La elección del exministro Juan Carlos Campo y de la que fuera asesora en Moncloa Laura Díez para ser los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por la cuota del Gobierno ha sorprendido por igual a vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión del Gobierno complica el acuerdo aún pendiente en el Poder Judicial para designar a los otros dos magistrados que corresponde renovar en este momento.
Los perfiles elegidos “no ayudan”, dada su fuerte carga política, y el movimiento del Gobierno, lejos de suponer una presión para acelerar el consenso en el órgano de gobierno de los jueces, contribuirá más bien a lo contrario, a enturbiar las negociaciones y dar una nueva excusa a los vocales designados por el PP para continuar con el bloqueo, señalan fuentes del Consejo consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
Si bien el Gobierno no tenía tope de tiempo alguno para designar, los miembros del CGPJ vienen incumpliendo el plazo legal para realizar estos nombramientos desde el pasado 13 de septiembre.
El Gobierno justifica su decisión en la situación de bloqueo injustificado por parte del CGPJ, cuyo sector mayoritario viene utilizando diferentes excusas para explicar las dificultades para elegir a sus magistrados -que deberían ser uno conservador y otro de sensibilidad progresista-.
Estos pretextos han pasado por la visita del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders; esperar la decisión del Tribunal Supremo sobre la elección de Rafael Mozo como presidente suplente del órgano, la falta de candidatos idóneos y la necesidad de cambiar la metodología en las negociaciones.
En todo caso, la renovación de la sexta parte del Tribunal Constitucional que queda aún pendiente pasa a estar ahora, en exclusiva, en el tejado del Consejo, que en los próximos días recibirá una comunicación del propio órgano de garantías para que tomen conocimiento oficialmente de la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y forzar así a los vocales a desbloquear la situación.
Simple comunicación del TC
Fuentes del sector conservador señalan a este diario que, en principio, no tienen por qué sentirse interpelados por el TC. “Nos van a comunicar que el Gobierno ha designado a sus magistrados para que lo sepamos, pero no nos van a preguntar nada”, señalan estas fuentes, que observan con “curiosidad” la actitud del Gobierno en todo este procedimiento.
“No creo que les interpele nada que no sea lo que les llegue de Génova”, apuntan sobre el futuro más inmediato desde el sector progresista.
Por el momento, el plan del TC pasa por descartar una renovación parcial y esperar al CGPJ, por lo que previsiblemente no dará ningún paso hasta después del próximo 22 de diciembre, día en el que se celebra un Pleno del órgano de gobierno de los jueces que incluirá en su orden del día las designaciones para el Constitucional.
La inclusión de este punto no asegura, sin embargo, que los nombramientos vayan a realizarse, según reconocen los vocales consultados.
En el sector conservador el perfil político de Campo y Díez no ha gustado, pero entre los progresistas tampoco, ya que esperaban que se hubiera elegido magistrados -a ser posible dos mujeres- con una solvencia ampliamente aceptada en el ámbito académico.
“Tengo una lista de al menos 15 catedráticos respetadísimos en el entorno académico y judicial, y no ya progresistas, sino gente próxima al PSOE”, señala a este diario una de las fuentes consultadas.
Otras fuentes lamentan que se haya optado por un exministro cuando el PSOE y el PP habían alcanzado, antes de que el pacto para renovar el CGPJ saltara por los aires, unos puntos mínimos de acuerdo en relación con la despolitización de las instituciones y para evitar las puertas giratorias en la Justicia.
Los interlocutores de ambos sectores volverán a reunirse este miércoles para tratar de avanzar en un acuerdo de cara al 22 de diciembre, y será entonces cuando se conozca hasta donde han cambiado las cosas tras la última decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
