El pasado 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, apareció en el perfil de Twitter del presidente Pedro Sánchez este texto: “Construir una sociedad sin barreras, con políticas inclusivas que apoyen a las personas a alcanzar mayor autonomía y bienestar en todas las esferas de la vida. Es el compromiso del Gobierno”.
También en el perfil de la misma red social del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pudo leerse: “En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad reivindicamos más que nunca la actualización urgente del artículo 49 de la Constitución y medidas para su integración real que favorezcan el acceso al mercado laboral”.
Ambos aprovecharon la ocasión para pregonar una apuesta común por la integración e inclusión de un grupo de población que en España, según un estudio al respecto del Instituto Nacional de Estadística, publicado en abril, se cifra en más de 4 millones de personas.
Sin embargo, un matiz distingue los perfiles. Feijóo alude a la “actualización urgente” del artículo 49 de la Constitución, en el que a las personas con discapacidad no se las llama así, sino de la siguiente manera: “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. Por la supresión del término, ya totalmente extemporáneo, por no decir ofensivo, lleva años peleando la entidad que representa y defiende los intereses de estos ciudadanos, el CERMI. Lograron esta legislatura, tras lo peor de la pandemia, que el Gobierno llevara al Congreso una propuesta. Ocurrió en mayo de 2021. ¿Saben qué ha pasado desde entonces? Nada. Tan sólo ha acumulado prórrogas semanales, unas 60 ya.
Homenaje
Este martes, precisamente en el Congreso, se va a celebrar el 44 homenaje a la Constitución. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, pronunciará un discurso que enarbolará la concordia y el respeto, que es a lo que apela la Carta Magna en el imaginario de los dos grandes partidos españoles.
Escucharán a Batet el presidente del Gobierno y el líder del PP. Acudirán máximos mandatarios de las comunidades autónomas y portavoces de diferentes grupos políticos. Serán, como siempre, sonadas las ausencias de ERC y otras formaciones independentistas y nacionalistas. Vox tampoco acudirá porque, a su juicio, encarna mejor el espíritu de la Carta Magna hacer un evento por su cuenta.
En comparecencias programadas y en declaraciones improvisadas, la mayoría de los asistentes coincidirán en que hay que proteger la Constitución. También que hay que cumplirla. A partir de aquí emergerán las diferencias interpretativas y las acusaciones. Para el Gobierno, es el PP el que vulnera la Carta Magna. Para el PP, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
A la espera de que se pronuncien los jefes del Gobierno y del PP durante el acto del Congreso, sus portavoces han empezado a calentar el ambiente. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, criticó a los populares este lunes porque su “rebeldía” ha provocado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la paralización de la reforma del artículo 49 de la Constitución. El primero tiene unas implicaciones políticas obvias y se expande por un territorio minado, aunque no debiera ser así. El reparto de fuerzas partidistas en el seno del Consejo General del Poder Judicial se ha erigido en asunto primordial para socialistas y populares. El segundo no tiene implicaciones políticas de ninguna clase, pero ni por esas.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reivindicamos más que nunca la actualización urgente del art. 49 de la Constitución y medidas para su integración real que favorezcan el acceso al mercado laboral.
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— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 3 de diciembre de 2022
Rodríguez, de hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que Sánchez, al poco de alcanzar Feijóo la presidencia del PP, le llamó para concertar una reunión en la Moncloa y plantear una serie de acuerdos. Entre los “básicos y faciles”, según las palabras empleadas por la ministra, estaba y está la reforma del artículo 49 de la Constitución.
En la sede del Partido Popular, el coordinador nacional de la formación conservadora, Elías Bendodo, ha acusado al Gobierno de ser el que paraliza la reforma porque “está atado a sus socios”, es decir, a ERC y EH Bildu. “Ni esta cuestión quiere pactar con el PP”, ha sentenciado.
Así que un año más, 2022, los principales partidos de España hablarán en el Congreso de la importancia de la Constitución y de la trascendencia de sus valores de convivencia, pluralidad y diversidad. Dirán también que contiene aspectos que conviene revisar sencillamente porque han quedado desfasados. Es el ejemplo del artículo 49. La pregunta será, nuevamente, la misma: si están de acuerdo en que hay que revisarlo, ¿por qué no lo hacen?
El proceso
La Constitución señala la manera de reformarla. El artículo 167 marca los pasos: a) aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados en el Congreso y 159 senadores en el Senado); b) si no fuera posible, se intentará “mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores”; c) si tampoco cuajara esta fórmula, valdrá la mayoría absoluta del Senado y acto seguido la de dos tercios del Congreso (233).
