La misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó Perú a finales de noviembre ha concluido que la institucionalidad democrática peruana “está en riesgo” por la “fragmentación política” que enfrenta el país.
Los hallazgos del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la OEA, que se reunió hasta en 29 ocasiones con distintos poderes del Estado y representantes privados y de la sociedad civil, desvelan que Perú afronta una alta inestabilidad que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país.
Esta inestabilidad se basa, según la OEA, en la alta fragmentación de las fuerzas políticas, en los constantes cambios de formación de gabinetes, el cuestionamiento en el nombramiento de funcionarios, o incluso en los reiterados pedidos de la oposición por recortar el mandato del Ejecutivo y que se adelanten las elecciones.
Asimismo, las mociones de censura presentadas contra el presidente Pedro Castillo (tres hasta la fecha), las múltiples investigaciones judiciales iniciadas contra el jefe de Estado, y la ausencia del diálogo entre los principales actores públicos también agrava la crisis política.
“La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado (…) lo cual puede afectar el normal funcionamiento institucional y generar mayor conflicto y división en la sociedad peruana”, reza el comunicado difundido por el GAN.
“En palabras de un actor entrevistado (cuya identidad ha sido ocultada), existe en la actualidad ‘una guerra civil entre las instituciones públicas'”, continúa la misiva.
Uso excesivo del control político
En su análisis de la situación política del país, la OEA ha mostrado su preocupación por un uso excesivo de herramientas de control político, asegurando que existen acusaciones cruzadas en las que cada parte se acusa de violar la jurisdicción por llevar a cabo acciones fuera de su competencia.
Entre estas medidas de control político, la organización interamericana ha destacado el uso “indiscriminado” de las mociones de censura, la prohibición del Congreso al presidente para que viaje al exterior, así como las recurrentes denuncias constitucionales.
Según ha explicado uno de los actores a la GAN, Perú está ante un proceso de “judicialización de la política y politización de la Justicia”, desvirtuando así el rol y equilibrio de los poderes del Estado.
En este sentido, la OEA ha señalado que esta “confrontación permanente” genera pérdida de credibilidad por parte de la población, que ve a distintos poderes como actores que no velan por sus intereses.
Racismo y rechazo al diálogo
Entre otros asuntos, el Grupo de Alto Nivel ha subrayado, tal y como le han trasladado algunos interlocutores, que la elección de Pedro Castillo como presidente de Perú ha puesto de manifiesto que existen sectores que promueven el racismo.
Según diversos actores con los que se reunió la OEA, algunos poderes políticos del país no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla tradicional, lo que se habría traducido en improperios e insultos hacia la imagen del jefe de Estado.
“Algunos entrevistados sostienen que la discriminación alcanza también a los 55 pueblos originarios y 48 lenguas que comprometen el legado cultural del país, y las cuales merecen respeto y consideración”, reza el comunicado de la OEA.
Con todo, si bien los actores entrevistados han mostrado en general su predisposición al diálogo como “parte esencial del ejercicio democrático”, no lo mantienen con otras contrapartes que consideran cuestionables.
“En la práctica, ello se viene traduciendo en dificultades, no solo en la relación formal entre poderes del Estado, sino incluso en el recurso a instituciones informales tradicionales en el Perú (…) como el Consejo de Estado o el uso del Acuerdo Nacional, que no se han convocado”, ha detallado el GAN.
Las ‘recetas’ de la oea
Más allá de las diferencias, la OEA ha encontrado una convicción generalizada de la necesidad de preservar la democracia y respetar la Constitución y las leyes, por lo que ha enumerado una serie de recomendaciones a los diferentes actores políticos para encauzar la situación.
Entre ellas, se encuentra la convocatoria a una instancia formal de diálogo entre Presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil, todos ellos libres de condiciones.
En este sentido, ha instado al Ejecutivo a que de el primer paso y promueva el diálogo democrático para pactar “las reglas del juego” para consensuar una agenda de gobierno.
Asimismo, la OEA ha recomendado iniciar una “tregua política” mientras se convoca el diálogo y “se llega a un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad”.
En tercer lugar, ha indicado que se debe “respetar la justicia constitucional”. En ese sentido, ha señalado que el Tribunal Constitucional (TC) “es el guardián de la Constitución y debe hacer cumplir lo que la Constitución dispone”.
También ha instado a los actores políticos a asegurar “el pleno respeto a los Derechos Humanos” y a abordar la cuestión de la tolerancia y el respeto a “todas y todos los ciudadanos”, todo ello siguiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por último, el Grupo de Alto Nivel ha hecho un llamamiento a ejercer la libertad de expresión “en sentido constructivo, responsable, imparcial y de respeto hacia todos los actores”.
