Las milicias y fuerzas políticas contrarias al régimen militar birmano temen que el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las fuerzas militares y el Ejército de Arakán (AA) permitan al Ejército redirigir sus esfuerzos contra la insurgencia.
El alto el fuego entró en vigor el pasado 26 de noviembre con un cariz provisional y con el objetivo declarado por ambas partes de atender las urgentes necesidades humanitarias en el estado de Rajine, en el noroeste del país.
El pacto se logró gracias a la mediación del presidente de la Fundación Nippon japonesa, Yohei Sasakawa, considerado cercano al máximo responsable de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing.
Sasakawa ya fue el mediador del anterior alto el fuego acordado con vistas a las elecciones de noviembre de 2020. El acuerdo siguió en vigor incluso después del golpe de Estado de febrero de 2021 que desencadenó la actual guerra civil que enfrenta al Ejército con grupos prodemocráticos, revolucionarios y étnicos.
Sin embargo, en mayo estallaron de nuevo los enfrentamientos en Rajine después de que el Ejército comenzara a detener a civiles e impusiera un bloqueo comercial, denunció entonces el AA. Siete meses después las partes han acordado un alto el fuego provisional por motivos humanitarios.
Ahora los otros grupos rebeldes temen que los 40.000 militares enviados a Rajine –según cifras del AA– puedan ser enviados a otras zonas del país, en particular a los estados vecinos de Chin y a las regiones de Magwe y Sagaing.
“Esta es una oportunidad para el Ejército de reunir fuerzas. Si el alto el fuego se mantiene durante un tiempo podría afectara las fuerzas de la resistencia en otras zonas”, ha apuntado un representante de la Fuerza Popular de Defensa Yesagyo en Magwe, Ko Wai Gyi, en declaraciones al portal de noticias Irrawaddy.
