Pese a haber optado por la huida de España, cuando todavía en el otoño de 2017 le citó la Audiencia Nacional, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont nunca ha descuidado la batalla judicial en Europa. Ahora mismo aún cuenta con media docena de procedimientos abiertos ante la justicia europea, sin contar la causa principal por su responsabilidad en el procés, que le aguarda en el Tribunal Supremo para cuando esté a disposición de las autoridades españolas.
Además, dentro de una estrategia de defensa consistente en recurrir todo lo recurrible, poco habitual es que haya un pleno del Tribunal Constitucional que no rechace alguno de sus recursos contra todas las decisiones judiciales y de la Junta Electoral Central (JEC) que se han ido dictando en su ausencia en relación con su escaño en el Parlamento Europeo y la inmunidad. En función de las decisiones que se vayan adoptando en las distintas instancias judiciales, estos son los escenarios que tiene ante sí Puigdemont.
Volver a España
Toda la estrategia de defensa de Puigdemont comparte objetivo: regresar a Cataluña lo antes posible. Ese será su siguiente paso si el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) estima sus demandas contra el Parlamento Europeo por no haberle defendido suficientemente y haber concedido el suplicatorio cursado por el juez del Supremo Pablo Llarena. Ello supuso el levantamiento de la inmunidad que le protegía en el resto de países europeos. Dentro de España, el instructor del procés no lo solicitó al entender que no era preceptivo para proceder a su arresto, medida que se adoptará en cuanto ponga un pie a este lado de la frontera con independencia de lo que resuelva la justicia europea, según señalan fuentes del alto tribunal.
Gran parte del debate que se desarrolló durante las vistas celebradas en el Tribunal General los pasados 24 y 25 de noviembre entre el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el representante del Parlamento Europeo y la Abogacía del Estado española versó sobre la inmunidad concreta que Llarena pidió que fuera levantada; el juez del Supremo dejó al margen la relativa a España porque Puigdemont ya había sido procesado por sedición cuando fue elegido eurodiputado y la autorización de la Cámara solo es preceptiva con anterioridad.
Recurrir ante el TJUE
Si el TGUE da la razón al Parlamento Europeo, cuyo representante alegó durante la vista del pasado día 25 que en su opinión se le había concedido la condición de diputado “probablemente de forma ilegal”, puesto que España no le reconoce la credencial, al no haber acatado la Constitución de forma presencial en el Congreso, Puigdemont piensa recurrir la sentencia ante el tribunal superior: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un movimiento que fuentes de su defensa no creen que también haga la Cámara en caso de una resolución adversa a sus intereses. Por eso, Puigdemont tiene previsto volver a España en cuanto falle el TGUE.
A la espera de otra reclamación
El otro procedimiento importante del que está pendiente Puigdemont para adoptar sus próximas decisiones es el relativo a las cuestiones prejudiciales que planteó el juez Llarena en relación con las euroórdenes. El magistrado español elevó al TJUE una serie de preguntas tras la negativa belga a entregar al exconseller Lluís Puig al entender que el Supremo no era el tribunal competente para investigarle y juzgarle.
El primer asalto de esta batalla judicial fue ganada por el Supremo, al declarar el abogado general de la Unión Europea que un país solo puede denegar una entrega ante vulneraciones sistémicas de derechos humanos, lo que no ocurre en España. La sentencia definitiva se espera para final de año, aunque podría retrasarse en el improbable caso de que se acepte la petición de la defensa de Puigdemont de reabrir la fase oral por la aparición de nuevos hechos relevantes, en referencia al espionaje que dice haber sufrido a través del software Pegasus.
Si el TJUE da la razón a Llarena, este podrá volver a instar la entrega de los huidos, aunque Bélgica pueda negarse de nuevo a admitir la reclamación española. Lo único que tendría que hacer es utilizar argumentos distintos a los descartados por la justicia europea.