Una vez logrado el visto bueno del Parlamento, podrá celebrarse un referéndum de ratificación si lo piden, en un plazo de 15 días, “una décima parte de los miembros de las Cámaras”. En el Congreso, 35. En el Senado, 26-27. Serviría que lo haga una parte de la bancada de Vox en la Cámara Baja, por ejemplo. Podrían unirse también todas las formaciones independentistas, nacionalistas y soberanistas de Cataluña, País Vasco y Galicia (ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, PDeCAT, CUP y BNG).
Construir una sociedad sin barreras, con políticas inclusivas que apoyen a las personas con discapacidad a alcanzar mayor autonomía y bienestar en todas las esferas de la vida.
Es el compromiso del Gobierno.#DíaInternacionalDeLaDiscapacidad#GenteComoTúhttps://t.co/dd0w8ZOz9a pic.twitter.com/HpQCvoLB1n
— La Moncloa (@desdelamoncloa) 3 de diciembre de 2022
Como el artículo 49 no forma parte del título preliminar, del capítulo segundo, de la sección primera del título I ni de la sección primera del Título II, no hay que activar la disolución de las Cortes Generales. El 49 forma parte del capítulo tercero, sobre los principios rectores de la política social y económica.
El proyecto del Gobierno
El Gobierno, tras acordarlo con los agentes sociales y las organizaciones concernidas, envió un proyecto de reforma constitucional al Congreso en mayo de 2021. La Mesa del Congreso lo calificó unos días después, y siguiendo el trámite, lo trasladó a la Comisión Constitucional. Se ha quedado en el limbo parlamentario más famoso, el de las prórrogas de los plazos de enmiendas. Es una zona de nadie que al Gobierno le va bien para reducir al mínimo el riesgo de derrota legislativa. Como se trata de un procedimiento que necesita un respaldo de tres quintos, sólo puede salir adelante si PSOE (120 escaños) y PP (88), como poco, pactan los términos de la reforma.
Es importante sondear un acuerdo previo para que las fases de ponencia, informe, comisión y dictamen vayan bien, y sobre todo, vayan rápido. Suele hacerse en las leyes orgánicas y en la legislación más ordinaria, para las que valen la mayoría absoluta (176) o la mayoría simple (más votos a favor que en contra).
Cuando se trata de proyectos o proposiciones así, resulta hasta frecuente que el partido de Feijóo entre en el acuerdo o en el consenso. Sin ir muy lejos: el pasado jueves el pleno del Congreso envió al Boletín Oficial del Estado tres leyes en cuyo apoyo se encuentra el grupo popular: sector ferroviario, evaluación de políticas públicas y start up. Ahora bien, cuando el nivel de consenso hace imprescindible la pinza PSOE-PP, el horizonte del acuerdo se difumina. Está pasando con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y está pasando con el artículo 49 de la Constitución.
La reforma propuesta por el Gobierno, además de eliminar el término “disminuidos”, establece que “las personas con discapacidad” sean titulares de derechos y deberes “en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación”. Para ello, “los poderes públicos realizarán las políticas necesarias”, y así, buscarán la garantía de la “la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad”.
Las discrepancias
En septiembre de 2021 el pleno del Congreso sorteó las enmiendas a la totalidad, es decir, las peticiones de devolución. Las registraron Vox… Y el PP. Feijóo ha pedido acometer esta reforma, pero su grupo, hace un año y medio, no se mostró entusiasta, precisamente. Pero no con el alcance de la propuesta, sino con el contenido y las formas empleadas.
La diputada Isabel Borrego explicó, en la tribuna del hemiciclo, que el proyecto del Gobierno carecía de consenso previo, era “irresponsable” y no contaba con el debido “rigor jurídico técnico”. Criticó la secuencia seguida por el Ministerio de Presidencia (el ministro Félix Bolaños fue el encargado, ese día, de defender el proyecto) porque no se trata de enviar un texto al Congreso y luego acordarlo con el PP, sino de acordarlo con el PP y luego enviarlo al Congreso.
Borrego citó el informe del Consejo de Estado, institución para la que la reforma planteada incorpora reiteraciones perjudiciales, y concluyó con el llamamiento a un pacto previo que delimite de antemano el cambio. “¿Saben qué melón han abierto? ¿Cómo tienen previsto cerrarlo? Señor ministro, ¿van a asumir todas las propuestas que sus socios de Gobierno les propusieron?”, pregunta a Bolaños la diputada del PP. He aquí el gran temor de los populares: no tienen la seguridad, dicen, de que la modificación constitucional se ciña al artículo 49.
Ese día, los 142 votos a favor de devolver el proyecto sucumbieron ante los 205 a favor de continuar con él. Sin embargo, esos 205 no bastan para culminar el proceso. Sin el PP, es imposible. Este martes, una vez más, el Gobierno recriminará al Partido Popular, y viceversa, mientras la Constitución sigue refiriéndose a una persona con movilidad reducida como “disminuido físico”.
