Con una puntuación de 3,83 sobre 5, España se sitúa en la tercera división del último Global Philantropy Environment Index, estudio de referencia sobre la actividad filantrópica en el mundo elaborado por la Universidad de Indiana. La media planetaria es de 3,63 puntos.
En la misma franja que España, la que va de 3,5 a 3,99 puntos, se encuentran Bulgaria, Croacia, la República Checa, Grecia, Polonia, Serbia o Ucrania, por citar solo países europeos. En la categoría superior, de 4 a 4,49 puntos, están Austria, Irlanda, Italia, Rumanía y el Reino Unido. Y en la banda más alta de la clasificación, de 4,5 a 5 puntos, figuran Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. Por debajo de España, entre los 3 y los 3,49 puntos, se hallan Albania, Hungría, Portugal y Rusia.
No es España país de filántropos.
Una proposición de modificación de la ley de mecenazgo, admitida a trámite y en fase de ponencias en el Congreso de los Diputados, tiene como objetivo revertir la situación. “La norma actual data de 2002 y pese a los retoques de 2014 es ineficaz porque no contempla los cambios sociales, económicos, tecnológicos y de marco mental que ha habido desde entonces”, dice Sergi Miquel, diputado del PDeCat, la formación que presentó la propuesta en diciembre de 2020.
El punto clave
El punto clave de la iniciativa es el aumento de los incentivos fiscales para las personas físicas, las personas jurídicas y los no residentes que hagan donaciones a entidades no lucrativas (ENL) de interés general (ver gráfico, abajo). Asimismo, plantea la ampliación de las ENL que pueden ser consideradas de interés general más allá de las dedicadas a la cultura, el deporte, la educación, la investigación y el trabajo social. Completan el núcleo de la propuesta el reconocimiento del micromecenazgo a través de plataformas digitales y de la donación de servicios a ENL, correspondientemente deducidos, por ejemplo por parte de despachos de arquitectos, bufetes de abogados o firmas de comunicación.
La proposición se inspira en las normativas de Francia e Italia, que han situado a ambos países bastante por encima de España en el Global Philantropy Environment Index de 2022.
“De lo que se trata es de hacer unas políticas públicas que potencien y faciliten el mecenazgo, máxime en un contexto económico en el que ya está claro que las Administraciones no pueden llegar a todo”, considera Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura. El gasto de las ENL en actividades de interés general superó los 15.000 millones de euros en 2021, indica el ‘Manifiesto por la filantropía’ de la Asociación Española de Fundaciones.
La entidad que dirige Esteve nació precisamente tras los severos recortes (especialmente en Cataluña) derivados de la crisis financiera de 2008 y el aviso por parte de la Generalitat de que difícilmente se recuperarían los presupuestos anteriores a los hachazos. “Nuestra función es construir puentes para que el mundo de la empresa financie proyectos culturales”, resume Esteve.
Urgencias
Àlex Susanna, director artístico de la Fundació Vila Casas, dedicada al arte contemporáneo, juzga “evidente que hay urgencias en sanidad y en educación” que los gobiernos central y autonómicos deben anteponer a la cultura en un clima de “crisis permanente”. De modo que “la sociedad civil con la que nos llenamos la boca los catalanes” tiene que tirar del carro cultural, y del científico, algo que según Susanna está haciendo de aquella manera: “Son muy pocos los apellidos implicados en el mecenazgo”.
Esteve atribuye a la falta de tradición, o a la tradición interrumpida en Cataluña, el “recelo” que suscita el mecenazgo, en contraste con el ámbito anglosajón. No obstante, piensa que eso está cambiando de manera acelerada. Las grandes empresas se han dado cuenta, explica, del “valor reputacional” que les aportan el patrocinio y el mecenazgo. Y cada vez más pymes los ejercen, para empezar “porque se lo reclama el territorio cercano”. También detecta mayor interés de los particulares por hacer pequeñas donaciones a ENL cuya labor les resulta próxima. Este caldo de cultivo eclosionaría con la modificación de la ley propuesta, opina. “Es justo compensar adecuadamente a las personas y las empresas que ayudan a ENL a cubrir las carencias públicas”, remata.
Interés general
Daniel Granados, delegado de derechos culturales del Ayuntamiento de Barcelona, avisa de que “la capacidad económica de las corporaciones no puede sustituir al obligatorio liderazgo de las Administraciones”. “Eso sería una renuncia”, agrega. En el terreno que domina, advierte Granados de la necesidad de evaluar muy bien a qué entidades culturales se acredita como de interés general, no vayan a colarse por ahí intereses espurios. Del mismo modo, considera indispensable que el sello de interés general esté vinculado al boyante concepto de derechos culturales, que se relaciona con el feminismo y la educación, con la defensa de las minorías y del riesgo artístico.
El consistorio barcelonés destina a cultura el 6,48% de su gasto total, por el 1,3% del Govern de la Generalitat y el 0,6% del Gobierno central.
Promesas incumplidas e intentos fallidos de reformar la ley de mecenazgo alfombran el Congreso de los Diputados. Pese a estos precedentes, Miquel se muestra “optimista” con las posibilidades de prosperar de la proposición de reforma. “La llave la tiene Hacienda”, secularmente reacia a los incentivos fiscales, apunta Esteve. Quien recuerda que Jean-Jaques Aillagon, por cuyo apellido se conoce la ley francesa de mecenazgo, de 2003, preguntó quién sería el ministro de Hacienda antes de aceptar el cargo de titular de Cultura.
