La ciudadanía y los profesionales sanitarios unirán fuerzas este domingo en una manifestación por el centro de Madrid en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad para denunciar un modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que lleva a que la salud madrileña “agonice”.
Una nueva edición de la marcha que el pasado 22 de octubre salió a la calle y que se repetirá para recordar la “urgente” necesidad de una mayor financiación y mejores condiciones laborales en la sanidad madrileña. Nuevamente, decenas de entidades sociales, profesionales de la sanidad y del ámbito de la ciencia, organizaciones sindicales y vecinales, plataformas profesionales de la salud y asociaciones de usuarios, con el apoyo de los partidos de la oposición madrileña PSOE, Más Madrid, Podemos e IU, tomarán el pulso a las calles para denunciar esta situación.
Arrancará a las 12 horas de Plaza de España para llegar hasta Atocha bajo el lema ‘Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad’ y servirá para denunciar que la sanidad madrileña está “infrafinanciada” y la Comunidad es una de las que menos recursos por habitante dedica en España y Europa.
El objetivo de la protesta es revertir un modelo sanitario impulsado por el Gobierno regional que, según los convocantes, beneficia al sector privado en el ámbito sanitario, en detrimento del bien común. Frente a una sanidad madrileña que “agoniza” por culpa un modelo que desmantela la sanidad pública, se pedirá aumentar de manera “urgente” la financiación en materia de sanidad y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. “Unos presupuestos cada vez más insuficientes, inversiones desequilibradas en el ámbito hospitalario, abandono de la atención primaria y de proximidad, el maltrato a los profesionales y su fuga hacia regiones con mejores condiciones laborales, están deteriorando a pasos agigantados la atención sanitaria que se ofrece a la ciudadanía en los centros públicos e incrementando de forma exponencial las listas de espera”, lamentan.
Un refuerzo presupuestario especialmente importante en atención primaria, con el objetivo de alcanzar el 25% del gasto sanitario, que debe alcanzar al menos la media nacional, situada en el 6,9% del PIB (Madrid es la última con un 4,7%). Así, ven imprescindible también mejorar las condiciones laborales del personal y poner fin a la temporalidad laboral “para conseguir que trabajar en la sanidad pública madrileña resulte atractivo”. Todo ello apoyado en un plan para acabar con las listas de espera que acumulan 800.000 personas.
En su manifiesto, los convocantes también exigirán acabar con las privatizaciones y externalizaciones de los servicios, fomentando su reversión a la gestión pública directa, así como retirar la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, “toda una declaración de intenciones para futuras privatizaciones”. En este punto, apuestan por reforzar los “mermados” servicios de salud pública, dotándolos de plantillas suficientes para el desarrollo de su funciones. Para ello, los convocantes consideran necesario aumentar la transparencia económica y mejorar el diagnóstico de la situación y la coordinación entre Consejerías para una mejor atención sociosanitaria en las residencias de mayores.
Ordenación sanitaria
Reclamarán asimismo mantener funcionando todos los Servicios de Urgencias Extrahospitalaria de Atención Primaria ya que la saturación y presión en las urgencias hospitalarias así lo demandan, respetando las condiciones laborales de sus profesionales y garantizando la calidad de la atención que recibe la ciudadanía. Esto se debe apoyar en un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias, paralizado desde 2016, y una nueva Ley de Ordenación Sanitaria que sustituya a la LOSCAM de 2001, así como en un incremento del número de camas hospitalarias de media y larga estancia.
De forma paralela, apuestan por apostar por el uso racional de medicamentos y un control riguroso de este gasto, que según remarcan supone un desvío anual de casi 2.500 millones de euros. Finalmente, también ven necesario garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo o la calidad de los cuidados paliativos y el desarrollo de la ley de la eutanasia, entre otras demandas.
