España no como destino turístico, sino como el país en el que poder trabajar. De esta manera seis mujeres paraguayas compraron un billete de 1.800 euros, de solo ida, con destino la localidad zaragozana de Garrapinillos. Allí acabaron ejerciendo la prostitución hasta que la Guardia Civil activó un dispositivo que culminó con la liberalización de todas ellas, la detención de la pareja que regentaba el club y la clausura del mismo. Cuando los agentes entraron en el mismo para realizar una inspección, los nervios de una de ellas les hizo sospechar y al final afloró un caso de presunta explotación sexual que está siendo investigado. Todo pese a estar forrado con carteles con teléfonos como el 016 para víctimas de la violencia machista o del 091 de la Policía Nacional y el 062 de la Guardia Civil.
La operación Madonis, que fue adelantada por El Periódico de Aragón, del grupo Prensa Ibérica, el pasado mes de diciembre, ha dejado de estar bajo secreto judicial y el instituto armado amplió este sábado la información con más detalles de las pesquisas realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza. La investigación, se inició en junio del pasado año cuando la Guardia Civil realizó una de las inspecciones rutinarias en este local donde se ejerce la prostitución, todo ello enmarcado en una directiva relativa a actuaciones contra la trata de seres humanos. Durante la inspección, los agentes observaron cómo las tres mujeres que allí se encontraban trabajando, junto con otra que desempeñaba funciones de responsable, se mostraron muy nerviosas ante la presencia de la Guardia Civil. Al mismo tiempo que las preguntas realizadas a las trabajadoras eran respondidas principalmente por la responsable que controlaba las respuestas de sus empleadas
Por todo ello, los agentes procedieron a realizar una entrevista con estas mujeres a solas para determinar la real situación en la que se hallaban, percatándose que las tres mujeres nada más llegar a España fueron trasladadas directamente al local para explotarlas sexualmente. Asimismo, los agentes pudieron comprobar que estas mujeres apenas salían del establecimiento y que sus pasaportes tenían números correlativos así como la misma fecha de entrada en este país, estando todas ellas en situación irregular.
La Benemérita destaca que una de las víctimas se encontraba enferma, muy demacrada y a pesar de la obligaban seguir trabajando. Por tal motivo, la Guardia Civil inició una investigación poniéndose de manifiesto que se trataba de un caso de explotación sexual por parte del responsable del local junto con su pareja sentimental, que desempeñaba las funciones de madame, con la colaboración de una mujer en Sudamérica que sería la encargada de captar a las futuras víctimas.
Modus operandi
El modus operandi de esta red consistía en captar a chicas extranjeras en sus países de origen. Para ello, una mujer relacionada con la encargada del local de Garrapinillos se encargaba de ofertar a chicas jóvenes viajar a España para trabajar como camareras de bar o como scort, donde ganarían dinero y estarían bien cuidadas.
Estas mujeres, vulnerables por su situación económica en su país no podían costearse el gasto del viaje a nuestro país, por lo que la red les facilitaba los billetes de vuelo hasta Madrid, trámites de los pasaportes, alojamientos de hotel y dinero de manutención. Una vez con la documentación necesaria para el viaje, eran aleccionadas de lo que tenían que decir en los controles de los aeropuertos (su viaje era de turismo, tenían reserva de hotel e incluso que habían realizado estudios en su país de origen).
Al llegar a España, o bien eran recogidas en el propio aeropuerto o tras coger un autobús a Zaragoza eran recogidas por el propietario del establecimiento de Garrapinilos para trasladarlas directamente a dicho local, donde esperaba su pareja para informarles en qué iba a consistir su trabajo real en España.
Asimismo, eran informadas en ese momento de la deuda que habían adquirido con los responsables de la red, que oscilaba entre los 1800 y 3000 euros, y que para abonar la misma todos los trabajos que realizasen con los clientes serían cobrados íntegramente por la responsable del local hasta saldar la deuda. Para ello, les informaban que tenían que alojarse en el propio establecimiento, no pudiendo salir del mismo si no era con permiso y sin poder relacionarse con nadie externo a su trabajo, estando permanentemente controladas por los responsables de la red. Las víctimas, ante la deuda económica contraída no tenían otra salida que ejercer la prostitución, encontrándose incluso con miedo ya que la responsable del local, continuamente les decía que al encontrarse en situación irregular, si efectuaban salidas y eran identificadas por la Guardia Civil, las deportarían. Para llevar a cabo la actividad la organización guardaba fuertes medidas de seguridad, como el control visual por cámaras de videovigilancia, un perro de raza peligrosa para guardar el inmueble, o el traslado de las chicas por los propios integrantes de la red, estando todo el tiempo acompañadas por ellos.
Ante estos hechos, los investigadores realizaron un registro en el local de Garrapinillos, donde fueron detenidos los dos responsables de la red (propietario del local y la madame). A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal para la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la inmigración irregular. Durante la investigación se pudo determinar que la única finalidad de esta red era obtener beneficios económicos, no preocupándose por la salud ni seguridad de sus empleadas, a las que obligaban a trabajar incluso estando enfermas y eran aleccionadas al consumo de drogas si los clientes se lo pedían o a que no se defendieran ante algún tipo de agresión por los clientes. Las seis víctimas liberadas actualmente se encuentran en ONGs.Los detenidos, R. P., de origen español, y M. M. A., de origen argentino, fueron arrestados, siendo el primero de ellos puesto en libertad provisional por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, tras así solicitarlo sus abogados defensores, José Luis Melguizo y Claudia Melguizo, quienes pusieron en duda determinados detalles de la investigación porque algunas de ellas “sabían que viajaban a España para prostituirse” y porque la cámara de seguridad que había en el local “se puede observar el ir y venir de las mujeres sin vigilancia alguna”.
