La adjudicación a las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, de los contratos para acondicionar los cuarteles de trece comandancias de la Guardia Civil en toda España -que se incrementaron tras el nombramiento como Subdirector General de Apoyo del teniente general Pedro Vázquez Jarava a finales de 2015- tuvo como consecuencia todo un rosario de chapuzas y deficiencias en las dependencias del instituto armado, como la realización de trabajos de pintura sin retirar antes los cuadros de las paredes, la aparición de manchas de salitre tras la intervención o falta de enchufes en las habitaciones reformadas.
A la espera del informe pericial que debe realizar Patrimonio Nacional sobre la totalidad de los locales afectados por las obras, que permitieron a ‘Mon’ facturar hasta 3,3 millones de euros, el sumario del caso Cuarteles al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica permite acreditar muchos de estos vicios en las obras realizadas.
En el caso de los 26 cuarteles de la provincia de Ávila, las chapuzas se detallan tanto en el informe que entregó en agosto de 2019 la perito arquitecta comandada por el juez de Ávila que inició la investigación como como en las declaraciones de los responsables de los cuarteles afectados.
En Arenas de San Pedro, por ejemplo, el jefe de puesto reconoció en sus declaraciones a los investigadores de Asuntos Internos que los trabajos fueron “una chapuza, ya que ni siquiera retiraron los cuadros colgados en las paredes”. El responsable de las dependencias en Pedro Bernardo realizó un relato similar y afirmó que los trabajadores de Mon “únicamente pintaron el cuarto de puertas, y ni siquiera quitaron el cuadro de Rey”, a lo que añadió que se presentaron dos hombres que tardaron en hacer su trabajo entre hora y hora y media.
Cuarteles a dos colores
Este modo de operar sin quitar los elementos de las paredes se repitió en otros cuarteles, como en Barco de Ávila, donde sí se retiraron algunos carteles por insistencia del jefe de puesto. En El Tiemblo, a los guardias les chocó que los pintores no movieran el armario del cuarto del comandante antes de ponerse a pintar y que únicamente se actuara sobre el trozo de pared que dejaba al descubierto este mueble. En otro pueblo, El Barraco, los de ‘Mon’ dejaron el cuartel pintado de dos colores, pues usaron el blanco cuando el resto de las dependencias estaban en crema, mientras que en otros acuartelamientos se usó la brocha sin lijar la pared ni retirar siquiera las grapas que había en varias superficies.
Otra de las declaraciones que Asuntos Internos destaca como relevante es la del jefe de puesto del cuartel de Navarrendonda de Gredos, que manifestó que “los operarios que hicieron las obras se personaron sin ningún tipo de material de pintura”, por lo que hubo que ayudarles para la adquisión de este producto en comercios de la zona”. También tuvieron que acompañarles los agentes para el “alquiler de la maquinaria e incluso para los hoteles de alojamiento, ya que no disponían de ningún material al uso”.
Pese a que el propio Mon declaró ante Asuntos Internos que los encargados de llevar a cabo los trabajos en los cuarteles de Ávila eran cuatro personas, la realidad es que en conversaciones con los subordinados del jefe de la comandancia y también imputado en esta causa Carlos Alonso, el empresario confesó que uno de estos trabajadores tuvo que ser despedido por motivos profesionales, otro causó baja voluntaria “y al final acabaron haciendo estas labores de pintura dos personas: un empleado sudamericano y un sargento de la Guardia Civil en situación de retiro”.
La chapuzas se repiten a lo largo del extenso informe de la perito arquitecto, que descubrió que en algunos casos se habría cobrado por encima del 40 y 50 por ciento del precio de las obras ejecutadas utilizando la base de precios del Colegio Oficial de Aparejadores de Guadalajara.
Según apunta la experta, en el cuartel de Navarredonda de Gredos se debería haber ejecutado el proyectado de corcho del exterior del zócalo del edificio, pero ni se hizo ni se impermeabilizó la cubierta como sí se cobró. De hecho, los obreros de las empresas de ‘Mon’ dejaron sin arreglar “importantes daños visibles en la fachada posterior”. En este caso las obras del empresario canario facturaron 41.302 euros cuando solo ejecutaron 20.842.
