Estaba enfadada la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, el pasado martes. Se lo dijo a los periodistas en la sala de prensa de la Cámara. Estaba enfadada con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, porque unos minutos antes le había comunicado que hasta el 2 de marzo, como mucho, el Gobierno no iba a dar conformidad a la proposición de ley de reforma de los delitos de agresiones sexuales, es decir, a su propuesta para cambiar la ‘ley del sólo sí es sí’.
“Tenemos una iniciativa registrada el pasado 16 de diciembre y calificada por la Mesa el 20. Sólo necesita la conformidad del Gobierno para que pueda ser llevada a la toma en consideración la semana que viene. Empezaríamos –el procedimiento– la semana que viene. En la Junta de Portavoces hemos planteado al representante del Gobierno, al secretario de Estado, la petición del visto bueno porque el martes comenzaría entonces la tramitación. En menos de un mes estaría en el BOE”, contó la también secretaria general de los populares, número dos de Alberto Núñez Feijóo en el organigrama de la formación.
Gamarra destacó que se trata de un procedimiento “urgente” debido a la “alarma social” creada. Recordó que esa expresión, “alarma social”, la han empleado los ministros y cargos del PSOE. Por tanto, si hay alarma social y el Ejecutivo tiene prisa, que use las herramientas que garanticen rapidez. Que use la proposición de ley del PP. Y que negocie sobre esa base.
¿Cuál es la treta?
En lo escrito hasta aquí hay política, porque política también es el control de los tiempos. Es sabido que el Gobierno dispone de varios recursos para asegurarse ese control en el Parlamento.
Quizá el más conocido sea el de las prórrogas de los plazos de enmiendas a una norma, pues pueden solicitarse semana a semana ‘sine die’ hasta que acabe la legislatura. Cuando no interesa tramitar un proyecto de ley (procedente del Gobierno) o una proposición de ley (proveniente de los grupos), los partidos que sujetan al Ejecutivo en la Cámara, ahora PSOE y Unidas Podemos, imponen la ralentización de una norma, su congelación, acaso su olvido. Suele deberse a discrepancias entre las formaciones que esculpen las mayorías parlamentarias. Ejemplos? Por ejemplo, la reforma del artículo 49 de la Constitución o la de la derogación de la ‘ley mordaza’.
Otro recurso no tan conocido, pero usado, vaya que si es usado, es el de la emisión del criterio de conformidad con las propuestas legislativas, que más o menos se llama así en la terminología oficial. Es potestad del Gobierno. Lo regula el reglamento de la Cámara, artículo 126.
La diferencia entre ambos recursos estriba en el momento en que se usa. Mientras las prórrogas sólo pueden aplicarse una vez admitida a trámite la proposición, el de la conformidad se ejecuta antes de la admisión o debate de toma en consideración. Su esencia vive en el equilibrio presupuestario, ya que el Ejecutivo tiene que velar por que las leyes que salgan de la Cámara no descuadren las cuentas públicas. Dispone para ello de 30 días hábiles en el calendario parlamentario.
Y a partir de aquí, el enfado del PP y la sonrisa del PSOE.
Aplicación práctica en la polémica de moda
Una acotación antes de seguir: pasos que hay que dar para que una proposición de ley se convierta en ley en vigor:
1. Registro. 2. Calificación por la Mesa (decir que está todo bien). 3. Conformidad del Gobierno. 4. Elección del cupo temporal de defensa de propuestas por parte del grupo firmante. 5. Aval de la Junta de Portavoces. 6. Debate de toma en consideración en el Pleno. Si se acepta, otro ciclo, el de las enmiendas, la ponencia, la comisión, etcétera.
La del PP para reformar el Código Penal y esos delitos de agresiones sexuales y la ‘ley del sólo sí es sí’, que es lo que se persigue, ha cumplido los dos primeros. Gamarra, por ello, el pasado martes, pidió a Simancas celeridad. Y Simancas le dijo que hasta el 2 de marzo, nada. Puede hacerlo porque justo el 2 de marzo se cumplen los 30 días hábiles en el calendario parlamentario (enero es inhábil y no cuenta, como tampoco cuentan los fines de semana y festivos).
La portavoz del PP, enfadada, anunció que se dirigiría al jefe de Simancas, que es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Fuentes del grupo popular han informado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica que Gamarra le ha enviado una carta, aún sin contestación. La diputada, además, acusó al Gobierno de “electoralismo” y de “sectarismo” porque con la demora del requisito de conformidad buscaba dar prioridad a la inminente proposición del PSOE, esté negociada o no con Unidas Podemos. Es una proposición que no ha visto la luz todavía. La del PP se conoce desde hace mes y medio.
Esto puede ser más o menos subjetivo, lo del “electoralismo”, pero una cosa que dijo Gamarra sí está probada (en parte) por los hechos. Lamentó la portavoz que el Gobierno sea tan raudo con las proposiciones del grupo socialista, generalmente presentadas junto a su socio “morado”. No le falta razón, pero, insistir, en parte.
El agravio
El Congreso terminó 2022 exhausto, entre otras razones, por la celeridad que el Gobierno imprimió a determinadas proposiciones de ley, en especial una, que es justo la que alimenta el enfado de Gamarra.
Así, la propuesta para reformar los delitos de sedición y malversación, registrada el 11 de noviembre conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, calificada por la Mesa el 14 y con conformidad del Ejecutivo en una semana, se tomó en consideración el 24 de ese mismo mes, superó el debate de totalidad el 1 de diciembre y el pleno la aprobó el 15.
En esta línea, la proposición de ley para devolver al Consejo General del Poder Judicial la facultad de designar a los magistrados del Constitucional (otra de PSOE y UP) se registró a finales de junio y a primeros de julio ya tuvo la conformidad del Gobierno. Fue un trámite de lectura único (el más rápido) y, así, salió aprobada dos semanas más tarde.
También fue veloz la emisión de la conformidad con la proposición para acabar con el proxenetismo, una semana tardó, si bien, ahora, esa propuesta está congelada en las prórrogas de las enmiendas.
Efectivamente, fueron tres propuestas que el Gobierno quiso tramitar y tramitó a toda velocidad. Como el portavoz socialista, Patxi López, afirmó que hay prisa también con la futura proposición para corregir la escala penológica de la ley del ‘solo sí es sí’, Gamarra recogió el guante y se reivindicó, y citó incluso una iniciativa del PNV de noviembre del año pasado. Fue la del control previo del CNI. En poco más de dos semanas recibió la conformidad del Gobierno y en un mes aterrizó en la toma en consideración.
Pero la pauta general es la de apurar el plazo. Basta revisar los tiempos a los que se acogen las proposiciones de ley de Unidas Podemos. O las de ERC. Un mes, día arriba, día abajo. Una treta, sí, pero reglamentaria, legal, frecuente y casi siempre igual para todos.
