La proposición de ley que autorizará nuevas hectáreas de regadío en Doñana, en un momento “dramático” y “crítico” del Parque Natural, es una especie de viaje a ninguna parte. Este miércoles, con los votos de PP y Vox, se comenzará a tramitar una iniciativa que cuenta con el reproche de científicos, de los conservacionistas, del Gobierno y de la Comisión Europea. Contra viento y marea, el Gobierno andaluz alegó 24 horas antes que ellos son los únicos que dan una solución y no miran hacia otro lado. “¿Cuál es la solución que dan a los agricultores, qué alternativa dan? Si es que creen que deben ayudarles porque lo mismo no creen que hayan que ayudar. De esos polvos estos lodos. Por esos los alcaldes claman por una solución y tenemos el nivel de conflicto que hay en estos pueblos y por eso PP y Vox mueve ficha y presenta esta proposición de ley”, adujo el portavoz y consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.
Con esta iniciativa que, por segunda vez, comienza a tramitarse en el Parlamento andaluz, la primera vez decayó por las elecciones autonómicas, el Gobierno andaluz da alas al lobby agrícola de cinco pueblos del Condado de Huelva: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Municipios que desde 2003 viven en un polvorín por la ordenación del territorio que hizo la Junta de Andalucía. Es un grupo empresarial poderoso y en estos pueblos hay una importante cantera de votos para las próximas municipales de mayo. Entre los municipios hay tres alcaldes socialistas y dos independientes (Almonte y Lucena del Puerto). En todos ganó el PP en las pasadas autonómicas de junio. En muchos pueblos de Huelva, en las generales, Vox, que lleva la voz cantante en la iniciativa y presionó al PP para volver a presentarla, ‘sorpassó’ a los populares. Las prisas por la tramitación tiene que ver con las elecciones municipales de mayo. PP y Vox se comprometieron en estos pueblos a dar soluciones.
Presión y protestas
La Asociación de Agricultores del Condado y la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana articulan la presión y las protestas. Representan, según sus propios datos, a 1.500 agricultores que denuncian que tienen “un futuro incierto por las presiones administrativas, medioambientales y comerciales”. Sus enemigos declarados son los ecologistas y conservacionistas del parque. Es el lobby que ha conseguido que en la peor sequía en décadas, cuando el Parque atraviesa un momento de gran incertidumbre y cuando la justicia europea advirtió que había que aliviar la presión, la sobreexplotación y cerrar los pozos ilegales, se concedan más derechos agrícolas en la zona.
Las lagunas del Parque desaparecen y el Parlamento andaluz dará permiso para convertirse en terreno agrícola unas 650 hectáreas más. Justo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica recoge 100 millones de euros en su plan de rescate de Doñana para comprar derechos de agua en las fincas colindantes con el Parque, indemnizaciones para acabar con parte de la actividad agrícola intensiva.
Con la ley que saldrá, posiblemente en julio del Parlamento andaluz, los agricultores tendrán sus declaraciones de suelo agrícola y entonces tendrán que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para poder regar con agua en superficie. Ese agua no existe. Los trasvases previstos están destinados a recuperar el acuífero y algunas lagunas del principal humedal de Europa, no a dar más permisos de riego. La Junta considera, eso sí, que entonces habrá cumplido su parte, su competencia es la ordenación del suelo, y que el problema estará en el tejado del Ejecutivo de la Nación. Por eso el presidente del Consejo de Participación del Parque, el biólogo Miguel Delibes, habló de una proposición de ley que genera “tensión y alimenta el conflicto”, por eso recriminó que se hagan “juegos políticos de toreo de salón” pero no se coja “el toro por los cuernos” y se anuncien medidas que quizás sean “impopulares”. Lo que dicen las evidencias científicas es que el modelo de agricultura intensiva que asfixia Doñana no es sostenible, que no se trata de regularizar más suelo agrícola sino de levantar explotaciones.
Un ‘boom’ desde los 80
El boom del plástico y de la fresa en el entorno de Doñana llegó en los 80 y costó años y años poner orden en la proliferación de invernaderos que asfixiaban al Parque Natural. Era una mina de oro. El Gobierno andaluz, entonces del PSOE, tardó mucho y aprobó un primer decreto hace justo veinte años, un Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana de 2003. Eso sí, tardó otros diez años en sacar un segundo decreto, en 2014, que tomó medidas concretas y que plasmó en un Plan Especial de las zonas de regadío al norte de la Corona Forestal de Doñana. Un documento que viene a enmendar la proposición de ley que ahora se va a comenzar a tramitar.
Declarar que explotaciones agrícolas eran legales y cuáles no fue un calvario para la administración. Se generó un conflicto social de importantes costes. En los municipios afectados hubo agricultores que se quedaron en “un limbo jurídico”, en una situación de “desamparo”, afectados por una regulación con carácter retroactivo con diez años de diferencia entre la publicación del plan y sus efectos. En muchas ocasiones fueron fotos aéreas las que determinaron que zonas freseras debían volver a ser plantadas de eucaliptos y convertirse en masa forestal.
A estos afectados se les dará una segunda oportunidad, veinte años más tarde de que un primer planeamiento sobre el territorio determinara que su suelo no era agrícola. La proposición de ley señala que se creará una oficina técnica que volverá a analizar caso a caso. En su momento se dictó la desaparición de unas 1.600 hectáreas de cultivos, unas 650 explotaciones agrícolas, la mayoría de carácter familiar, con un impacto económico estimado de cien millones de euros, según los datos de la iniciativa legislativa. Se estima que la mitad de hectáreas volverán a poder ser agrícolas.
Los agricultores nunca han dejado de pelear por lo que consideran sus derechos con beligerancia. Durante años la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir ha acudido con orden judicial y la Guardia Civil a cerrar pozos ilegales. El Gobierno de la nación anuncia que ha cerrado 220 pozos ilegales y prevé cerrar otros 496 en esta legislatura. Era común que se dieran chivatazos entre los vecinos que permitían a los municipios amotinarse. En ocasiones, los propios políticos de la zona han dado calor a esas protestas y se han puesto del lado de los agricultores. Ha sido un arma de confrontación.
De fondo la eterna reclamación al Gobierno del trasvase del Tinto, Piedras y Odiel. Un trasvase que después de muchos años ya está en obras pero que se destinará a un único fin: recuperar el buen estado de la masa de agua subterránea de la Rocina, crucial para la supervivencia del Parque. “Esas asignaciones de recursos hidrícos”, señala la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, unos 19,9 hectómetros cúbicos, “estarán limitadas a la sustitución de regadíos con derechos ya acreditados de agua subterránea por superficial” y “en ningún caso podrán destinarse a la creación de nuevos regadíos”. El viaje a ninguna parte nunca termina, los agricultores tendrán suelo agrícola pero no tendrán agua. La Comisión Europea avisa de multas y de que acudirá a los tribunales.
