En junio de este año el Parlamento Europeo aprobó el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM por sus siglas en inglés), que gravará los bienes importados con alta huella ambiental. La medida, que entrará en vigencia en forma paulatina desde el 1 de enero de 2023, afectará en principio las exportaciones de un grupo de productos intensivos en carbono como hierro, acero, cemento y fertilizantes, y se extenderá a otros como maderas, papel y alimentos.
Si bien está sujeto a revisión por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el CBAM se enmarca en los compromisos asumidos por los países de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55% al 2030 tomando como base el año 1990 y llegar a la carbono neutralidad para 2050.
Su implementación busca evitar un fenómeno conocido como “fuga de carbono”, que ocurre cuando las empresas tercerizan o trasladan su producción a países con normativas ambientales y controles menos exigentes, y terminan importando esos bienes producidos a menor costo pero con una elevada huella ambiental. Esto genera que “hoy los países desarrollados consumen más emisiones de gases de invernadero de las que producen”, destaca Mariana Conte Grand, economista senior del Banco Mundial.
Actualmente, “los impuestos de frontera al carbono no implican una amenaza significativa para las exportaciones argentinas ya que afectan a bienes industriales que no son tan relevantes en nuestro comercio exterior. Sin embargo, el impacto será mayor en un futuro cuando se incorporen bienes agrícolas, y más aún si en vez de las emisiones directas se consideran las de toda la cadena del producto”, evalúa la economista.
Poniéndolo en números, “las exportaciones de la Argentina a la Unión Europea representan cerca del 15% del total. Y aunque este porcentaje no parezca significativo, el 50% de lo que se exporta a Europa son productos alimenticios, en su mayoría catalogados como “sensibles” por su alta huella de carbono; principalmente carnes, cueros y vinos”, apunta por su parte Vanesa D’Elia, profesora de Economía en la Ucema y coautora de un trabajo sobre “el impacto de la fuga de carbono en las exportaciones argentinas”.
El mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM) responde al Pacto Verde Europeo (Green Deal), que se lanzó en 2021 para impulsar una recuperación económica pospandemia en clave sustentable y cumpliendo los objetivos climáticos a partir de la reducción de emisiones de gases de invernadero.
El sistema funciona de dos maneras: a través de un impuesto o tasa; o a partir de la obligación de pagar permisos o comprar certificados de reducción de emisiones de carbono en países que tengan mercados de carbono regulados.
En la práctica, “los importadores de la UE comprarán certificados de (reducción de emisiones de) carbono correspondientes al precio que se habría pagado si los productos se hubieran producido de acuerdo a las normas de la UE. Pero si un productor no comunitario puede demostrar que ya ha pagado un precio por el carbono utilizado en la producción de los bienes, el costo correspondiente puede deducirse para el importador europeo”, detalla Alejandro Diz Ramos, consultor en Economía Ambiental de SMS Sudamérica.
En cuanto a su implementación, el CBAM avanzará gradualmente: “A partir de 2023 se aplicará a los productos seleccionados un sistema simplificado, en el que los importadores tendrán que notificar las emisiones incorporadas en sus productos sin pagar un ajuste financiero. Una vez que el sistema sea plenamente operativo en 2026, los importadores de la UE tendrán que declarar anualmente la cantidad de emisiones incorporadas en el total de mercancías que importaron a la UE en el año anterior, y comprar la cantidad correspondiente de certificados.
Proteccionismo Verde
Cada vez más, las políticas de mitigación del Cambio Climático se traducen en medidas que impactan en el comercio. “Sea para reducir las asimetrías en las regulaciones o por presión de algunos sectores que temen perder competitividad a manos de jugadores que no aplican normativas climáticas estrictas , los requisitos ambientales están creciendo”, dice Consuelo Bilbao, especialista en Comunicación Ambiental y directora del Círculo de Políticas Ambientales.
“Algunos argumentan que estas prácticas son inconsistentes con el sistema multilateral de comercio y que funcionan como restricciones encubiertas al comercio internacional”, admite la economista y docente D’Elía.
Lo cierto es que los impuestos al carbono y los mecanismos de ajuste en frontera no son las únicas herramientas para evitar el comercio de bienes producidos en forma no sustentable.
En septiembre de este año, el parlamento europeo avanzó en otra regulación que obliga a las empresas a verificar que los productos que entran a la UE cuenten con certificaciones “libre de deforestación”. Esto afecta principalmente a las exportaciones de carne, café, aceite de soja, de palma, maderas y derivados como papel, muebles, vino, cuero y otros productos agroalimentarios. Brasil fue el primer país sancionado en virtud de esta medida, al comprobarse que sus exportaciones de soja provenían de zonas deforestadas del Amazonas.
“Las certificaciones y etiquetados ambientales y sociales: de cuidado de bosques, de huella de carbono, huella hídrica, eficiencia energética, y la trazabilidad de los productos para asegurar las condiciones laborales justas y el respeto por los Derechos Humanos, son por ahora mayormente voluntarias, pero comenzarán a ser exigidas en la medida en que los consumidores están cada vez más informados y conscientes del impacto ambiental de sus consumos”, apunta Bilbao.
Y la Unión Europea no es el único bloque que está aplicando estas exigencias. “Hay propuestas similares o al menos discusiones en Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Canadá”, comenta Conte Grand, desde el Banco Mundial.
De las barreras a las oportunidades
Ante las crecientes exigencias de sostenibilidad en mercados internacionales, “la Argentina tiene un potencial enorme, por su capacidad técnica y profesional sumada a la información fitosanitaria de sus productos de exportación, a la que puede adicionar información ambiental”, sostiene Diz Ramos.
“La clave es tener un política de Estado proactiva y no esperar a que las restricciones arancelarias o para-arancelarias nos sorprendan. Difícilmente podamos competir en el mundo si no contamos con normativas ambientales o no las cumplimos”, apunta el consultor de SMS Latinoamérica. Esta firma acaba de lanzar la plataforma Sigra (Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales), para que empresas y el sector público puedan medir, gestionar y reportar la huella de carbono, hídrica, la generación de residuos y otras incidencias ambientales. El riesgo de no contar con regulaciones y estándares propios de medición del impacto ambiental, es tener que usar los determinados en los países de destino.
“Se argumenta que las reglas para la determinación de la huella ambiental que analiza la Unión Europea no se basan en una definición consensuada que contemple las características de los sistemas productivos y cadenas de valor de los países en desarrollo, sino que siguen criterios establecidos unilateralmente”, advierte D’Elía. De ahí la importancia de que “las empresas se involucren en el diseño y la implementación de ecoetiquetados, y que desde el Estado se las apoye brindando la información y herramientas necesarias”, propone.
Las exigencias de certificaciones y trazabilidad de los productos de exportación es una tendencia en ascenso.
En este marco, los que parecen obstáculos proteccionistas pueden ser vistos como oportunidades para diferenciarse en el mercado internacional, con productos que no compitan por precio, sino por calidad y cumplimiento de altos estándares sociales y ambientales.
