El comisionista Alberto Luceño se ha negado este viernes a declarar ante el juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, por presuntamente defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública en el ejercicio de 2020 y manipular documentos oficiales, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Luceño ha comparecido apenas unos minutos en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por la presunta comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública y por otro de falsedad en documento oficial. El delito fiscal se le imputa por no tributar en 2020 en relación a las operaciones de intermediación con la empresa malaya Leno investigadas por el juez Carretero dentro del caso de las mascarillas.
Ante los abogados personados, el fiscal y su defensa, se ha acogido a su derecho a no declarar. A su salida, se ha parado amablemente unos minutos ante los periodistas que le esperaban y se ha limitado a agradecer su trabajo.
Al empresario se le investiga por una presunta estafa al Ayuntamiento en la venta de mascarillas y otros productos sanitarios. A raíz de estas pesquisas judiciales, el juez ha extraído una pieza separada ante la aparición de nuevos indicios de delito.
Primero estaba llamada a testificar la perito de la Agencia Tributaria que elaboró el informe económico que apunta a la existencia de un posible delito fiscal, trabajo que ha sido ratificado ante el instructor.
El informe concluye que el investigado había dejado de ingresar en las arcas públicas en relación al IRPF de año 2020 la cantidad de 1.351.386 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento”.
Luceño no pudo imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest “porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones”, y por lo tanto aprecia “indicios de la comisión de un delito fiscal agravado del que habla el Ministerio Público”.
En la pericial, la experta ha insistido a preguntas de los abogados que el investigado no tenía ninguna voluntad de pagar a Hacienda y que incluso les ha trasladado que regularizará la cantidad supuestamente defraudada en el año 2020 cuando haya sentencia firme en el caso de las mascarillas.
“Takamaka lo constituyó dos meses después. Había una intención de defraudar a Hacienda”, ha reseñado la perito ante el magistrado y las partes personadas, según apuntan fuentes jurídicas.
La perito ha apuntado ante Adolfo Carretero que Luceño podría incluso incurrir en un delito contable al carecer de libros que recojan los ingresos contables por ejercer una actividad profesional.
La abogada Nuria Zapico, que representa a la acusación popular de Más Madrid, ha destacado que la perito ha sido “muy tajante” en afirmar que Alberto Luceño no tenía intención de pagar a la Agencia Tributaria.
“Ella explica que es una actividad que realiza a título personal y está obligado a abonar esos tributos. Lo hizo luego cuando Hacienda se lo dice pero a través de Takamaka, pero no estaba constituida. Y esto es una irregularidad”, ha reseñado.
Falsedad documental
En relación a la falsedad en documento oficial, el juez esgrime en su auto que la imputación se basa en un informe de la Policía Nacional que apuntaba a la manipulación de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.
Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento señala que “existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social”.
En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para así facilitar que cerrara los contratos en China ante los obstáculos que ponían las autoridades de este país.
El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.
Registro de la vivienda
El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que ponía “agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)” y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.
El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.
Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.
