Dos minutos antes de la una de la mañana, Enrique Juan Blaksley Señorans cruzó el portal de entrada del Pacheco Golf Club, en Tigre. Casi dos horas antes había atravesado otro portón, el de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, el penal de Ezeiza donde pasó los últimos cuatro años y ocho meses detenido, acusado de ser el ideólogo y autor de una eventual megaestafa con la captación de dinero de ahorristas, caso que le valió llevar sobre sus hombros el mote de “Madoff argentino”, por el cual está siendo juzgado. Atravesará el último tramo del proceso en prisión domiciliaria.
El miércoles a la mañana, Blaksley firmó la notificación de la prisión domiciliaria a la que había accedido después de que se certificaran los dominios de todos los bienes muebles e inmuebles aportados por familiares y allegados del expresidente de Hope Funds para cubrir los 380 millones de pesos de caución que le habían sido impuestos para acceder a la morigeración de la prisión preventiva.
Pero debió esperar más de un día y medio para poder salir, efectivamente, de la cárcel de Ezeiza. Es que la medida no se podía hacer efectiva hasta tanto no le colocaran la pulsera electrónica con la cual se debe monitorear que cumpla la prisión domiciliaria dentro del rango geográfico de restricción, y el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica no disponía de un dispositivo de monitoreo GPS para asignarle.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, que el 5 de este mes había otorgado el beneficio a Blaksley, requirió un tratamiento de urgencia de la situación, debido a que el acusado está detenido en prisión preventiva desde el 10 de abril de 2018. Finalmente, el dispositivo apareció ayer a la tarde y pasadas las 22, el expresidente de Hope Funds pudo salir del penal federal.
En octubre, el fiscal Córdoba había pedido que Blaksley sea condenado a 10 años de prisión por asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública. Y solicitó, además, que se le imponga una multa de casi 230 millones de pesos, seis veces el monto del dinero presuntamente lavado en eventuales operaciones fraudulentas.
El representante del Ministerio Público requirió condenas para otros diez imputados. La AFIP, que fue aceptada como querellante en este expediente, había pedido una condena de 12 años para el presidente de Hope Funds. Y las querellas particulares también postularon la sentencia.
Mariano Varela, abogado de Blaksley, rechazó los cargos, sostuvo que no hubo delito alguno, sino una quiebra comercial, y sostuvo que la acusación era fruto de “un relato”.
“Hope Funds no fue una fachada. Detrás había vinculaciones reales, participación de sus empresas en negocios reconocidos, y se acreditó que los fondos entregados por los ahorristas fueron destinados a inversiones del grupo que lideraba mi defendido. Se ha omitido hasta la fecha valorar lo actuado ante el Juzgado en lo Comercial N°30, donde tramita la quiebra de Hope Funds […] Llegamos hasta acá con una persona cuatro años y medio presa por un ‘relato’. Enrique Blaksley no perdió plata. Él perdió su casa y un auto, y dejó de ganar dinero. Pero él siempre dijo que, por esta causa, la plata la perdió la gente. Y se siente responsable por eso. En la acusación faltaron a la verdad. Las inversiones fueron reales. Todo fue real”, concluyó.
