Alberto Núñez Feijóo ha decidido apostar por fórmulas de sus gobiernos autonómicos para entrar en el debate de la vivienda. Con las primeras medidas en la mano y el paquete específico para jóvenes, donde el PP nacional necesita consolidar un voto que se le resiste, Génova da muestras de haber optado por el camino de la Comunidad de Madrid. Así lo reconocen dirigentes de la cúpula y también de la Puerta del Sol. El plan de Feijóo copia, sobre todo, las políticas desarrolladas por Isabel Díaz Ayuso y son las que utilizará para confrontar con la ley de vivienda del Gobierno.
La idea pasa por reproducir medidas que ya están en marcha en la Comunidad. La receta de Feijóo sigue siendo la de construir más vivienda para garantizar la oferta y evitar una subida en los precios que consideran “automática” si se aplica la norma pactada entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu, mientras que el Ejecutivo lo tilda de “política fracasada”. Este miércoles el responsable económico, Juan Bravo, terminará de explicar el plan con los incentivos fiscales y más medidas concretas para las clases medias que el PP ve “descuidadas” en la norma del Gobierno.
De lo conocido hasta ahora, la cesión de suelos de ayuntamientos y comunidades autónomas para construir más vivienda y cederla con precio de alquiler tasado para abaratar en torno al 40% las rentas del alquiler es un ejemplo claro: el Plan Vive que Madrid lanzó el verano de 2022 para promover 25.000 viviendas de alquiler asequible entre esta legislatura y la que empezará tras el 28-M. Otro, facilitar que los municipios puedan utilizar suelos dotacionales que hayan quedado desiertos para la construcción de viviendas sin necesidad de modificar los planeamientos, como ya permite la Comunidad de Madrid.
El nombre clave que hace de enlace entre Génova y la Comunidad es Paloma Martín, consejera del ramo en el Gobierno autonómico de Ayuso y la elegida en el PP nacional para llevar la cartera de Vivienda. Se trata de una dirigente muy cercana a la presidenta madrileña, quien destaca siempre la alta consideración profesional que le tiene, y que, según reconocen en Génova, “ha tenido muy buena entrada” en la sede nacional. No es casual que Feijóo eligiera un acto con el PP de Madrid (Martín y Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso) para concretar las primeras medidas de su alternativa a Sánchez.
Tampoco lo es que el primer paquete vaya destinado íntegramente al segmento joven que tiene problemas para alquilar y todavía más para comprar una vivienda en toda España. Como ya publicó este diario, uno de los grandes objetivos pasa por taponar fugas a Vox y aprovechar el viento de cola de la Comunidad para afianzar el voto joven hacia Feijóo.
Madrid arrancó en 2022 el plan ‘mi primera vivienda’ para ayudar a nuevos compradores menores de 35 años. El aval del 15% para esa primera compra ya funciona también en Murcia y Andalucía. El líder nacional la ha incluido también en su plan, sumando otra ayuda directa de 1.000 euros para aquellos jóvenes que se emancipan y cubrir “gastos objetivos” de lo que implica un primer alquiler o una adquisición.
El PP es totalmente consciente de que la vivienda será uno de los ejes de la campaña, tanto en la del 28-M como en las generales. El PSOE y sus socios jugarán esa baza y también cuentan con evidenciar “las diferencias de modelos” con los conservadores. Feijóo ha decidido copiar buena parte del modelo madrileño porque considera que “está dando frutos” a pesar de aplicar “caminos muy distintos” a los de Sánchez. La presidenta de Madrid, en todo caso, también hará oposición propia a la ley de vivienda, y a la espera de conocer el texto íntegro, la Puerta de Sol avanza un recurso de inconstitucional si se confirma “invasión competencial” en la norma. Algunos aspectos clave de la norma como el tope al precio del alquiler en zonas tensionadas tendrán que aplicarlas las administraciones autonómicas. Las del PP ya han dicho que no lo harán. Y otra, que afecta a los municipios, como incrementar el IBI a las viviendas vacías, tampoco será de aplicación en la capital gobernada por José Luis Martínez Almeida.
El anuncio reciente del presidente del Gobierno sobre que movilizará 50.000 viviendas para alquiler social y asequible procedentes de la Sareb (el banco malo) ha revuelto a los dirigentes populares, que lo tachan de “humo”. Primero, porque en torno a 21.000 se ponen a disposición de las CCAA y los ayuntamientos. Y, segundo, porque otras están aún por construir. Además, según los datos del Observatorio de Suelo del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, en los últimos tres años se han levantado un total de 25.000 viviendas de alquiler asequible en toda España, 14.000 de ellas en Madrid.
Coto a la okupación
Otra de las claves políticas del plan del PP incide en frenar los casos de okupación ilegales, que dicen ver favorecidos por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno central y especialmente en aquellos ayuntamientos donde gobiernan sus partidos. Feijóo avanzó este martes que promoverá desalojos en 24 horas para okupaciones ilegales, la aprobación de delitos que endurezcan las penas y dotar de más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a los propios tribunales, para que los propietarios recuperen lo antes posible sus viviendas.
Los datos del Ministerio también ponen de manifiesto que Cataluña aglutina más del 50% de los casos de okupaciones ilegales (4.341 en el último año) frente a la disminución del 15% en los casos de Madrid (pasó de 1.078 a 912 comparando los mismos periodos de 2021 y 2022).
