La Defensoría del Pueblo de Perú ha señalado este domingo que el Gobierno y el Congreso del país tienen “la facultad política de pacificar y cambiar” la situación de la nación andina, que se ve envuelta en protestas antigubernamentales desde principios de diciembre.
“La forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo”, reza un comunicado del organismo.
“Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia –ese gran anhelo republicano– se va deshaciendo ante nuestros ojos”, ha denunciado la Defensoría, que ha informado de que se han registrado 58 muertes desde el inicio de las protestas.
Así, el ente ha recordado la responsabilidad de las instituciones del país, criticando que “la muerte de personas en protestas no es un ‘costo social’, ni un ‘daño colateral'”.
“Los peruanos y las peruanas ratificamos periódicamente, mediante el voto popular, nuestra fe en la democracia. Y esperamos que esa democracia considere prioritaria la vida de cada uno de nosotros: estudiantes, policías, médicos, soldados, pueblos indígenas, empresarios, periodistas y funcionarios públicos”, continúa la misiva.
En este sentido, la Defensoría ha querido recordar que una de sus funciones es “recuperar el sentido ético de la función pública y de la conducta ciudadana, en cuyo centro está y estará siempre la vida humana”.