“Hay personas que dicen que los migrantes venimos a España a quitarles el trabajo y las viviendas. Después, estas mismas personas nos entregan las llaves de su casa para que cuidemos a sus padres, sus hijos y sus hogares”. Para Rafaela Pimentel, activista feminista por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, esta “doble moral” es una “cuestión racista”, una de las múltiples lacras contra las que lucha el sector. Natural de la República Dominicana y residente en Madrid, lleva más de 30 años dedicándose a los cuidados del hogar.
Ayer recaló en Palma para participar en la quinta edición de las jornadas ‘Stop Racismo’, que se celebraron en el Centre Flassaders organizadas por la concejalía de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del ayuntamiento de Palma.
Pimentel es una de las líderes del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (Sintrahocu): “Todavía no tenemos sede en Mallorca, pero llegaremos. Sabemos que aquí hay muchas trabajadoras del hogar en condiciones precarias”, comenta. Aún así, anima a las empleadas del sector a “informarse y organizarse” para “luchar contra el enemigo”, que de facto es “el sistema capitalista, patriarcal y racista” que provoca que los trabajos sean “cada vez más precarios y feminizados”.
En este sentido, las trabajadoras del hogar de Mallorca que quieran organizarse o recibir información tendrán el apoyo Sintrahocu, aunque todavía no haya una sede física, asegura Pimentel: “Es un espacio de organización, información y empoderamiento donde tenemos cabida todas las trabajadoras del hogar”, cuenta la mujer, que celebra que reconocer los derechos del colectivo beneficiará al conjunto de la sociedad.
“Todavía no tenemos sede en Mallorca, pero llegaremos. Sabemos que aquí hay muchas trabajadoras del hogar en condiciones precarias”
“Este sistema te pide tiempo, tiempo y más tiempo hasta que no te queda para tu propia vida. Ahí entramos nosotras: nos encargamos de tu bienestar para que puedas mantener tus privilegios”, sentencia la activista, que enfatiza en la «injusticia» que supone que esta sociedad mantenga su modelo de vida “a costa de las mujeres migrantes y pobres”.
Por este motivo, Pimentel alienta a las trabajadoras del hogar a que se organicen y que reivindiquen sus derechos, tales como tener un contrato por escrito, nómina, bajas laborales, vacaciones, horas de descanso en el caso de las interinas o cotizar en la Seguridad Social: “Lo que para muchos trabajadores parece obvio”, añade.
El feminismo y la sociedad en general, continúa, tiene una “deuda histórica” con todas aquellas mujeres que no han disfrutado de estos derechos y que pese a haber trabajado toda la vida “no tienen pensión ni jubilación, están en el limbo porque nadie cotizó por ellas”, detalla. “Por eso no podemos depender de que ciertos empleadores cumplan con nuestros derechos, que también los hay, pero no son todos. Hay que reconocer esta labor como un trabajo más y normalizarlo, es tan necesario como otros”, reitera. Y, como tal, desde el sindicato sostienen que el Estado es quien debe poner sobre la mesa recursos y políticas públicas “para que la sociedad pueda cuidarse sin que eso implique que unas vidas valen menos que otras”.
Al clasismo y la precariedad que sufre el colectivo se le suma otra lacra más: “Los hombres todavía no se hacen corresponsables de los cuidados y los trabajos del hogar. Siguen diciendo que ‘nos ayudan’ cuando la obligación es de todos los que conviven en la casa”, lamenta Pimentel. Para colmo, la Ley de Extranjería pone más trabas a las trabajadoras del colectivo, que tienen que esperar por lo menos tres años a regularizar su situación pese a tener empleo: “Racismo implícito”, sintetiza la activista. En resumen, las trabajadoras del hogar “sufren racismo, machismo y clasismo” a diario, aunque afortunadamente las organizaciones en defensa del colectivo tienen cada vez más voz.
Entre los avances que han logrado las trabajadoras en los últimos años, Pimentel destaca el Convenio 189 de la OIT, que España ratificó en junio de 2022: “Estuvimos esperando más de 12 años a que el Gobierno cumpliera esa promesa”, cuenta. Entre otras cosas, el documento reconoce el derecho al paro de las empleadas del sector.
De esta manera, el colectivo va “conquistando” derechos laborales, aunque todavía queda lucha por delante, recuerda la activista dominicana: “Una de nuestras reivindicaciones es estar en el Régimen General, como todos los demás trabajadores, para que nuestros derechos se equiparen. No tenemos por qué estar en un Régimen Especial”, explica. Además, desde el sindicato insisten en que las propias trabajadoras son quienes deben sentarse en las mesas de negociación: “No queremos que nadie hable o negocie por nosotras”, insiste.
