La jueza de Barcelona Silvia López Mejías ha admitido a trámite este miércoles la denuncia presentada la fiscalía contra el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por un delito de corrupción deportiva por el pago de cantidades millonarias al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, a cambio de presuntamente favorecer al club azulgrana en las decisiones en los partidos de los colegiados. La denuncia también se dirige a los exejecutivos del club Óscar Grau y Albert Soler.
La denuncia expone que a través de Rosell y de Bartomeu el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal “estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del Comité y “a cambio de dinero”, realizase actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos y “así en el resultado de las competiciones”. Por esa labor, el exdirigente arbitral, a través de sus sociedades, giró facturas que fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona, “sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento real”, sostiene la fiscalía.
Los pagos realizados por el Barça a Enríquez Negreira desde el 2001 al 2018 durante su vicepresidencia en el CTA superaron los 7,3 millones de euros según el histórico de importes facturados. “Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno”, detalla la fiscalía.
Durante ocho años
Sin embargo, la investigación se centraría en los años que, según la fiscalía, no se consideran prescritos, es decir entre diciembre del 2010, cuando entró en vigor el delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, y mayo del 2018, cuando el FC Barcelona puso fin a los desembolsos. En ese periodo, el club azulgrana pagó a Enriquez Negreira alrededor de casi 8 millones de euros.
La cifra se deberá concretar si la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona requiere al club barcelonista y al exdirigente arbitral copia de las facturas que acrediten las operaciones efectuadas desde el 2011 al 2014, durante el mandato de Rosell, y que no han sido cuantificadas. Otra de las cuestiones que deben detallarse es quienes fueron los directores generales, financiero, ejecutivo y tesoreros de la entidad durante el mandato de Rosell. La fiscalía considera que se ha cometido los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
