Dispuesto a continuar jugando con fuego, el Gobierno abrió esta semana una nueva etapa del tipo de cambio diferencial para la soja a $230 por dólar hasta el 30 de este mes y dio a entender que puede intervenir en el mercado de granos.
Fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien dijo en la reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) que le había pedido a dos empresas “romper el mercado” el lunes pasado, primer día de operaciones, para que mejoraran el valor de sus ofertas. Con un mercado que arrancó en $80.000 no había vendedores dispuestos a desprenderse de la mercadería. Más tarde, cuando las ofertas se acercaron a los $90.000 se concretaron las operaciones.
La pulseada entre compradores y vendedores es habitual en un mercado que hace de la competencia y la necesidad de originar mercadería su razón de ser. Pero cuando aparece el Gobierno, con sus necesidades de incrementar las escuálidas reservas del Banco Central para cumplir con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional (FMI), esa puja toma otro cariz.
CIARA y CEC expresaron que la declaración de Massa “implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios”. Y agregaron: “Cuando la oferta y demanda actúan libremente, el mercado crece”. No obstante, ambas entidades respaldaron tanto el dólar soja I como el dólar soja II al participar de los anuncios de Massa.
En esta última edición del tipo de cambio diferencial, además,, el complejo oleaginoso obtuvo la restitución del diferencial arancelario de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación entre el poroto de soja y la harina, el aceite y el biodiésel que había sido eliminado en marzo pasado. La industria lo defiende como una equiparación frente a la protección arancelaria que fijan China y la Unión Europea y a los exportadores que no procesan localmente, pero hay productores que consideran que se trata de una transferencia de ingresos de un eslabón a otro. Una polémica que sigue abierta.
Pero al ministro Massa, con su declaración, se le abrió un frente de tormenta con la oposición. En una declaración firmada por la líder del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Pablo Torello, productores y dirigentes rurales, se expresó que “el Gobierno genera ventajas para algunos en detrimento de la gran mayoría de los productores”.
Torello, además, informó que presentó una causa penal por considerar que los hechos denunciados se encuadrarían en los delitos previstos en los artículos 248 y 300 del Código Penal”. Según el legislador “el ministro se extralimitó en sus atribuciones e influyó o intentó influir en un mercado del ámbito privado, con el fin de vender la soja a un precio determinado”.
Más allá de lo que se dirima en la Justicia, la intromisión del Gobierno en el mercado de granos pone en riesgo todo un sistema de producción que puede tener consecuencias negativas en el mediano y en el largo plazo. En esto el kirchnerismo tiene experiencia. La primera intervención del gobierno de Néstor Kirchner fue cuando en 2007 se fijó, de manera informal, el precio del trigo en $350. Luego vinieron los ROE. Eso, como se recordará, fue uno de los factores para que la superficie sembrada con maíz y trigo disminuyera notablemente. Hoy, además, existen los cupos de exportación bajo el eufemismo de “volúmenes de equilibrio”
En ese contexto, hubo un mensaje claro de las cuatro entidades por cadena (soja, maíz, trigo y girasol) que dijeron que “la Argentina parece estar viendo otra película. Sigue presa de la inestabilidad macroeconómica, sin poder controlar una inflación de las más altas del mundo, con una insostenible brecha cambiaria, gastando más de lo que ingresa, sin dólares para insumos ni bienes de capital importados, con impuestos distorsivos, sin una estrategia de inserción mundial y muy pocos acuerdos de libre comercio”, según expresaron.
A esa incertidumbre, dijo la declaración que leyó el presidente de Maizar, Pedro Vigneau, se agrega la existencia de “impuestos a la exportación; una ley de semillas de hace medio siglo que dificulta el mejoramiento tradicional y biotecnológico; falta de previsibilidad para el desarrollo de los biocombustibles; regulaciones anárquicas sobre fitosanitarios; recientes problemas con la importación de semillas para los programas de mejoramiento; ausencia de una red de contención de seguros agropecuarios tan necesaria en un año con pérdidas incalculables por la sequía”. Una señal de alarma.
