La Cámara Federal porteña dio ayer un fuerte respaldo a la investigación sobre el pago de coimas en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento y, en un fallo con impacto a ambos lados de la grieta, urgió al juez a cargo para que defina cuanto antes la situación procesal del exministro kirchnerista Julio De Vido y del empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah reclamaron celeridad al rechazar planteos de las defensas y confirmar la validez de la pesquisa que desarrolló el fiscal federal Franco Picardi, el único funcionario del Ministerio Público Fiscal argentino que consiguió que Brasil le enviara evidencias incriminatorias sobre el capítulo local del Lava Jato.
Irurzun y Farah subrayaron que la instrucción a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi “no ha avanzado con la rapidez y eficacia que fue varias veces encomendada”, a pesar “del tiempo transcurrido” y de las reiteradas ocasiones en que el fiscal Picardi y la propia Cámara Federal reclamaron darle celeridad a la investigación.
Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos pesquisas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. Se centran en las coimas que se pagaron en los proyectos para extender las redes troncales de gasoductos y para construir una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas. Las dos causas, instruidas por los jueces Daniel Rafecas y Sebastián Casanello junto al fiscal Federico Delgado, ya tienen procesados a sus protagonistas y fueron elevadas a juicio oral.
En la investigación sobre el proyecto para soterrar el tren Sarmiento por US$1500 millones, sin embargo, “a dos años de recibida la información pedida al Brasil, aún no fue renovado el estudio [de la situación procesal] de los casos correspondientes”, reclamaron los camaristas, “conforme fuera encomendado”. Es decir, que el magistrado sigue sin definir si procesará o sobreseerá a los imputados.
¿Quiénes son esos imputados? El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Angelo Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.
Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina.
Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (Fernando Massobrio/)
Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló LA NACION en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.
Consultado entonces por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.
Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio cobró los millones. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.
“Derecho de defensa”
Al apelar ante la Cámara Federal, los abogados plantearon que el material brasileño podría vulnerar los derechos de defensa. Se vincula, adujeron, “a las informaciones aportadas voluntariamente por los mencionados exejecutivos de la entonces empresa Constructora Norberto Odebrecht SA a las autoridades judiciales de Brasil, en el marco de los acuerdos de leniencia y delaciones premiadas”.
Sin embargo, para Irurzun y Farah -el tercer camarista, Roberto Boico, se excusó de intervenir- el planteo de las defensas resultó inválido. “No surge perjuicio alguno para sus posiciones a raíz de esa postura, tendiente al resguardo de sus derechos”, indicaron. “Menos todavía para el resto de las defensas”.
Por ese motivo, la Cámara volvió a la carga, como ya lo hizo en agosto de 2019, y urgió a Martínez de Giorgi para que defina la situación procesal de los acusados, tanto por el presunto pago y cobro de sobornos, como por otros posibles delitos que van del presunto fraude al Estado a las negociaciones incompatibles con la función pública.
