Cientos de inversores fueron atraídos por la promesa de alta rentabilidad. Intereses de hasta 20% mensual en dólares se veían como metas alcanzables, al menos en los papeles que se firmaban. Y las dudas se disipaban cuando corría el rumor sobre la ganancia obtenida por el conocido de un amigo. Pero todo era un engaño, según la investigación judicial. Criptomonedas y esquema Ponzi, una combinación letal para los ahorristas que confiaron en la propuesta de Adhemar Capital SRL. La fiscalía definió el caso como una estafa piramidal. Y ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó que los investigadores apunten a otro delito adicional: el lavado de dinero. Tanto en la maniobra de blanqueo ilegal que podrían haber llevado adelante los responsables del emprendimiento financiero como el movimiento irregular que podrían haber realizado también los inversores, ya que se buscará conocer el origen de los fondos.
Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal, Ricardo Sanjuan y Patricia Marcela Moltini- hicieron lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las querellas y el Ministerio Público Fiscal y declararon la competencia material de la Justicia Federal para investigar la comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa. Asimismo, dispusieron que -una vez devueltas las actuaciones al Juzgado de origen- el magistrado se expida en relación a los delitos de lavado de activos, según se informó en el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal.
En relación a la imputación por lavado de activos, la Cámara Tucumana puntualizó que “si bien resulta que las evidencias colectadas hasta el momento por el MPF (en quién se encuentra delegada la investigación), no son suficientes para generar un estado de sospecha sobre la comisión del delito por parte de los imputados y de tal forma dictar su procesamiento, no podemos desconocer que no se investigó sobre el origen lícito, ni el destino de los fondos ‘aportados’ por los ‘inversores’, ni otras líneas características típicas de éste delito”. Agregaron que tampoco podía descartarse “la figura del ‘autolavado’, por parte de los imputados (al menos por los socios y quienes detentaban cargos gerenciales), quienes podrían haber cometido el delito de estafa (o mejor dicho estafas reiteradas) y posteriormente pretender lavar esos dineros, por lo que corresponde profundizar la investigación, se consignó en fiscales.gob.ar
Edgar Adhemar Bacchiani fue detenido en abril pasado, en Catamarca
Contra Edgar Adhemar Bacchiani, titular de la financiera Adhemar Capital y actualmente en prisión, hay unas 200 denuncias radicadas en Córdoba (y se siguen sumando) y unas 600 querellas iniciadas en Catamarca (donde se unifican las presentaciones de esa provincia, La Rioja y de Tucumán). Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gómez, el dinero involucrado alcanzaría los 50 millones de dólares. Los abogados querellantes estiman unos 400 millones de dólares de perjuicio y calculan que solo presentó el 30% de los afectados presentó denuncias, ya que hay “mucho dinero no declarado”.
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A fines de agosto, la Justicia –con la asistencia técnica de especialistas de la Gendarmería– finalmente logró abrir la billetera virtual de Bacchiani, que está imputado por estafa, lavado de activos e intermediación financiera. Mostró que en la cuenta de Binance tenía 58.711.171 dólares. Sin embargo, rechazó revelar los movimientos que hizo antes de quedar detenido y que son claves para la investigación por lavados de activos.
Adhemar ofrecía pagar intereses de entre el 18% y el 20% mensual en dólares; en los primeros tiempos cumplió, pero los problemas comenzaron a inicios de este año. Sin flujo de dinero que ingrese mediante nuevos inversores, los sistemas piramidales caen y arrastran a quienes aportaron sus ahorros. Eso pasó con Adhemar Capital, según señala la investigación judicial.
Edgar Adhemar Bacchiani está acusado de estafas y asociación ílicita
En su resolución, los camaristas entendieron que “claramente Adhemar Capital SRL no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina para operar en la forma en que lo hacía, ello no fue impedimento para que captara del mercado las ingentes sumas de dinero”.
El 8 de julio pasado, el juez federal catamarqueño, Miguel Ángel Contreras procesó a los cuatro hombres y dos mujeres como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada agravada por la utilización de publicidad, al tiempo que dictó la falta de mérito respecto de otras cinco personas investigadas. También ordenó trabar embargos de entre 100 y 500 millones de pesos. Finalmente declaró la incompetencia material de la Justicia Federal para investigar los delitos de estafa y asociación ilícita. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán avaló la competencia de la Justicia Federal en este caso.
