El inédito alzamiento contra el orden constitucional del presidente de la Nación al negarse a cumplir un fallo de la Corte y de catorce gobernadores peronistas partícipes como instigadores de ese desacato (conviene recordarlos para la historia: Kicillof, de Buenos Aires; Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Uñac, de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego y Osvaldo Jaldo, de Tucumán), vino acompañado de una retórica pretendidamente federal, de defensa de los recursos de las provincias y de victimización por el supuesto favorecimiento a la CABA en desmedro de las demás provincias.
No hubo gobierno que haya practicado mayor unitarismo fiscal que el de Cristina Kirchner, con la complicidad de todos ellos.
Cuando en 1993 el gobierno peronista de entonces (con el acompañamiento del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner) privatizó el sistema jubilatorio creando las AFJP, estas últimas pasaron a recaudar el grueso de los aportes y contribuciones de la seguridad social.
La Anses quedó así desfinanciada y mermada su capacidad para pagar todos los meses a millones de jubilados y pensionados que habían obtenido su beneficio con anterioridad bajo el sistema estatal de reparto.
Para paliar ese déficit se firmó el Pacto Fiscal de 1993, que entre otras cosas detrajo de la masa coparticipable el 15%, con lo cual fueron las provincias las que resignaron coparticipación para tener en pie al sistema previsional nacional.
En 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, los mismos peronistas que habían privatizado las jubilaciones las reestatizaron, liquidaron las AFJP y confiscaron las cuentas de capitalización de los beneficiarios, cuyos fondos pasaron a la Anses.
Y en lo que a los fines de estas reflexiones interesa, la Anses volvió a recibir los fondos de aportes y contribuciones de la seguridad social.
No había ya motivos ni fundamentos jurídicos para que a las provincias se le continuase quitando el 15% de la coparticipación. Se había extinguido la causa que en el Pacto Fiscal de 1993 habilitaba la quita de coparticipación.
Sin embargo, el gobierno de Cristina Kirchner siguió quedándose con esos fondos todos los meses. Y los gobernadores peronistas agacharon la cabeza y aceptaron esa ilegal apropiación sin chistar. No hubo entonces declamaciones de federalismo.
Solo las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis plantearon acciones judiciales ante la Corte.
El fallo recién se dictó el 24 de noviembre de 2015 (“Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”) –pocos días antes de terminar su gobierno- y, por supuesto, fue favorable a la provincia de Santa Fe (luego se sumarían similares resoluciones a favor de Córdoba y San Luis).
Lo tuvo que cumplir el presidente Macri, quien lejos de alzarse contra la sentencia de la Corte convino con todos los gobernadores la restitución del 15% a todas las provincias, incluidas aquellas que no habían promovido demandas y respecto de las cuales no existía esa obligación hasta que no se dictase un fallo a su favor.
Salieron favorecidos los gobernadores que durante el gobierno de Cristina Kirchner en lugar de pelear por el federalismo habían guardado un silencio pusilánime y de sometimiento al gobierno nacional.
Gracias a esa restitución de coparticipación la mayoría de las provincias revirtieron sus déficits fiscales a partir de 2017, lo cual demuestra la incidencia que tenía la ilegal apropiación de recursos de las provincias que llevó a cabo todos los meses desde 2008 el gobierno kirchnerista.
Si hablamos de precedentes jurídicos y políticos en esta materia, corresponde también tener presente lo actuado por estos mismos catorce gobernadores peronistas que instigan al presidente de la Nación para que desacate un fallo de la Corte, cuando en 2019 el presidente Macri dictó los decretos 567 que eximió el IVA a los productos de la canasta básica y el 561 reduciendo el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría.
Con total insensibilidad por la situación social cuestionaron esos decretos con el argumento de que implicaban una caída de la recaudación de impuestos coparticipables y que ello afectaba los ingresos de sus provincias.
Llevaron el caso a la Corte y muy rápidamente (no siete años después como en el caso de la quita del 15% de Cristina Kirchner, ni tampoco dos años después como en el caso de la quita de fondos a la CABA, sino pocos días después de emitidos los decretos) el tribunal resolvió el 1° de octubre de 2019 en el caso “Entre Ríos c/ Estado Nacional” que el gobierno nacional debía garantizar a las provincias la remisión de los fondos resultantes de la menor recaudación (a ese fallo se sumaron ese mismo día los que favorecieron a las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, Formosa, San Juan, Santa Cruz, San Luis y Misiones).
La Corte sentó allí los estándares relativos a la coparticipación federal de impuestos que ahora aplicó en el fallo que favorece a la CABA, y que son el del carácter convencional del régimen (ninguna de las partes puede alterarlo unilateralmente) y el de intangibilidad de los fondos que reciben los Estados provinciales.
Ahora acusan a la Corte por un fallo que invoca los mismos fundamentos empleados en un fallo que los favoreció.
Por supuesto, el gobierno de entonces acató el fallo.
Y a los pocos meses quedó demostrado que la retórica federalista de esos gobernadores era falsa, ya que cuando sesenta días más tarde asumió el gobierno de Alberto Fernández todos ellos firmaron el Consenso Fiscal de diciembre de 2019 desistiendo de los juicios ¡pese a que estaban ganados!
Con Macri de presidente esos fondos eran imprescindibles para las provincias y el federalismo estaba en peligro. Con Alberto Fernández de presidente esos fondos ya no eran relevantes y podía quedárselos el gobierno nacional.
Está todo dicho.
Como puede apreciarse, se ha montado una parodia en la que más allá de la gravedad institucional que implica que el presidente de la Nación y catorce gobernadores sienten el precedente de desobediencia de fallos firmes de la Corte Suprema, se da el absurdo que esos mismos gobernadores defiendan que el gobierno nacional pueda unilateralmente (no importa si por decreto o por ley) sacarle coparticipación a un distrito (en este caso CABA) para dársela a otro distrito (en este caso provincia de Buenos Aires).
Los fondos que el gobierno nacional le quitó a CABA no fueron para ser distribuidos entre todas las provincias, sino que se destinaron solamente a Kicillof. Los gobernadores instigadores de esa medida ilegal se están pegando un tiro en el pie, porque avalar ese proceder genera un precedente que puede volverse contra cualquier otra provincia en el futuro.
Queda demostrado entonces que los gobernadores peronistas no actúan defendiendo el federalismo. Lo entregan cuando el gobierno nacional es peronista y lo proclaman cuando gobierna a nivel nacional otro signo político.
Y en el camino se llevan puesto el Estado de Derecho al propiciar una rebelión contra la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Exdiputado nacional (UCR-Chubut)
