Guerra entre defensas desde el minuto uno del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la presidenta suspendida del Parlament y dirigente de Junts Laura Borrás por presuntamente haber favorecido a un amigo y colaborar, el informático Isaías Herrero, fraccionando contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El pacto, todavía no formalizado, de Herrero y de un tercer acusado, el empresario Andreu Pujol Martín, con la fiscalía ha levantado ampollas entre la bancada de los abogados de los tres imputados. Sobre todo, las palabras expresadas en un escrito por el letrado de la líder independentista, Gonzalo Boye, en el sentido de que Herrero y Martín se convertían en “coacusadores “y sus imputaciones están “compensadas, bonificadas o pagadas”.
El enfrentamiento se inició al ratificar la defensa de Borràs su petición de intervenir en el último lugar en las cuestiones previas precisamente por ese acuerdo por la “situación novedosa” sobre el pacto con la fiscalía, del que no solo había sido informado por los medios de comunicación, sino también por los letrados de los otros dos acusados. En su opinión, se vulnera “el derecho de defensa”. La fiscala Assumpta Pujol, sin embargo, ha dejado claro que “este acuerdo no se ha formalizado”. En principio, el propósito es que si Herrero asegura en su declaración que Borràs le indicó cómo fraccionar los contratos, la acusación pública modificará su escrito y solicitará a una pena inferior a los seis años de prisión que inicialmente se le reclama y que evitaría su ingreso en un centro penitenciario.
El derecho de defensa
La abogada de Herrero, Marina Roig, rebatió con dureza el argumento esgrimido por la defensa de Borrràs y las calificaciones que se hace a su representado. Según esta jurista, el letrado de la dirigente independentista “cuestiona el ejercicio de derecho de defensa” y sobre la insinuaciones de que el acuerdo de la fiscalía con Herrero y las incriminaciones serán “pagadas”. Herrero, incidió, “es una acusado y no un coacusador”, pues se le solicita seis años de prisión. “Cuestionar el derecho de defensa es no entender este principio”, subrayó la letrada del informático. El otro abogado, Alex Solà, que defiende a Pujol Martín, tildó de “desafortunada” la tesis de Borràs.
El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, dio la razón a la abogada de Herrero. No aceptó la alteración de orden en la intervención, pues no tenía constancia de la existencia formal del acuerdo y no estaba fundamentada. Aún así, dejó patente que Herrero está imputado y tiene, por lo tanto, el “estatuto de acusados” que avala el “derecho de defensa como tenga oportuno”. La defensa de Borràs ha continuado atacando a sus compañeros y ha llegado a reclamar que se suspenda el juicio. La tensión ha llegado hasta tal nivel que la letrada de Herrero ha intervenido en el informe de la defensa de Borràs sobre las cuestiones previas para aludir de que no se podía referir al informático como “coacusador”. El magistrado le ha dado, otra vez, la razón.
