La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley del sólo sí es sí no ha llegado a buen puerto. Los socialistas están decididos a registrar este lunes su reforma, en un movimiento que no han comunicado a su socio, según fuentes de Igualdad.
La vuelta a una escala penal que incluya la violencia, la intimidación y la anulación de la voluntad de la víctima como parte integral del delito de agresión, como propone el PSOE, es una línea roja para Igualdad, que entiende que dinamita el espíritu del consentimiento. Desde el departamento de Irene Montero consideran “inexplicable” que el PSOE decida “romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver a la violencia y la intimidación”.
“Estamos preocupadas por que PP y PSOE sumen sus votos para volver al esquema de la violencia o la intimidación”, aseguran fuentes de Igualdad. Las mismas fuentes insisten este lunes en que harán “todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del Código Penal”, pues lo consideran una conquista de millones de mujeres. Los socialistas ya habían advertido de que registrarían una propuesta para corregir los “efectos indeseados” de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, con o sin el acuerdo de su socio de coalición.
Tras unas semanas de intensas negociaciones, no ha habido entendimiento y fuentes socialistas reconocen que su previsión es que el registro se haga este lunes. Las modificaciones planteadas por Justicia vuelven a un esquema de penas similar al del anterior Código Penal. Se pretende establecer escalones en los delitos de agresión sexual y violación en función de si concurren violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Esto es, una agresión sexual sin penetración o una violación se castigarán con penas más graves cuando se perpetren con violencia o intimidación, de manera que estas dos circunstancias comisivas dejarán de ser agravantes para convertirse en determinantes para el tipo penal.
Para Igualdad, esto supondría volver a un modelo que cuestiona a las víctimas y les exige demostrar si se resistieron, en lugar de si consintieron.