El Ministerio de Defensa ha adjudicado en los últimos meses contratos millonarios para el mantenimiento y actualización de los carros de combate Leopard 2 A4, que son los que el Gobierno de España enviará para reforzar la resistencia de Ucrania, a empresas expedientadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por repartirse licitaciones militares. La Ley por ahora impide que este tipo de firmas queden excluidas de concursos públicos, aunque el Gobierno y la CNMC están promoviendo reformas legales para reforzar el poder de la Administración. El objetivo es evitar fraudes en los concursos públicos y tener herramientas más eficientes y ágiles para poder vetar de las licitaciones a empresas con comportamientos ilícitos.
De hecho, la CNMC lleva años intentando que las compañías sancionadas por participar en cárteles y manipular licitaciones de la Administración no sean castigadas sólo con una multa, sino que también tengan prohibido pujar en nuevas contrataciones públicas. Así lo establece la Ley de Contratos del Sector Público, pero en la práctica no se está aplicando.
El organismo acumula ya multas millonarias para más de un centenar de empresas por falsear la competencia y con cada expediente resuelto por infracciones graves o muy graves solicita al Gobierno que vete a estas compañías para optar a futuros contratos o concursos públicos. Ninguna de esas empresas ha sido apartada hasta ahora porque la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, esgrime que para poder vetarlas deben haber sido sancionadas mediante resolución o sentencia firme, y las compañías lo evitan recurriendo las sanciones en los tribunales y aplazando la decisión final durante años.
“Reparto de licitaciones”
En la actualidad, las empresas concesionarias del Leopard bajo investigación siguen recibiendo contratos de Defensa. Es el caso Comercial Hernando Moreno, S.L.U. (Cohemo), Casli, S.A. (CASLI) y su matriz Inversiones Certin 5, S.L. (IC5), además del Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, S.A. (JPG) y Star Defence Logistics & Engineering, S.L. (SDLE). Contra las cuatro licitadoras la CNMC inició un expediente sancionador, según informó el propio órgano el 30 diciembre de 2021.
A todas ellas les acusaba de posibles prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en acuerdos “para la manipulación y reparto de licitaciones convocadas en España para el suministro, mantenimiento y la modernización del material militar”.
El organismo se dio un plazo de 18 meses para resolver el expediente sobre este cartel -plazo que termina este junio-, una práctica que “constituye una de las prioridades de actuación” de la CNMC, dada “la especial gravedad de sus consecuencias para los consumidores y para el correcto funcionamiento de los mercados”, de acuerdo al organismo.
Pese a ese expediente, abierto a finales de 2021 tras una investigación iniciada al menos desde el junio anterior, algunas de las empresas siguieron recibiendo contratos de diferentes administraciones, entre ellos del Ministerio de Defensa. Algunos de ellos tenían por objeto precisamente labores de mantenimiento y recambios de tanques Leopard que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que se enviarán a Ucrania.
Torre del carro de combate
Así, el pasado 25 de octubre de 2022, la empresa Star Defence Logistics & Engineering, S.L. (SDLE) ganó un contrato de un millón de euros para el “mantenimiento de la torre del carro de combate Leopard 2A4”, tal y como figura en el expediente del portal de la Contratación.
El concurso ordinario, convocado por la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia de Defensa, solo se presentó una oferta, la de Star Defence. En la motivación consta lo siguiente: Único licitador del AM 789.
Meses antes, el 2 de diciembre de 2021, cuando la investigación contra la empresa ya estaba en marcha, Star ganó otro concurso de Defensa, en este caso de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, por un importe de 240.000 euros para “la adquisición filtros NBQ Leopard/Leopardo”. En este caso ganó uno de los tres lotes que salieron frente a tres competidores por ser la oferta que mejor relación calidad/precio ofrecía.
Otra de las empresas expedientadas, Comercial Hernando Moreno, S.L.U. (Cohemo), se hizo el 25 de octubre de 2022 con otro contrato para la Adquisición de Filtros NBQ para vehículos Leopard por un valor estimado de 200.000 euros. El adjudicatario del contrato, que no estaba sujeto a regulación armonizada y al que se presentó solo una oferta, era la citada Sección de Asuntos Económicos de Intendencia.
El 14 de diciembre de 2021, la misma empresa, en UTE con otra firma, FFG, ganó otro concurso de Defensa para la modernización de los Simuladores de CC Leopard 2A4 de los regimientos de caballería de Ceuta y Melilla. El importe total era de 285.130 euros. Se da la circunstancia, además, de que Cohemo ganó otro contrato en 2019 para poner a punto la flota de carros de combate Leopardo 2E y Leopard 2A4 por seis millones de euros, según adelantó Infodefensa.com.
Una tercera empresa de las investigadas, Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, también recibió un contrato el 5 de agosto de 2021, cuando ya estaba siendo investigada, para suministrar filtros NBQ a los Leopard 2 A4 y Leopardo 2E -estos son más modernos-. El importe total fue de 85.000 euros y ganó el concurso frente a otras cuatro competidoras “por haber obtenido la mayor puntuación según los criterios objetivos del PCAP y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas”, tal y como refleja el expediente del Portal de la Contratación.
Investigaciones secretas
Entretanto y mientras el Gobierno trabaja en un nuevo marco jurídico para poder evitar los fraudes en los concursos, la CNMC ha decidido activar ahora el proceso legal para asumir esa función sancionadora adicional y poder aplicar directamente esos vetos a las compañías sancionadas por participar en cárteles sin tener que solicitar la prohibición al Ejecutivo. Competencia, que abrió una consulta pública para determinar los criterios de para imponer la prohibición de contratar a compañía y directivos, subraya que su intención es que sus resoluciones en que se fijen la duración y alcance de la prohibición de contratar serán consideradas firmes desde su aprobación, aunque las compañías impugnen la sanción en los tribunales.
En paralelo, el Gobierno también ha aprobado una reforma legal para allanar la capacidad de las Administraciones para dejar fuera de las licitaciones públicas a empresas antes de adjudicar los contratos, durante el proceso de estudio de las ofertas. Una reforma que aclara el procedimiento para hacer efectivos esos vetos a compañías con prácticas ilícitas y lanzar investigaciones exprés y secretas por parte de la CNMC.
El Ejecutivo ha enmendado la Ley de Contratos del Sector Público para acelerar el proceso de denuncia y decisión de veto previo para impedir la participación de empresas que prácticas colusorias en concursos públicos ya en marcha. Y además también ha modificado la Ley de Contratos Públicos en los Ámbitos de la Defensa y la Seguridad para reforzar específicamente estos procesos antifraude en estos sectores estratégicos y especialmente delicados.
A partir de ahora, la mesa de contratación que licita el concurso público debe denunciar ante la CNMC a empresas si tiene indicios suficientes de prácticas ilícitas que puedan distorsionar la licitación. La mera denuncia implicará la suspensión inmediata de la licitación, pero ni siquiera será notificada a las compañías que participan en el concurso ni se hará pública para evitar que haya destrucción de pruebas. Tras un proceso exprés de investigación y de alegaciones para las investigadas, si finalmente se decreta el veto de una empresa la licitación del concurso público directame3nte continuará sin ella y sólo con el resto de candidatos.
Tanto las empresas aludidas como el Ministerio de Defensa han declinado el ofrecimiento de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de plasmar su versión de los hechos. La CNMC alega que no comenta detalles de los expedientes abiertos.
