La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobará este lunes el dictamen de la Ley Trans, que ha causado una crisis en el seno del Gobierno a causa de la enmienda presentada por el PSOE que limita la autodeterminación de género en los menores de 16 años.
Unidas Podemos rechaza esta propuesta de los socialistas, que han declarado en diversas ocasiones que no tienen intención de retirarla. Pedro Sánchez ratificó esta postura el pasado martes, cuando aseguró que, en su opinión, la seguridad jurídica de la norma se garantiza con la enmienda presentada.
El cisma entre ambas formaciones se evidenció en la manifestación contra los “recortes” a la Ley Trans convocada por varias organizaciones LGTBIQ+ este sábado, durante la que los manifestantes reprocharon la actitud del PSOE y que fue apoyada por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que no obstante no acudió a la marcha.
Del acuerdo al desacuerdo
El proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llegó al Congreso el pasado septiembre tras arduas negociaciones entre los dos miembros de la coalición de Gobierno.
Éste abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales desde los 12 años, aunque exige la intervención del juez cuando el menor tenga menos de 14 años.
A partir de los 16 no se fijan requisitos y entre esa edad y los 14 basta con la asistencia de padres y tutores, pero el grupo parlamentario socialista registró una enmienda en la que propone que la autorización del juez sea necesaria también hasta que se cumplan los 16 años, algo que Unidas Podemos se niega a incluir en la norma.
El paso de la ley en el congreso
El proyecto de la Ley Trans superó el pasado 30 de noviembre la fase de ponencia, es decir, la negociación a puerta cerrada entre los grupos parlamentarios. En esa reunión se acordó un texto con un primer grupo de enmiendas incorporadas a la norma, entre las que no está la socialista relativa a los menores de 16 años.
Tampoco se incluyeron otras propuestas del PSOE como la reversibilidad del cambio de sexo autorizada por un juez o la que pide modificar el artículo 65 para eliminar de su título la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI).
Dicho texto es el que se elevará el lunes a la Comisión de Igualdad, donde los diputados votarán si finalmente el proyecto de ley incluye estas y otras enmiendas que han quedado vivas.
Para que el dictamen de la norma que salga de esa reunión incluya la enmienda del PSOE, los socialistas necesitan que otro grupo parlamentario vote a favor, algo para lo que podrían buscar el apoyo del PP, aunque los populares aseguran que no han recibido “ninguna llamada”.
Donde parece que no encontrarán un voto favorable es en UP, desde donde alegan que la propuesta del PSOE supone un retroceso del texto que salió del Consejo de Ministros. Sin embargo, los socialistas se niega a retirarla porque considera que es el punto que dota de “garantía jurídica” a la norma.
Esta división no solo se ha dado entre los socios de Gobierno, si no que también se ha evidenciado dentro del PSOE con la decisión de la exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid y primera parlamentaria trans de España, Carla Antonelli, de abandonar el partido el pasado octubre en señal de protesta.
Retraso en la tramitación
El retraso en la tramitación del proyecto de ley empezó durante la fase de presentación de enmiendas, cuyo plazo fue ampliado en sucesivas ocasiones por el PSOE.
Además, pese a que en un principio se acordó que la Ley Trans seguiría una tramitación parlamentaria de urgencia y por tanto pasaría directamente al Senado tras la Comisión de Igualdad, finalmente deberá volver al pleno del Congreso antes de ir a la cámara alta.
Este nuevo debate de la norma se ha acordado a propuesta del PP y ha sido respaldado por “cortesía parlamentaria” por UP, formación desde la que recuerdan que siempre apoyan las avocaciones a pleno de las leyes.
No obstante, Unidas Podemos espera que pese a la demora la ley se apruebe antes de que acabe el año.
