La Fiscalía brasileña rechazó este lunes una demanda presentada por parlamentarios aliados al mandatario Jair Bolsonaro, que exigían investigar posibles fraudes en los comicios ganados por el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
La demanda se apoyaba en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias de fraudes, pero que según Bolsonaro los propician y pudieran haber ocurrido en las elecciones de octubre pasado.
La Fiscalía General, sin embargo, explicó que la demanda carece de “elementos de prueba” y que solo podría analizarse si presentase “algún hecho concreto”, que no logró identificar en la denuncia.
Según la fiscalización realizada por los militares en las urnas los días 2 y 30 de octubre, cuando se celebraron la primera y la segunda vuelta de las elecciones, no fue hallado nada que pueda indicar fraudes, pero tampoco puede afirmarse que no ocurrieron.
Según el Ministerio de Defensa, el ambiguo informe elaborado por sus técnicos “no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas”, pero señala su plena “conformidad” con el resultado de las elecciones, ganadas por Lula con una diferencia de 1.8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral ya la ha puesto un punto final a esas polémicas, garantizado que los comicios fueron “limpios” y ha asegurado que no existen dudas sobre el proceso, avalado por todas las misiones de observadores independientes, tanto nacionales como internacionales.
Bolsonaro, dos semanas después de las elecciones, aún no termina de reconocer claramente su derrota, pero el Gobierno ya ha iniciado el proceso de transición con el equipo designado por Lula para ese fin.
Aún así, desde el día después de las elecciones, numerosos grupos de ultraderecha insisten, sin prueba alguna, en que la victoria de Lula fue producto de un fraude y siguen acampados a las puertas de cuarteles del Ejército exigiendo una “intervención militar” que impida la investidura del líder progresista, prevista para el 1 de enero.
