La crisis política peruana no parece cerrarse con la destitución del presidente Pedro Castillo. Las presiones de los sectores de derecha para que su sustituta, Dina Boluarte, abandone toda pretensión de permanecer en el Gobierno hasta 2026, como establece la Constitución, no se hicieron esperar. Ella ha comenzado a escuchar la sigilosa petición de convocar a elecciones anticipadas.
Si bien la primera jefa de Estado de la historia peruana llamó “a la más amplia unidad de todas y todos” y un “diálogo entre todas las fuerzas políticas”, ningún analista se atrevía a asegurar hasta cuándo será contemplada su reclamación de “tregua”. En su segundo día al frente del Palacio Pizarro se vio obligada a responder a las recomendaciones de acelerar los plazos de la transición. “Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable”, dijo. No obstante, remarcó: “Más adelante y en coordinación con todas las organizaciones estaremos viendo alternativas para mejor reorientar los destinos del país”.
La idea de los comicios anticipados apenas perturba a los congresistas que no quieren perder sus curules. Pero la elite peruana se inclinaría por otra agenda. “El final de Castillo no implica el final de los problemas estructurales”, dijo el diario económico Gestión. La prioridad, añadió, “debe ser recuperar la estabilidad en 2023 y, con ello, la senda de crecimiento económico”. En su editorial le sugirió a Boluarte y a la misma oposición que “harían bien” en “considerar seriamente” no esperar hasta que el actual Gobierno provisional cumpla el período que le correspondía a Castillo.
De acuerdo con el diario limeño La República, “es incierto saber cuánto tiempo durará dicha tregua“. Boluarte tiene algo en común con el antecesor defenestrado: carece de partido y bancada propia en un Parlamento que, desde 2018, se ha devorado a cuatro presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y a Castillo. Esa debilidad de origen la obliga a encontrar soportes con premura. Según el analista Jeffrey Radzinsky, debería apoyarse en los gobernadores regionales. Por lo pronto, la primera prueba de la solidez de Boluarte se conocerá en breve cuando nombre a su gabinete de ministros y, en especial, a su primer ministro, que debe tener el visto bueno de la legislatura. Carlos Meléndez, columnista de El Comercio, le recomendó que no nombre a un “tecnócrata progresista” sino alguien “que le permita conectar con la representación del mundo popular” para compensar la asimetría ante un Congreso “incólume, desprestigiado, objeto de las iras de un país desigual”.
Castillo, vecino de Fujimori
La presidenta provisional no solo debe recomponer las relaciones con los partidos. Uno de sus primeros gestos fue entregarle a la fiscalía toda la documentación que ha encontrado en el despacho que ocupaba Castillo. El mandatario destituido pasó su primera noche en el penal de la Diroes, donde cumple su sentencia el exautócrata Alberto Fujimori, quien el 5 de abril de 1992 tuvo éxito en la osada acción que llevó a Castillo al fracaso: el cierre del Congreso.
Castillo permanecerá al menos una semana como compañero de prisión de “el Chino”. Después será sometido a juicio por sedición. Por ese delito se contemplan penas de hasta 20 años de cárcel. La asonada de Castillo fue tan efímera como lindante con la farsa. Al advertir que sus ministros y los militares lo dejaron solo, decidió abandonar la sede del Ejecutivo por su puerta trasera, en compañía de su familia. En una bolsa llevaba la ropa con la que entraría a la embajada de México. Su propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que lo estaban esperando. El Congreso lo destituyó mientras se encaminaba hacia la sede diplomática. Ese tramo debió recorrerlo como un ciudadano común. Y fue entonces cuando integrantes de su propia custodia recibieron la orden de arrestarlo.
