotores de la protesta, indicó que más de 200,000 personas acudieron a la marcha.
Con el fin de alentar un movimiento contra la reforma electoral, más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada “Marcha por la democracia” en el Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de la capital mexicana, que tuvo entre sus asistentes al expresidente Vicente Fox.
La movilización culminó en el Monumento a la Revolución, en el centro de la capital. Ahí, José Woldenberg, quien fuera titular del Instituto Federal Electoral — que fue reemplazado por el INE tras una reforma en el 2014 — llamó a los mexicanos a no permitir “la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno”.
Mientras decenas de miles marchaban en la capital, López Obrador celebraba su cumpleaños en su casa del estado sureño de Chiapas. En un video que difundió en su cuenta de Twitter, dijo —mientras tocaba un cedro— que “tiene como mi edad, 69 años, y está fuerte”.
El gobernante asegura que su iniciativa de reforma busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano, mientras que críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
Bajo la consigna de “el INE no se toca”, los manifestantes levantaron sus voces contra el proyecto de reforma constitucional que será discutido en las próximas semanas en el Congreso de mayoría oficialista, que contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos, y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente.
La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la cámara baja a 300 miembros y el Senado a 96.
El oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional y necesitaría del apoyo de la oposición para sacarla adelante. Hasta el momento no está clara cuál será la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en septiembre se distanció de sus aliados opositores para apoyar una reforma sobre el uso de fuerzas armadas en la seguridad pública impulsada por el mandatario.
López Obrador sostiene que su iniciativa de reforma electoral busca transformar el INE, reducir su presupuesto, y evitar los “fraudes electorales” que asegura se han cometido en el pasado, aunque la actual directiva del organismo es la que ha avalado los procesos electorales de los últimos años en los que el partido del mandatario ha resultado vencedor.
Aunque algunos analistas estiman que el actual sistema electoral mexicano es costoso y requiere modernizarse, muchos temen que el recorte de gastos y la eliminación de las dependencias estatales para concentrar la estructura en un organismo federal podría implicar una pérdida de eficiencia.
Otro de los puntos que ha generado un fuerte debate es el cambio del mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Electoral y la directiva del INE, que también se plantea reducir de 11 a siete consejeros.
Se teme que la propuesta de elección de consejeros por voto popular le reste autonomía a los nuevos integrantes del INE, ya que muchos de los postulados serían promovidos por los partidos.
Al respecto, Patricio Morelos, académico del Tecnológico de Monterrey, dijo a The Associated Press que en el contexto actual en el que López Obrador tiene un alto respaldo popular y en el que su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gobierna en la mayoría de los 32 estados del país, el oficialismo tendría más posibilidad de influir en la opinión de los votantes y movilizar su maquinaria para lograr que sus candidatos sean consejeros y asegurarle al gobierno el control del INE.