Falta de previsión
La lista de fallos y de arreglos no ejecutados es muy extensa. En las obras del cuartel de Árevalo no se dejó previsto ningún enchufe de secamanos, tal y como apunta la perito, que destaca que eso será ahora “más costoso y demuestra falta de previsión”. En Adanero, se quitaron los carteles de los extintores, pero se dejó la pintura de color beige que había debajo y no se pintó de blanco como se había pintado toda la habitación.
En Cebreros, algunas de las chapuzas encontradas fueron dejar restos de la cinta de carrocero en lugares donde se había trabajado o que la pintura del despacho del comandante de puesto tuviera diferentes tonalidades, lo cual demuestra que no se pintó entera. En Arenas de San Pedro se dejaron manchas de salitre en algunas de las paredes supuestamente repintadas. Otra de las ‘estafas’ es la del uso del producto ‘estrella’ para imperbeabilizar que, según el teniente coronel Alonsom habría justificado la contratación de las empresas canarias para hacer las obras pese a estar tan alejadas del entorno en el que están situados los cuarteles. Supuestamente, Mon disponía de “un producto único y novedoso para combatir las humedades” de los edificios y que tenía un componente de corcho.
Sin embargo, los peritajes y las declaraciones han acreditado que ninguna de las obras de impermeabilización de fachadas y cubiertas mediante la aplicación de corcho proyectada por el contratista Ángel Ramón Tejera de León cuenta con la garantía de diez años ofrecida por la empresa que fabrica este material, denominado Decoproyec.
Quejas en Alicante y Castellón
Las chapuzas se extendieron también por cuarteles reformados por Mon en la Comunidad Valenciana. Así, consta que un comandante del cuartel de Jacarilla (Alicante) llegó a enviar en 2016 un correo electrónico para dejar constancia por escrito de sus quejas sobre la carpintería metálica de rejas exteriores realizada en este lugar. “Solo se ha procedido a pintar de negro su zona exterior (no se ha pintado la zona interior de ninguna reja, observándose óxido en alguna de las mismas)”, indica este correo.
Asimismo, recalcó que en la fachada principal se habían pintado zonas “sin haber sido saneadas previamente”. “No han sido picadas ni se ha aplicado ningún tipo de armadura de fibra sobre las mismas”, añadió, al tiempo que relató también que ya se apreciaban “grietas” en varias ventanas. Y agregó: “En cuanto al mástil de la bandera, quedan partes sin pintar de negro“.
Por otro lado, un capitán que estuvo destinado en el cuartel de Vall de Uxó (Castellón) aseguró también que una serie de obras que se facturó nunca llegó a ejecutarse y que las que sí se hicieron no fueron profesionales: “Casi todos los cristales se quedaron con restos de proyectado e incluso con el tiempo algunos puntos se fueron desconchando”.
En el caso de la Comandancia de Tenerife, los investigadores organizan las obras defectuosas en cinco bloques. Detectaron concretamente ocho casos en los que no se ejecutó alguna de las unidades facturadas por Angrasurcor, Solocorcho (empresas de ‘Mon’) o por el pintor subcontratado en Alicante ( y también investigado en la causa) y por las que se habían cobrado un total de 38.727 euros para el picado, retirada de escombros y enlucido de paredes en los acuartelamientos de la Victoria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Los Llanos de Aridane, Fasnia, e Icod de los Vinos.
En otros diez casos la actuación de las empresas solo se limitó a zonas puntuales, pese a que se había facturado por 51.078 euros . También se detectaron dos casos en el que el número de unidades de obra está “sobredimensionada” por un total de 70.859 euros en Playa de Santiago y La Laguna, pues las superficies facturadas eran superiores a las reales de los cuarteles; mientas que en Los Llanos de Aridane y Valverde del Hierro se habla de “ejecución deficiente” al no aplicarse la resina que constaba en la factura, pese a que se cobraron 13.546 euros por la pintura de la fachada.
