LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el principal líder de la oposición boliviana, fue ingresado el viernes a un penal en las afueras de La Paz para cumplir cuatro meses de detención preventiva por cargos de terrorismo mientras su región inició una huelga con cortes de rutas y vigilas.
Camacho fue llevado al penal de Chonchocoro, a 25 kilómetros de La Paz, tras finalizar la audiencia de medidas cautelares en la que el juez Sergio Pacheco ordenó su prisión preventiva ante un posible riesgo de fuga y mientras avanza la investigación. El gobernador estará aislado del resto de la población del penal, según información de la policía.
“Nunca me voy a rendir en esta lucha por la democracia de Bolivia. A los bolivianos les digo que no dejemos que nos impongan una dictadura como en Venezuela y Cuba”, dijo el gobernador en la audiencia virtual.
Camacho es investigado por presunto terrorismo por su participación en la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones consideradas como fraudulentas. Lideró masivas protestas que duraron 21 días y dejaron 37 fallecidos en las calles que obligaron a renunciar a Morales después de que los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciaran vicios en los comicios.
Chonchocoro es un penal de máxima seguridad adonde son llevados los delincuentes peligrosos. Está a 3.900 metros de altitud en la fría región del altiplano.
La oposición condenó la detención de Camacho y denunció que no se ajustó al debido proceso. “El secuestro violento e ilegal del gobernador Camacho es indignante. Viola principios constitucionales y muestra la decisión del gobierno de continuar la persecución a líderes opositores con cualquier disfraz jurídico”, tuiteó el expresidente Carlos Mesa, líder de la centrista Comunidad Ciudadana.
Para el abogado del gobernador, Martín Camacho, el juez no valoró las pruebas de descargo que presentó la defensa “para desvirtuar riesgos procesales como el peligro de fuga y obstaculización de la justicia”, que son las causales para la prisión preventiva. La Fiscalía, que había pedido seis meses de prisión preventiva, dijo que se cumplieron “todos los procedimientos legales”.
Para el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera Morales, la decisión del juez “es un acto de justicia para las víctimas que aún lloran a sus seres queridos muertos en el golpe de Estado”, según dijo la diputada Deisy Choque. Ese partido es el principal acusador de Camacho.
La ciudad de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y reducto de la oposición, vivió una ola de disturbios tras la detención de Camacho el jueves. Manifestantes quemaron varias oficinas públicas -entre ellas la fiscalía y la casa de un ministro del presidente Luis Arce-. La policía reportó una veintena de detenidos.
El paro convocado por el Comité Cívico de esa región para el viernes aún no se sentía con mucha contundencia. No obstante, la región estaba aislada por cortes de correteras que ejecutan simpatizantes del gobernador. En el resto del país la situación era de tranquilidad.
La detención de Camacho sorprendió a los líderes de esa región que busca recuperarse de los 36 días de paro entre octubre y noviembre que lideraron Camacho y el Comité Cívico en contra del gobierno de Arce, heredero político de Morales, para reclamar un censo de población que permitirá a la región aumentar escaños en el Legislativo y tener más peso frente el poder político de La Paz, la sede el gobierno.
“Vamos a dar una respuesta contundente al gobierno y vamos a promover una denuncia internacional”, dijo el vicepresidente cívico Stello Cochamanidis.
Cuando Camacho lideró las protestas contra Morales era presidente del Comité Cívico de su región.
Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019 en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo. Pero la oposición sostiene que fue una rebelión popular ante el fraude que derivó en una sucesión constitucional tras la renuncia de Morales. De hecho, la Asamblea Legislativa siguió funcionando hasta las elecciones que fueron ganadas por Arce en 2020.
Por esos hechos fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Jeanine Áñez y más de medio centenar de líderes opositores y militares están en prisión y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.
