Casi 10.000 personas han decidido atrincherarse en sus hogares del noroeste de Colombia por temor a las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a pesar del “paro armado” declarado por la organización armada el pasado jueves, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo del país.
La Defensoría asegura que no existen hechos sobre el terreno que demuestren esta presunta detención de las actividades de la organización, ahora mismo en pie de guerra contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – Clan del Golfo y que afectan en particular a los municipios de Medio San Juan, Istmina, Nóvita y Sipí.
El pasado lunes 12 de diciembre se registró una incursión de miembros de las AGC a la comunidad afrocolombiana de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona y recibieron intimidaciones, daños a bienes civiles y hurtos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha asegurado que “las comunidades afro(colombianas) e indígenas han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones, y controles de población y territoriales por grupos ilegales”.
El jueves, pocos días después de que terminara la primera ronda de diálogos entre el ELN y el Gobierno, Camargo reprochó a la guerrilla que está “lanzando postulados y narrativas” sin presentar “hechos concretos” en busca de la paz. Está previsto que la segunda cita tenga lugar el próximo año en suelo mexicano, uno de los países garantes del acuerdo junto a Venezuela y Noruega.
